Aborto legal en el Boletín Oficial: quedó promulgada la ley de IVE

El presidente Alberto Fernández hizo el anuncio en un acto en el Museo del Bicentenario, con parte del gabinete y referentes de la pelea por el derecho a decidir en Argentina.

Aborto legal en el Boletín Oficial: quedó promulgada la ley de IVE

Por Cosecha Roja
14/01/2021

Foto: Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 

La ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedó promulgada en Argentina este jueves a dos semanas de la histórica aprobación en el Senado de la Nación. Durante un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el gobierno nacional oficializó la normativa que permite el aborto legal y voluntario hasta la semana 14 de gestación. También quedó promulgada la ley que crea el Plan de los Mil días, para acompañar a las mujeres que deciden maternar en los primeros tres años. Las dos entrarán en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial. 

El acto tuvo al frente al presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Salud, Ginés González García y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Además, fueron invitadas activistas y referentes de organizaciones y colectivos que llevaron adelante la pelea por el aborto legal en Argentina, entre las que estuvieron las pioneras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

La primera en hablar fue la ministra Alcorta que dedicó la ley de IVE a las pioneras, al activismo feminista y a la Campaña: “Se conjugó una larga historia de luchas, de los feminismos, de las diversidades y la decisión de un presidente de ampliar derechos. Me toca hablar desde un Ministerio que salió de esas mismas luchas, que estuvieron y seguirán estando en las calles. Agradecer a las mujeres que lucharon por llegar hasta acá, en particular a las que integran la Campaña a muchas mujeres que han dedicado su vida a la lucha por este derechos, muchas están acá, muchas no, muchas ya no están”.

Le siguió Vilma Ibarra, quien estuvo a cargo de la redacción del texto de la ley y fue una de sus principales promotoras, tanto en esta gestión como en la última década. “Esta ley viene a resolver un problema gravísimo de salud pública que tenemos en la Argentina que es el aborto clandestino: allí han dejado su vida mas de tres mil mujeres desde que recuperamos la democracia. Hoy venimos a reparar esto. Nadie va a estar obligado a abortar. Pero algo habrá cambiado: habrá menos muertes en abortos clandestinos, habrá menos lesiones, menos perforaciones de útero, menos humillaciones y sufrimientos. Esa reparación que hace el Estado nos enorgullece”, dijo.

Después, el presidente firmó el decreto de promulgación y habló. “Es un gran paso el que estamos dando, igualando en sus derechos a sus mujeres con los hombres y dándoles a las mujeres la posibilidad de decidir. Es llamativo que en el siglo XXI estemos discutiendo estas cosas”, dijo.

Una conquista de todes 

La IVE fue aprobada en el Senado de la Nación el 30 de diciembre por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Había llegado a la Cámara Alta con media sanción de Diputados, que después de 20 horas de debate la votó el 11 de diciembre por 131 votos afirmativos, 117 negativos y 6 abstenciones.

La ley es fruto de la pelea por la legalización del aborto que empezó desde la vuelta de la democracia con las primeras luchas feministas. Primero nació la Comisión por el Derecho al Aborto, en 1988 y a partir de 2005 se consolidó y volvió federal con creación de la Campaña, nacida de los debates de los Encuentros Nacionales de Mujeres  de 2003 en Rosario y 2004 en Mendoza. A partir del Ni Una Menos de 2015 los feminismos argentinos dieron un salto a la masividad y el pañuelo verde de la Campaña se volvió un uniforme y denominador común de luchas.

La Campaña presentó el primer proyecto en 2007 y lo volvió a hacer cada dos años cada vez que perdió estado parlamentario. En 2018 fue la primera vez que llegó a tratarse en el recinto. Ese año, los feminismos mostraron su fuerza con un millón de personas en las calles. Tuvo una histórica media sanción en diputados el 14 de junio, pero no pasó el Senado que la rechazó la madrugada del 9 de agosto.

La ley es fruto también del impulso del Poder Ejecutivo, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, el primer mandatario argentino que tomó posición abiertamente a favor de la legalización y despenalización del aborto. Fue una promesa de campaña ratificada en la asunción del gobierno peronista y en la apertura de sesiones ordinarias, en marzo de 2020. La pandemia puso un freno a ese impulso y postergó el envío de la ley al Congreso. Durante todo el año, los feminismos mantuvieron en agenda el tema y exigieron al Ejecutivo que el debate sucediera en el 2020. 

Finalmente, el 17 de noviembre Fernández cumplió con la promesa y anunció el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley. La iniciativa fue presentada junto con otra ley para crear el Programa de los Mil Días, que busca acompañar los primeros tres años de maternidad para quienes elijan ser madres. La IVE se discutió junto con otros dos proyectos, el de la Campaña y uno de la ex diputada correntina Araceli Ferreyra. 

Con la promulgación, Argentina dejó atrás la legislación de despenalización por causales vigente desde 1921 en el Código Penal. Se convirtió en el sexto país de Latinoamérica en legalizar el aborto voluntario se sumó a los más de 60 países de todo el mundo que en los últimos 50 años avanzaron en la misma dirección. El avance en Argentina ya irradia en la región. Esta semana Chile empezó a debatir un proyecto propio de despenalización y hubo movimientos en Colombia, Ecuador y México, el país que parece tener más chances de avanzar porque ya lo hizo en dos estados.

Qué dice la ley 

La ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como IVE, legaliza y despenaliza la interrupción voluntaria hasta la semana 14 de gestación, que se garantizará en un plazo de 10 días. Después de la semana 14, será legal por las causales de violación y riesgo de salud o vida de la persona gestante, las mismas vigentes desde 1921 en el Código Penal. La nueva ley contempla también la atención postaborto.

La práctica deberá ser garantizada en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Estará en el Plan Médico Obligatorio y la deberán cubrir las obras sociales y prepagas.

Las personas menores de 13 años podrán solicitar una IVE mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.

Lxs adolescentes de entre 13 y 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En esos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales. La normativa refiere al Artículo 26 del Código Civil y Comercial.

Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

La ley habilita la objeción de conciencia de profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica, un tema que genera polémica porque desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito vienen denunciando que se trata de una herramienta para obstaculizar.

Según la normativa, el o la profesional de salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia y deberá derivar a la paciente para que sea atendida sin dilaciones y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse y hacerse cargo de los costos de esa derivación.

La IVE contempla también la responsabilidad de todos los niveles del Estado en implementar la Ley de Educación Sexual Integral con el fin de promover y fortalecer la salud sexual y reproductiva de toda la población, y la capacitación sobre perspectiva de género y diversidad sexual.