Los jueces y juezas somos personas muy particulares, caracterizados –entre otras cosas- por el goce de ciertos privilegios al que no tienen acceso el resto de los humanos. Algunos confunden esos privilegios, incomprensibles en un sistema republicano, como una suerte de derecho a la que se accede cuando nos hacen jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Con dos amigas (la jueza neuquina Leticia Lorenzo y la Defensora General de Bahía Blanca, recientemente jubilada, María Graciela Cortázar), interconectados en las redes sociales, nos dimos a la tarea de confeccionar un catálogo de los “derechos humanos” de magistradas y magistrados (léase, juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos). De este ejercicio salió el siguiente listado:
- derecho humano a ganar más que la gente “común”
- derecho humano al baño exclusivo
- derecho humano a un estacionamiento reservado
- derecho humano a que un ordenanza nos prepare el mate y, eventualmente, nos los cebe
- derecho humano a que el ordenanza nos haga los trámites personales
- derecho humano a dejar todo sucio en la oficina y que una persona que no conocemos nos junte la mugre
- derecho humano a usar el teléfono para llamadas personales a familiares distantes, amigos, socios y amantes
- derecho humano a dejar la luz prendida cuando nos vamos del trabajo
- derecho humano a dejar el calefactor prendido con 40 grados de temperatura
- derecho humano a imprimir todo lo que se nos ocurre con el papel que provee el Estado
- derecho humano a pedirle al ordenanza que encienda el aire acondicionado temprano para que a las 11, cuando llegamos, “esté fresquito”
- derecho humano para usar la mañana para ir al banco, al médico y pasar un ratito por la oficina
- derecho humano a fijarnos nuestro propio horario de entrada y salida
- derecho humano a navegar por internet en el horario de trabajo
- derecho humano a un adicional por tarea riesgosa
- derecho humano a no responderle nada a nadie
- derecho humano a la autorreferencia: “como ya tengo dicho” o “como dije antes de ahora”
- derecho humano a no ajustarse a los plazos procesales
- derecho humano a que los empleados nos hagan las resoluciones
- derecho humano a tener escritorio con cajonera doble y sillón con apoyabrazos, mientras que el resto del personal tiene que conformarse con una sola cajonera y sillas simples.
- derecho humano a llegar tarde a las audiencias que uno mismo fijó
- derecho humano a ofendernos si nos sentimos aludidos por alguna crítica
- derecho humano a ingresar a nuestros familiares, amigos y favorecedores al Poder Judicial
- derecho humano a sumariar a los empleados que no nos agradan
- y, fundamentalmente, derecho humano a no pagar el impuesto a las Ganancias.
El ejercicio es una generalización y, como toda generalización, encierra el germen de la injusticia, de poner a todos en la misma bolsa cuando, como es obvio, hay muchos magistrados y magistradas que ejercen sus ministerios con austeridad republicana, tratando de hacer honor a sus responsabilidades. Principalmente las generaciones jóvenes que ingresan al Poder Judicial con otra mentalidad más renovada. Pero aún los más críticos (dentro de los que me incluyo) seguro que nos sentiremos identificados en más de uno de los puntos del listado.
El catálogo refleja a un Poder Judicial apegado a los privilegios y lejano del sentimiento y necesidades de la sociedad. Estado de cosas “que siempre fue así” pero que, afortunadamente, de un buen tiempo a esta parte se ha comenzado a cuestionar y que nos interpela sobre el rumbo del Poder Judicial en una sociedad democrática.
Una primera noción de la matriz a la que adhiero y de la que, me parece, nos encontramos bastante distantes, es la de identificar a magistradas y magistrados con el concepto de funcionarios públicos o, dicho en forma más específica, servidores públicos. Comprender, de una vez y para siempre que nuestra función no consiste en rendir tributos a difusos intereses estatales, sino a las personas de carne y hueso que, por diferentes motivos, recurren diariamente al servicio de justicia para dirimir sus pleitos. Artigas lo expresaba claramente: “Mi autoridad emana de vosotros”.
Comprender esa noción de funcionario público trae aparejada una inevitable consecuencia: rendir cuentas. Si por algo se caracterizan los funcionarios públicos es por su deber de rendir cuentas, explicar a los mandantes de qué forma ejercen la autoridad que les ha sido conferida. Todavía son muchos los que piensan que los jueces y juezas “solamente hablan por sus sentencias” y que esa es la única obligación comunicacional. Muy por el contrario, en la sociedad contemporánea cada vez más los integrantes del Poder Judicial nos hemos convertido en actores sociales y cada vez que intervenimos en un conflicto o dictamos una resolución, estamos hablando del modelo de sociedad que queremos. Este nuevo rol, alejado de los ritualismos y las formalidades, exige que magistradas y magistrados interactuemos con la comunidad, con el único límite de no anticipar de qué modo vamos a resolver el asunto que tenemos pendiente.
Comunicarse con la sociedad, tender puentes, implica modificar sustancialmente el lenguaje que empleamos, abandonar latinazgos y palabras difíciles que pretenden aparentar una erudición francamente inexistente. Y ya no solamente escribir resoluciones breves y sencillas, sino expresarlas verbalmente, de frente a los interesados, dando la cara y exponiendo claramente las razones que nos llevan a decidir de un modo u otro. Tengo la convicción que muchas de las incomprensiones de la ciudadanía se originan en la dificultad de entender lo que queremos decir.
En este sentido el juicio por jurados nos viene dando múltiples enseñanzas y, principalmente, en moneda de la legitimidad de sus decisiones, adoptadas desde el sentido común expresado en la diversidad de intereses, formaciones y trayectorias que representan doce personas de distintos orígenes y condiciones.
Sostener un modelo judicial de esta índole no implica, de ninguna manera, pretender magistradas y magistrados ideológicamente uniformados, alineados en un progresismo dudoso. En lo personal aspiro a un Poder Judicial pluralista, donde se expresen todas las formas de pensar e interpretar el derecho y que, de alguna forma, sea el reflejo de la sociedad. Con la condición del apego a la ley y, principalmente, a la ley fundamental: la Constitución nacional.
