Foto: Archivo de Memoria Trans
Lo que es un reclamo histórico del movimiento LGBTT+ y en septiembre fue instituido por un decreto nacional, este miércoles se materializó: ya está disponible el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero aspirantes a ingresar al sector público nacional en cargos laborales.
El registro se presentó en un acto en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y contó con la participación de organizaciones travesti-trans, funcionarios del Gobierno y de organismos nacionales, legisladores y representantes gremiales.
Las personas interesadas podrán inscribirse sin importar si realizaron o no la rectificación registral de la identidad autopercibida y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI. En total, en el país hay más de 10 mil personas que hicieron el cambio de identidad de género.
Además, la inscripción no es requisito previo en ningún caso para el ingreso, así como tampoco garantiza la entrada a un puesto disponible en el sector público nacional.
El decreto 721/2020 dispone que al menos el 1 por ciento de la totalidad de cargos y contratos en la administración pública se destinen para personas travestis, transexuales y transgénero.
Las provincias con ley de cupo laboral trans son Provincia de Buenos Aires (aprobado en 2015 y reglamentado recién en 2019), Santa Fe ( 2019), Chubut, Río Negro y Chaco (2018).
En Santa Fe, el Registro abrió el 5 de diciembre y cerró el 15 de enero: sólo en los primeros 5 días se inscribieron más de 300 personas. El registro se creó a través de la ley número 13902 de cupo laboral trans/travesti.
En Argentina, las personas travestis y trans tienen un promedio de vida de 35 años. Según un informe elaborado en 2015 por la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento no accede a un empleo formal y para el 95 por ciento, el trabajo sexual es o fue la única salida laboral.
La baja expectativa de vida responde a causas sociales porque es provocada por la discriminación, la violencia, la exclusión y la vulneración de derechos de la que son blanco desde la infancia y la adolescencia, a la que se suma la persecución y violencia policial. Por eso, desde el colectivo travesti-trans de Argentina hablan de que existe un travesticidio social y que el Estado es responsable.
El decreto de septiembre y la apertura del Registro son una de las formas de saldar esta deuda histórica. Por eso el decreto dice: “El ejercicio de los derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero se ve obstaculizado por un patrón sistemático de desigualdad que afecta particularmente a este colectivo desde la niñez. El Estado Nacional, como garante de los derechos humanos, asumió el compromiso de propender a la eliminación de prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos”.
Por una ley
Esta semana la Campaña por una Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans que reúne a más de 200 organizaciones LGBTIQ+ de todo el país, saludaron que el Poder Ejecutivo Nacional haya incluido el proyecto de cupo trans en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias programadas hasta el 28 de febrero.
El tratamiento del proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” quedó habilitado para su tratamiento al ser enumerado dentro del temario establecido por decisión presidencial.
El cupo laboral travesti-trans fue una idea que impulsó la líder y activista travesti Diana Sacayán. Lo pensó como una forma de reparar la exclusión de la que son víctimas quienes integran la parte más vulnerable del colectivo LGTBIQ+. La ley impulsada por Sacayán fue votada el 17 de septiembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires. Un mes después ella fue asesinada.
