Por Carolina Rojas y Gonzalo Espinoza en El Desconcierto
Ariel Lillo (23), estudiante de leyes, aún está en shock por la situación que le tocó vivir la noche del 19 de octubre. Eran casi las diez y caminaba junto a su novia y cinco amigos que venían de celebrar un cumpleaños en el barrio Lastarria. Todos tenían el mismo destino: un departamento en la calle Mac Iver. Estaban cerca. De todos modos trataron de pedir un auto con algunas aplicaciones y pagar por esa distancia que parecía ridícula. Nada. No habían vehículos que llegaran hasta el sector. Estaban nerviosos, pero de todas formas decidieron caminar a paso apurado. Les dieron las diez y aún quedaban cuatro cuadras. Ya había comenzado el toque de queda. Fue en ese momento cuando vieron el primer carro policial que los seguía de cerca. Doblaron por calle Mosqueto y el carro los siguió. Las zancadas se convirtieron en un trote. Solo quedaban tres cuadras.
—¡Vienen por nosotros! —gritó uno del grupo.
Eran las 22:10, estaban a metros del edificio cuando los interceptaron ocho carabineros en moto. Cuatro se salvaron cruzando el umbral de la puerta de entrada; Ariel, su novia y un amigo no lo lograron.
—¡A la pared, hijos de puta! —amenazó el primer policía. Ahí empezó todo.
El mismo funcionario comenzó a asfixiar a Ariel, luego lo arrodillo. Sintió un golpe en la cabeza que lo dejó semi inconsciente, un segundo funcionario le azotó el rostro contra el pavimento. Siguió un rodillazo en la cara. Sintió la sangre tibia correr por su frente. La vista se le nubló. Se entregó por segundos a esa sensación, pero varios golpes de puños contra su espalda lo obligaron a levantarse.
—Ahí les dije que vivía al lado, a media cuadra, que por favor nos dejaran ir, desde la puerta mis amigos también gritaban lo mismo —recuerda.
—¡Es toque de queda! ¡Qué andái llorando! —le respondieron.
A su pareja se la llevaron a empujones, la arrastraron por el suelo, la levantaron y la subieron al carro policial. Al mismo tiempo les dispararon perdigones a los pies para asustarlos. A su amigo le apuntaron directo al rostro.
—Apenas pude pararme, me empujaron por media cuadra hasta 1ª comisaría, se burlaron que éramos “la primera pesca” o algo así. Llegué de los últimos. Mi amigo ya estaba en un calabozo; mi pareja (Valentina), en otro. Vi que una paca le gritó “¡Te gusta andar hueviando!” y la agarró del pelo, la tiró para atrás hasta botarla, la golpeó en las costillas. Todo porque le pidió que no la esposara al calabozo. Todos los detenidos gritábamos deseperados que la soltaran. Traté de empujar a un paco para que me pegaran a mí y no a ella, pero no pude hacer nada—relata Ariel.
Dos horas y media después los subieron a una camioneta. Iban todos apretados junto a otros detenidos. Llegaron a la 3ª comisaría. Luego los llevaron a constatar lesiones a un SAPU cercano. Volvieron al retén a eso de las 5:40 de la madrugada. Los soltaron en la mañana. Entraron a su departamento a las 9:40.
—Me senté, prendí un cigarro y solo allí reaccioné: lloramos de odio, de impotencia, podíamos denunciarlo, buscar un abogado, pero ya nos habían hecho el daño, ya nos habían quebrado —concluye.
Su historia quedó estampada en una querella del INDH, así como tantos otros casos donde se ha denunciado torturas y apremios ilegítimos desde el día que partieron las primeras movilizaciones. Para comprender la magnitud de la represión, en una de sus actualizaciones el INDH publicó que en nueve años han presentado 319 querellas por torturas y tratos crueles, 145 de ellas corresponden solo a los últimos 19 días. El Desconcierto accedió a treinta de esas querellas de la Región Metropolitana que incluyen torturas en comisarías de San Miguel, Macul, La Florida, Peñalolén, Ñuñoa , Maipú y Santiago Centro (distintas a las de las Fuerzas Especiales).
Ariel Lillo
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Cerca de las cuatro de la tarde del domingo 20 de octubre de 2019, “I”, un hombre adulto, fue a comprar mercadería a un local en Avenida los Plátanos esquina los Olmos, en Macul. Al llegar al lugar vio que había algunas manifestaciones de vecinos a las que él no se sumó. En ese mismo instante, un carro de Fuerzas Especiales llegó al lugar y comenzó a dispersar a la gente. El relato dice que un oficial de este mismo cuerpo de Carabineros, ubicado a una distancia no superior a diez metros, lo apuntó y le disparó al rostro. Uno atravesó su ojo derecho, causándole la pérdida de vista inmediata, debido a la sangre.
“Carabineros lo detuvo, le obligaron a arrodillarse y lo golpearon en el suelo. Con posterioridad, lo trasladaron a la comisaría en calidad de detenido por desorden público. En ese mismo lugar los oficiales pudieron constatar la gravedad de las heridas que le habían provocado, por lo que decidieron llevarlo al servicio de urgencias del Hospital Salvador”, dice el documento.
En el establecimiento le brindaron los primeros auxilios, pero debido a su previsión de salud no le pudieron realizar intervenciones quirúrgicas. El trauma ocular lo dejó con una pérdida del 90% de la visión.
Fue llevado nuevamente a la 46° Comisaría de Macul, donde estuvo detenido hasta cerca de la medianoche. “Seguía sangrando, botando coágulos de sangre por la boca. Por este motivo fue trasladado a la Clínica Santa María, donde finalmente pudo recibir la intervención quirúrgica necesaria para poner fin al sangrado y, a su vez, intentar recuperar la visión”, concluye la querella.
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“R”, un hombre con discapacidad cognitiva, se encontraba el día domingo 27 de octubre en su casa, en Macul, cuando a eso de las 9 de la mañana fue detenido por Carabineros de la 46° comisaría de la misma comuna, por oponerse al ingreso de funcionarios de la unidad policial a su domicilio (en el contexto de un delito flagrante cometido por un tercero).
La querella describe que durante la detención fue arrastrado por el suelo, le estrellaron el rostro contra el auto policial, fue golpeado con lumas en la espalda y tironeado con exceso de fuerza por Carabineros, lo que lo dejó con lesiones visibles. “Durante el procedimiento, además, los funcionarios policiales se burlaron de las piezas dentales faltantes de la víctima, simulando tomarse fotos con él”, concluye la querella.
Tras su detención, fue llevado a constatar lesiones y luego fue encerrado en el calabozo de la comisaría. Una vez allí recibió amenazas de muerte y de violación de los carabineros que se encontraban en servicio, quienes además se jactaron de que a ellos no les pasaría nada.
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El día 23 de octubre, “C” y “C”, dos mujeres, se encontraban en las cercanías de la intersección de la avenida Concha y Toro con Gandarillas, comuna de Puente Alto, cuando alrededor de las 8:45 de la mañana fueron aprehendidas por funcionarios de Carabineros, quienes las tiraron al piso, las golpearon y las trasladaron a la 20° comisaría de la comuna.
Durante su detención las víctimas fueron obligadas a desnudarse y a realizar sentadillas dentro de un calabozo. Además fueron tomadas del pelo y azotadas contra la pared, al mismo tiempo que eran golpeadas en la espalda. El documento dice que a esas actuaciones se sumaron amenazas: una de las carabineras les gritó “Aquí no hay cámaras, vas a ver lo que es lindo”, mientras las golpeaba. También fueron víctimas humillaciones e insultos, particularmente de connotación sexual.
La querella menciona luego cómo otras tres mujeres fueron víctimas de la misma situación.
“Ese día, a eso de las 14.00 hrs. en las cercanías de la intersección de Clavero con Santo Domingo, comuna de Puente Alto, ‘P’, ‘V’, ‘J’ y ‘B’ fueron aprehendidas por funcionarios de Carabineros de Chile y trasladadas a la 20° comisaría de Puente Alto, donde fueron obligadas a desnudarse y a realizar sentadillas dentro de un calabozo. Junto con ello, recibieron humillaciones e insultos, particularmente, de connotación sexual”.
“‘V’, además, expresó que tenía un embarazo de tres meses y fue llevada a constatar lesiones al Hospital Sótero del Río, del cual luego desistió ante la brusquedad del procedimiento intrauterino por parte del personal médico.
“‘P’, además, comentó que tenía una hija al cuidado de una vecina, por lo que solicitó su celular a fin de entregar el número y fuera comunicada de su detención, lo cual se le negó, hasta la llegada y las gestiones del personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, concluye la querella.
Todas identifican a las dos carabineras que las agredieron.
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El pasado 20 de octubre, “D”, un joven de 24 años fue detenido a las dos y media de la tarde, en las afueras de la 12° comisaría de San Miguel, por un grupo de cuatro funcionarios de Carabineros. Según cree, su detención se produjo debido a que una hora antes había estado participando de un cacerolazo frente al mismo recinto policial.
Al momento de su detención “fue golpeado mediante puñetazos y uso de bastón de servicio durante su traslado desde el exterior de la 12° comisaría hasta sus calabozos. Luego, fue llevado a un baño del recinto y obligado a desnudarse por completo y a realizar tres sentadillas”, dice el documento.
Más tarde fue trasladado a constatar lesiones. Por último, se le informó que sería imputado por desórdenes y que pasaría a control de detención al día siguiente.
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El pasado 22 de octubre los adolescentes “F” (17), “J” (14), “D” (17), “M” (14) y “J” (16) fueron detenidos entre las dos y las tres de la tarde, en medio de las manifestaciones que se produjeron en Santiago. Posterior a esto, fueron trasladados a la 20° comisaría de Puente Alto, recinto en el cual fueron mantenidos en el patio, de espaldas, recibiendo golpes de manera permanente.
Junto con esto, los adolescentes relataron “que cuando los miembros de las fuerzas policiales supieron que funcionarios del INDH habían llegado a la comisaría, les dijeron que no contaran lo que les había ocurrido”.
El mismo día, “G”, “C”, “D” y “F” (cuatro nuevas aprehendidas) también fueron detenidas y llevadas al mismo recinto tras participar en manifestaciones cerca de las dos y tres de la tarde.
“Todas relataron a funcionarios del INDH haber sido obligadas a desnudarse en el contexto de registro, y tocadas frente a los demás detenidos. Cabe mencionar que tres de ellas (G, C y F), manifestaron haber sido además golpeadas por funcionarias policiales a las cuales individualizaron”, se explica en la querella.
Los carabineros también les advirtieron que no le comentaran lo ocurrido a los funcionarios del INDH, porque de lo contrario les “iría mal”.
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“B”, una mujer de 28 años, fue detenida el 19 de octubre a las once y media de la noche, por transgredir el toque de queda en medio de una manifestación cerca de la estación del Metro Rojas Magallanes. Tras su detención fue trasladada a la 36° comisaría de La Florida.
La mujer relató que dentro de la comisaría fue desnudada completamente y obligada a hacer sentadillas. Junto con esto, B relata que “recibió un trato denigrante con expresiones del tipo ‘perra culiá andabai robando’ e incluso recibió violencia de tipo sexual, con expresiones ‘te vamos a tirar maraca culiá’, ‘te vamos a hacer cagar maraca concha de tu madre’.
“A pesar de que ella tenía su cédula de identidad, los efectivos policiales le realizaron un control biométrico, que no arrojó ningún resultado porque sus huellas dactilares no pudieron ser leídas por el escáner. Su detención fue avisada al fiscal de turno, quien decidió dejarla en libertad a las 07:00 hrs. del domingo 20 de octubre”, dice la querella.
A pesar de esta orden, los carabineros decidieron tomarle impresiones en tinta a sus manos y enviarlas al Registro Civil, bajo la amenaza de ser imputada por “suplantación de identidad”. Esta respuesta nunca llegó, y por presión de un abogado del INDH fue puesta en libertad recién a las 18:10 de la tarde del 20 de octubre, 11 horas después de haberse ordenado su libertad. “Durante las casi 17 horas que estuvo detenida, ‘B’ solicitó en un par de ocasiones ir al baño, la dejaron ir una hora después. Además los funcionarios policiales no le permitieron comer y tomar agua hasta recién pasada las 15 horas del domingo”, concluye el documento.
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“L” y “F”, dos mujeres adultas, fueron detenidas el día 21 de octubre cerca de las 21:00 hrs en el supermercado Santa Isabel de Avenida Vicuña Mackenna 11145, en la comuna de La Florida, por su presunta participación en un delito de robo en lugar no habitado.
Según cuentan ambas,funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros las maltrataron física y verbalmente antes de llevarlas a la 36° comisaría de La Florida, lugar “donde sufrieron un trato degradante de carácter sexual al momento del ingreso, consistente en desnudarlas parcialmente, solicitarles que se bajaran los pantalones y la ropa interior hasta las rodillas, frente a funcionarios varones” informa la denuncia.
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Con fecha 20 de octubre de 2019, específicamente en el contexto de protestas que se realizaban en el centro de San Bernardo, fueron detenidas varias personas que llegaron hasta a la 14ª comisaría de Carabineros de San Bernardo. Un grupo de profesionales y colaboradores del INDH realizó un observación del recinto policial en la madrugada del día 21 de octubre. En su visita, los abogados pudieron detectar “situaciones fácticas que constituyen tortura, específicamente la circunstancia del desnudamiento de la menor de edad”.
“C”, una adolescente de 15 años, informó haber sido detenida el día domingo 20 de octubre alrededor de las 17:00 horas, en las inmediaciones de la Plaza de San Bernardo, mientras participaba de una protesta. La adolescente relató que la detención fue practicada por funcionarios de carabineros, quienes luego la trasladaron a dependencias de la 14ª comisaria de San Bernardo. Una vez en el lugar, fue ingresada a una sala contigua al calabozo, donde fue obligada a desnudarse por completo y obligada a practicar “sentadillas” en presencia de una funcionaria de la unidad policial. Al momento de la visita de los funcionarios del INDH, en la madrugada del día 21 de octubre, la adolescente manifestó que no sabía cuál era su situación procesal.
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El pasado 18 de octubre, “V” , un adolescente de 16 años, fue a manifestarse a la estación de Metro Ciudad del Niño, en la comuna de San Miguel. Allí fue detenido por personal de Carabineros, que lo golpeó en su rostro y lo apaleó con un bastón retráctil en distintas partes de su cuerpo. Luego de esto, fue llevado a la 12° comisaría de la misma comuna. En esa unidad, “estando en los calabozos, esposado, fue lanzado al suelo y golpeado con golpes de pie por un grupo de funcionarios de Carabineros”. Su constatación de lesiones indica que no fue agredido.
El mismo día, “M”, un joven de 19 años, fue detenido cerca de las dos y media de la tarde a las afueras de la misma comisaría, en el contexto de “desórdenes públicos”. “Ya estando reducido, un carabinero le pegó una patada en su rostro. Posteriormente, fue conducido a los calabozos de la misma Comisaría, donde fue golpeado por un funcionario de Carabineros mediante puñetazos en el estómago mientras estaba esposado. Ni siquiera fue llevado a constatar lesiones”, dice su relato.
Protocolo de Estambul y cordones jurídicos
Javier Contreras, abogado de Derechos humanos y voluntario del cordón jurídico de la Universidad Católica, comenta que lo importante es que las investigaciones tienen que ser rápidas y eficaces. En ese sentido, tomar contacto rápido con la persona que ha sido víctima de tortura: “Lo importante es identificar a gente, lugares y fechas, patrones de actuación, por eso es primordial la celeridad de las investigaciones”, precisa.
Los abogados que han participado en estas labores utilizan el Protocolo de Estambul como una guía con criterios orientadores para las entrevistas con las víctimas. Este manual contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura (o tratos crueles, inhumanos o degradantes).
“Los compañeros y compañeras que han sido testigos de víctimas de tortura o lesiones visibles, tratan de dejar muy clara la situación, porque es esa la información que se envía al INDH y finalmente la defensoría jurídica de la Universidad de Chile es quien remite esa información. Se trabaja con formularios y con especial énfasis para ver si se hizo efectiva la constatación de las lesiones, o si la persona fue llevada a algún organismo de salud y cuál”, explica.
Al igual como pasó con algunas abogadas en que se les negó información sobre la violación ocurrida en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda, las denuncias que han hecho los cordones jurídicos tienen relación con el impedimento que han tenido para acceder al registro público de detenidos. Así lo confirma la abogada Andrea Gattini, también integrante del Cordón Jurídico de la Universidad Católica. Comenta que entre las dificultades que han experimentado en sus visitas también se encuentra la imposibilidad para acceder a los motivos de la detención: “Hemos tenido que llamar a los jueces de garantía para que hagan cumplir el derecho y, en el fondo, decirle a las policías que nos muestren este registro (…) Muchas veces los abogados no han podido acceder a conversar con los detenidos y poder constatar su estado”, explicó.
