Buenos Aires: el Fiscal General que casi nunca se despeina

Por Federico Trofelli – Cosecha Roja.-

Los asesinatos de tres colombianos en Buenos Aires en 2008 y 2009 parecían un anuncio de que los cárteles colombianos comenzaban a instalarse en Argentina. La justicia bonaerense y la colombiana invirtieron muchos recursos en intentar descubrir qué había pasado. Pero la investigación se frenó. Los fiscales del caso denunciaron que el jefe de los fiscales de San Isidro, Julio Novo, la boicoteó porque tocaba intereses poderosos. No es la primera vez que sucede: en 2007 y 2010, un total de veinte funcionarios judiciales de San Isidro -siete jueces y trece fiscales- denunciaron a Novo por prácticas similares. Pero él no acusó el golpe. Se apoya, dicen,  en los funcionarios judiciales que hicieron carrera siguiendo sus dictados -entre ellos el hijo del jerarca de la dictadura el Jorge “el Tigre” Acosta– y en los políticos que zafan de causas judiciales gracias sus buenos oficios.

Los dos primeros colombianos cayeron el 24 de julio de 2008. Un sicario los sorprendió en el estacionamiento del shopping de Martínez. El asesino disparó decenas de veces, los remató de dos balazos por la espalda a cada uno y huyó en moto junto a un cómplice. Siete meses más tarde, el 23 de febrero de 2009, el colombiano Juan Sebastián Galvis Ramírez recibió diez balazos en la puerta de un negocio náutico en San Fernando. Le dispararon desde una moto Yamaha blanca con una pistola 9 milímetros.

La investigación quedó en manos de los fiscales Luis Angelini, de San Fernando, y Diego Grau, de Martinez. Ambos se comunicaron con sus pares colombianos y confeccionaron una lista de una docena de testigos para interrogar en Colombia. El trabajo entre los funcionarios de ambos países fue intenso. Según fuentes de la justicia colombiana –en los tribunales argentinos se evita hablar del tema por miedo o vergüenza- los investigadores lograron ubicar a varias personas importantes para la causa y organizaron un cronograma de entrevistas en Bogotá, Cali, Ibague, Medellín y Pereyra.

A fines de agosto de 2009 ya estaba todo preparado para que los dos fiscales argentinos viajaran. En Bogotá los esperaba una comisión de investigadores locales, que hasta habían previsto una custodia que los acompañaría en la gira. A menos de 24 horas de tomar el avión, el viaje se suspendió. Desde Argentina se adujo un problema burocrático entre la Procuración Bonaerense y el Fiscal General de San Isidro, Julio Novo.

El fiscal Angelini recibió una escueta explicación de Marcelo Vaiani, el número dos de Novo:

-Si no pudieron los Marines-le dijo- no vas a poder vos.

El desplante generó una queja del Fiscal General de Estado de Colombia ante la Cancillería de Argentina.

Aquella fue la primera de varias trabas que sufrió la investigación. Hace un mes, por su actuación en ese expediente Angelini acusó al Fiscal General Novo de encubrir una red narco. La denuncia quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien también deberá analizar las actuaciones de los adjuntos del Fiscal General, Rodrigo Caro y Marcelo Vaiani, y de su secretaria general, Melisa Rey. Angelini también pidió que se investigue al fiscal de Delitos Complejos, Claudio Scapolan, por formar parte de la presunta estrategia de Novo para proteger a los narcotraficantes.

¿A quién estaría protegiendo Novo? La denuncia presentada por Angelini da algunas pistas. “Los impedimentos opuestos por las instancias superiores”, dice el escrito, “cobraron especial magnitud a partir de mi requerimientos judiciales realizados contra el entorno de quien, mucho después, fuera encontrado con una tonelada de cocaína en España, de apellido Juliá”.

El texto se refiere a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina. En la investigación, Angelini y Grau habían llegado a vincular los crímenes de los colombianos con el entorno de los hermanos. Por la presión de Novo, Angelini tuvo que dejar esa pista. Meses después, el dos de enero de 2011, los hermanos fueron detenidos en un aeropuerto de Madrid, cuando iban al mando de su avión privado con 944 kilos de cocaína en su interior.

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Julio Novo suele fijarse el pelo con gomina. En toda su carrera judicial solo se lo vio despeinado dos veces. La primera fue en 2002, luego de matar a un adolescente a balazos. La segunda, en 2009, cuando trece fiscales lo denunciaron por considerarlo un “psicópata perverso”.

En la mañana del 3 de junio de 2002, la mujer de Novo salió con sus hijos del chalet familiar en San Isidro. En la vereda, tres hombres la obligaron a entrar nuevamente. El Fiscal General tomó su revólver 38 y se escondió. Mientras la familia estaba amordazada y atada de pies y manos en una de las habitaciones, Novo ejecutó por la espalda a uno de los ladrones y continuó disparándole al resto de los sospechosos. En su declaración, Novo dijo que sólo había abierto fuego dos veces. El muerto tenía 17 años.

En el lugar sólo se encontró el revólver de Novo. Todas las fuentes consultadas por Cosecha Roja pusieron en duda la versión del Fiscal General. Y se animaron a asegurar que la escena del crimen fue modificada por los fiscales que investigaron a su propio jefe.

“La fiscal del caso, María Alejandra Dotti, le tomó declaración como testigo y lo sobreseyó cuando ni siquiera lo habían indagado como imputado. Después, tuvieron que dibujar un descargo por escrito. Dotti tampoco dijo nada sobre las balas de punta hueca que tenía Novo”, sostuvo un investigador que siguió la causa.

Durante los días posteriores, el Fiscal General se mostró abatido. Dejó la gomina y las bolsas bajo los ojos se le volvieron más oscuras. Tardó una semana en recuperarse.

-No te hagas el piola -repetía como broma, ya repuesto- que yo ya maté a uno.

En los pasillos de tribunales lo recuerdan jactándose del asesinato y de otras aventuras, en las que siempre se mostraba como héroe. Sus anéctodas ya se terminaron. Desde hace algunos años ya no se lo ve por ese edificio de Ituzaingó al 300. Novo mudó su despacho –y el de sus adjuntos- a una casona antigua, conocida como La Rosadita, en pleno casco urbano de la ciudad. El lugar tiene un amplio jardín, piscina, asador y un hogar leña donde recibe a sus invitados: intendentes y otros funcionarios de la zona. Sus reuniones después de hora son casi míticas.

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Media docena de fuentes consultadas por Cosecha Roja coinciden en lo mismo. En San Isidro, el mecanismo que se usó para frenar la investigación por la muerte de los colombianos suele aplicarse a cualquier caso que roce el poder.

El asesinato de Pablo Mazettelle, secretario del entonces intendente de Pilar; una denuncia por defraudación pública en la gestión del intendente Enrique Japonés García en Vicente López; o la investigación por la muerte de una joven que tenía como imputado al hermano del intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro, reflejan cómo convive la política y la justicia en San Isidro.

El crimen de Mazettelle ocurrió el 5 de diciembre de 2002. La víctima era periodista y mano derecha del exintendente Sergio Bivort. Fue baleado en la cabeza en la puerta de su casa, en un presunto intento de robo. No había testigos y el caso tenía repercusión en la opinión pública. En menos de 24 horas, la policía identificó a tres sospechosos del crimen. El fiscal de Pilar, Diego Molina Pico, desoyó la hipótesis de la Bonaerense. Intuía que, para demostrar eficiencia, le estaban vendiendo “pescado podrido”.

-Detenelos igual-le ordenó Duilio Cámpora, fiscal adjunto de Novo-. Total, para dejarlos en libertad están lo jueces.

Molina Pico no obedeció. Poco después, Novo le quitó la investigación y se la dio a otro fiscal, Marcelo Vaiani. Los tres falsos sospechosos estuvieron cuatro años tras las rejas. En el juicio, los testigos contaron que fueron apretados por la policía para declarar, y los acusados fueron absueltos. Meses más tarde, Vaiani fue ascendido a secretario adjunto del Fiscal General, cargo que ocupa hasta estos días. Y Cámpora escaló como juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. El caso sigue impune.

Similar suerte tuvo la denuncia por un fraude millonario en el Municipio de Vicente López. El titular de la entonces Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 1, Lino Mirabelli, debía investigar el desvío de fondos destinados a capacitación.

-Esto -ordenó Novó- no tiene que pasar de la Secretaría de Economía y Hacienda.

Mirabelli no obedeció. Allanó los domicilios de varios funcionarios municipales e imputó a El Japonés García en la causa. El castigo llegó enseguida: Novo le quitó a todos sus colaboradores de confianza y a su secretario, Tilli Sanchez.

El fiscal Mirabelli fue mudado por sus jefes estando de licencia. Sus pertenencias deambularon por todo el edificio de Tribunales durante semanas. Sanchez fue trasladado a varias dependencias del Ministerio Público Fiscal. En marzo de 2006 dio curso a una denuncia contra el secretario de Gobierno de la municipalidad de Tigre. Novo lo obligó a enviar un fax por hora a la Fiscalía General para dar cuenta de los movimientos de la causa. Para ello, debía salir de la UFI de Benávidez, donde había sido confinado, e ir a la comisaría porque en esa dependencia no había fax. Sanchez renunció y prefiere no volver a pisar tribunales.

A la par de esa investigación, existía una fuerte tensión entre el Municipio de Vicente López y la Fiscalía General. La comuna se oponía al proceso de descentralización de las fiscalías que había sido inaugurado unos años antes en San Isidro. Con el avance de la causa, El Japonés cambió de parecer y Novo le apretó las clavijas a Mirabelli.

Mientras todavía estaba procesado, El Japonés participó junto a Novo del corte de cintas de la primera fiscalía descentralizada en el distrito. Después del acto, fue sobreseído sin llegar a juicio.

De los 50 fiscales que tiene Novo a su cargo, 26 están distribuidos en fiscalías descentralizadas de San Isidro, Tigre, Pilar, Vicente López y San Fernando.

El proceso de descentralización comenzó hace unos 14 años, al mismo tiempo que en otros departamentos. La magnitud que tuvo en manos de Novo es inédita. “El poder judicial en San Isidro –argumenta un fiscal- nunca será independiente porque la descentralización se realizó con recursos ajenos. Los municipios ponen el espacio físico, le pagan a los pasantes de las universidades y brindan los autos, con su respectivo chofer, que trasladan los expedientes de una dependencia a otra. Les debemos hasta las fotocopiadoras y el papel. Este sistema garantiza impunidad para los poderosos”.

El vínculo de Novo con el intendente de San Isidro Gustavo Posse quedó en evidencia en el pedido de jury contra el juez de Garantías Rafael Sal Lari. En 2008, luego del crimen del ingeniero Carlos Regis, el magistrado fue denunciado por el intendente y Novo le dio una mano: “Distribuyó una lista de diez casos donde él cuestionaba mi actuación”, señaló hace algunas semanas Sal Lari a Cosecha Roja.

“Esto comenzó como una campaña de Ley y Orden dirigida por Posse y se convirtió para un grupo de personas en una herramienta muy interesante de disciplinamiento del poder judicial. Se pretendió que se aparte de las normas e interprete un sentimiento popular de cómo debían aplicarse”, detalló.

Un secretario de una UFI de Pilar agrega que “la intentona por destituir al juez también fue apoyada por el fiscal de Delitos Complejos, Claudio Scapolan, quien fue denunciado por la Cámara por falsificar pruebas en el expediente de Sal Lari”.

“Scapolan –continúa la fuente- está ternado como juez y es apoyado por Posse. Posiblemente, le esté devolviendo el favor a Novo por haberle facilitado cuanta cosa quisiera para el juicio político”.

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En agosto de 2007, siete jueces de la Cámara de Apelación y Garantías pidieron que el Ministerio Público Fiscal de San Isidro fuera intervenido. La presentación se hizo luego de analizar una denuncia presentada por los jueces de garantías Esteban Rossignoli y Ricardo Costa contra el fiscal Eduardo Rodríguez, quien los había increpado por sus resoluciones en diferentes fallos. En ese expediente se demostró que el instructor había dejado detenidos sin pruebas a sospechosos de diferentes delitos.

El fallo de la Cámara fue muy duro y detallaba que la estrategia de la Fiscalía General a la hora de encarar las investigaciones por hechos de inseguridad era opuesta a la que tenían en de corrupción política.

“El Fiscal Rodríguez –bajo la tutela de Novo- pretende simpatizar con personas o grupos de personas en pos de objetivos políticos y no jurídicos”, advirtió en sus fundamentos el camarista Raúl Borrino.

El magistrado agregó que “no se trata de la conducta aislada de un fiscal, sino de la expresión de la tergiversación y degradación general de todo el sistema de persecución penal en San Isidro” donde se ha instaurado “un sistema antidemocrático de voluntad única o autocrática”.

“Se ha operado –continunaba el fallo- una supresión de la independencia y de la autonomía personal de los fiscales, y no pocos de estos han consentido esa supresión de su independencia funcional y humana, y debe haber sin duda quienes han logrado sus cargos gracias a haber cedido su independencia funcional y personal”.

Los siete camaristas propusieron que la Suprema Corte Bonaerense establezca “una inspección o veeduría independiente sobre el sistema de la persecución de San Isidro”. El pedido quedó en la nada.

En 2010, un total de 13 fiscales hicieron una nueva denuncia contra Novo pidiendo su juicio político. En el escrito, además de acusarlo de proteger al Japonés García, se lo hacía responsable de frenar la investigación del crimen de los colombianos y de boicotear el caso Maria Belsunce. Los trece fiscales hablaban también de “abuso psicológico” y “violencia laboral”.

En los días posteriores a la presentación, Novo parecía abatido. Desde el asunto del adolescente asesinado en su casa nadie lo había vuelto a ver así, mal dormido y despeinado.

La preocupación duró poco. En diciembre de ese mismo año, la Comisión Bicameral de Juicio Político rechazó el pedido. No se trataba de si había actuado bien o mal. Su merito era haber hecho buenas migas con el poder político.

Ahora, muchos de los actores de esas denunciase se preguntan si la denuncia por encubrimiento prosperará. Novo se defendió en los medios diciendo que la presentación del fiscal Angelini pretendía esconder un “verdadero fracaso en su propia investigación”.

El viernes pasado, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires notificó a los trece fiscales que denunciaron a Novo en 2010 que el sumario administrativo se había archivado el 30 de julio. La resolución llevaba la firma de Carmen Falbo, la jefa de todos los fiscales. ¿Por qué hicieron esa notificación ahora? En los pasillos de los tribunales de San Isidro, el escrito se recibió como un mensaje claro. El poder había vuelto a hablar.

2 comentarios
  1. Ay Angelini… te quedaste con las ganas de irte de vacaciones a Colombia… la proxima sera!!
    Muy bajo recordar y distorcionar episodios tristisimos de la vida de la gente que lo unico malo que te hizo fue hacerte ver que sos un fracaso como fiscal… Comprate una vida y vivila como puedas…

  2. Parece que Angelini no fracasó……si tu Jefe lo hubiera dejado seguir.-
    Posiblemente el Fiscal esté viviendo una vida digna, no falisficó pruebas, no dejó a nadie preso porque obedeció a nadie….podes decir lo mismo “Angel”?????

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