Así persiguen a los senegaleses en Buenos Aires

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Mademba Leye viajó 40 días para llegar a Argentina. Tenía 28 años cuando se subió a un avión en Dakar, la capital de Senegal, rumbo a España. Después voló a Ecuador, cruzó a Perú en la caja de un colectivo y esperó seis días el traslado a Brasil. De ahí directo a Buenos Aires. El viaje le costó 8500 dólares. En el camino dos amigos fueron asesinados en un intento de robo.

Mademba vive en una pensión de Congreso y vende relojes y anteojos de sol en Lima y Brasil, afuera de la estación de trenes de Constitución. Ahí lo detuvieron en septiembre del año pasado mientras trabajaba. En ese mismo lugar ayer la Policía de la Ciudad detuvo a cuatro amigos y compatriotas suyos: Aabdou Ndiaye, Alé Jall, Ibra Kall y Modou Mbaye.

La misma rutina policial: les sacaron la mercadería y los trasladaron a la comisaría. Les abrieron causas por infringir el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, referido al uso indebido del espacio público, violación de la ley de marcas -un delito de competencia federal- y resistencia a la autoridad. También se llevaron detenidos a un vendedor ambulante argentino y a dos compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que intentaron defenderlos.

“En este contexto de crisis hay una decisión clara del gobierno de Buenos Aires de eliminar la posibilidad de que trabajen en condiciones dignas y de legalidad en la ciudad. La persecución policial es constante: a nivel contravencional y a nivel de la Justicia Federal”, explicó a Cosecha Roja la abogada de la CTEP Gabriela Carpineti, defensora de los trabajadores detenidos.

Afuera de la comisaría 18, en San Juan y Entre Ríos, decenas de militantes de organizaciones sociales se movilizaron bajo la lluvia para exigir la liberación de los trabajadores detenidos. La policía respondió con gas pimienta y palazos. Varios compañeros resultaron heridos. Los agentes detuvieron a los dirigentes de la CTEP Juan Grabois, Rafael Klejzer y Jaquelina Flores.

La causa por violación a la ley de marcas recayó en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello, quien sostuvo que estaba mal tipificado el delito y envió las actuaciones a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 13 a cargo de Andrea Scanga, que lleva adelante la causa por resistencia a la autoridad y uso indebido del espacio público.

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Hace alrededor de dos años un grupo de entre 200 y 300 trabajadores senegaleses se acercó al MTE. “Nos contaron que la policía se estaba poniendo violenta, que había aumentado la criminalización. Les armaban causas, le allanaban las casas y le robaban la mercadería, los ahorros y la ropa con la que se visten”, contó a Cosecha Roja  Nicolás Caropresi, referente del MTE y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Algunas veces la Policía los obligaba a entregarles mercadería a cambio de no secuestrársela toda.

Desde el MTE planearon estrategias juntos a los trabajadores: les ofrecieron ayuda para regularizar la documentación y enseñarles español, para que puedan conocer sus derechos como migrantes y trabajadores y defender sus derechos.

En este tiempo atravesaron varias represiones. En junio de este año un grupo de Infantería de la Policía de la Ciudad avanzó contra un grupo de vendedores ambulantes en Flores. A Kane Serigne Dame lo empujaron contra una vidriera y le provocaron una fractura expuesta en el brazo. Mientras sangraba y gritaba de dolor, los policías le pegaban y lo arrastraban por la vereda. Después se lo llevaron detenido frente a un grupo de vecinos que intentaba parar a la policía y filmaba la escena.

Ese mismo mes, la fiscal Celsa Ramírez, al frente de la mayoría de los expedientes por contravenciones por el uso de espacio público, ordenó el allanamiento de 32 hoteles donde viven trabajadores senegaleses. “Fue una bestialidad. A partir de una contravención les entraron a las casas, les robaron mercadería, dinero, ropa. Todo bajo la supuesta hipótesis de que detrás del trabajo había una organización ilícita o mafia detrás, sin ninguna prueba”, explicó Caropresi.

“Celsa Ramírez es el brazo del PRO en la Justicia de la Ciudad. Todas esas causas después mueren porque nunca puede demostrar nada. Lo que buscan es hostigar y disciplinar”, agregó el referente del MTE. Gracias a la persecución a trabajadores ambulantes en 2017 la fiscal ganó el reconocimiento de la filia argentina de Nike, que le dio un premio por su “tarea contra la piratería”. Ese año la funcionaria ocho operativos contra vendedores, clausuró una docena de puestos al costado de las vías del tren Sarmiento y de un centenar de locales en Liniers.

La fiscal Ramírez es la preferida del gobierno de la Ciudad. En septiembre, cuando los Metrodelegados exigían un aumento superior al 15 por ciento ofrecido, acusó al sindicato de ser una “asociación ilícita” que tenía como único fin realizar prácticas ilegales.

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La historia de Mademba es la historia de muchos senegaleses que llegaron a Argentina en la última década. Mademba fue a la escuela hasta los 8 años. Como la mayoría de sus amigos y familiares, la abandonó para trabajar en el campo. Cultivaba maní, zanahoria, papa.

Mademba consiguió los 8500 dólares pidiendo prestado a familiares y amigos. Otros deben vender todo lo que tienen para juntar la plata que deben entregarle a un “agente de viaje” que les consigue los pasajes y gestiona el traslado a Sudamérica.

“A los chicos que detuvieron ayer los conocemos. Son pibes muy jóvenes que viven en el barrio. Algunos dejaron a su mujer y sus hijos en su país. Otros vinieron de muy pequeños”, contó Caropesi. Como Mademba, algunos sueñan con volver a su país. Otros apenas buscan sobrevivir en Buenos Aires. A pesar de la crisis, la discriminación y la persecución de la policía y la Justicia.

Sebastián Ortega
Sebastián Ortega

Periodista

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