Caso Barros Cisneros: “Vi cómo le pegaban a Patricio”

María Florencia Alcaraz – Cosecha Roja.-

Giselle González y Patricio Barros Cisneros salían hacía tres años. Cuando ella lo fue a visitar a la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense el 28 de enero de 2012 no imaginó que iba a ser testigo de la muerte de su novio. Ella estaba embarazada de cuatro meses y, como hacía calor, él pidió tener la visita en un lugar techado con sombra. “Vino, me saludó y me dijo que lo esperara en el patio. Al rato escuché gritos y me asomé al pasillo: vi cómo le estaban pegando”, contó hoy en la tercera audiencia del juicio contra seis penitenciarios acusados del crimen del joven.

– Giselle, vení, ayudame, le gritaba Patricio.

– Sueltenlo, rogaba ella.

Pero los guardiacárceles le siguieron pegando: fue una sesión de tortura que duró entre 5 y 15 minutos y de la que participaron al menos diez agentes. Ellos mismos lo contaron en sus declaraciones que se leyeron en la primera audiencia. Barros Cisneros quedó tirado en el piso, todo golpeado con las manos atrás atadas. A Giselle se la llevaron a otro lugar.

“Estuve esperando una hora y media. Vinieron y me dijeron que Patricio había fallecido de tantos golpes contra las rejas. No podía ser”, declaró la joven ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín.

Además de Giselle, hoy también declaró un preso que fue testigo de la golpiza mortal. “Le pegaban como a una bolsa de basura”, dijo. Mientras, él gritaba y pedía que frenaran. “Paren, lo van a matar”, les dijo a los guardias. La semana pasada otros cuatro presos dijeron que fue el único que trató de impedir la golpiza.

El juicio continuará el próximo jueves.

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El 28 de enero de 2012, el día en que su novia lo había ido a visitar, hacía mucho calor. Como ella estaba embarazada de cuatro meses, él pidió un lugar con sombra. Los guardiacárceles le respondieron con gas pimienta, patadas y trompadas. “Se mandaron la cagada del siglo. Parece que se les fue la mano a los compañeros”, escuchó Miguel Gallego de la voz de otros guardiacárceles de la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En un primer momento los funcionarios del SPB dieron una versión inverosímil: contaron que Patricio se había suicidado golpeando su cabeza contra una reja. Las pericias y los testigos dijeron todo lo contrario. Sólo en la cabeza, el forense que hizo la autopsia del cuerpo contó alrededor de 30 golpes. Los propios guardiacárceles –con contradicciones- asumieron que había sido una maratón de tortura.

“La ausencia de Patricio se siente todos los días”, dijo a Cosecha Roja Lorena Barros Cisneros tras la primera audiencia. “Llegamos al juicio después de tres años muy difíciles de pelear contra el Poder Judicial que no quiere ver lo que pasa en los penales”, dijo Lorena, la mayor de los nueve hermanos. La mujer se puso al frente de la búsqueda de Justicia. Esta mañana tenía una remera con la foto de su hermano.

La muerte de Patricio es emblemática por la brutalidad y por haber llegado a la instancia de debate oral. Según los datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el 67 por ciento de las causas iniciadas por torturas o apremios ilegales entre 2000 y 2011 fueron archivadas y apenas el 1 por ciento llegó a un juicio.

Héctor Aníbal Mario, Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Miguel Gallego, Claudio Keem y Juan Liberto son los penitenciarios acusados. Se enfrentan a una condena perpetua por torturas seguidas de muerte. César Raúl Benítez es un séptimo acusado, que está prófugo y con pedido de captura internacional. Durante la instrucción hubo otro hombre señalado, Víctor Silva, quien se ahorcó en su celda de la Alcaidía de Avellaneda.

A la familia de Patricio la patrocinan los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También los acompañan militantes y representantes de organismos de Derechos Humanos como la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura. Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, estuvo en el inicio del juicio junto con el diputado del Frente para la Victoria y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y el coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Leonardo Rebolino. “Creemos que se tienen que juzgar a todos los acusados bajo la figura de coautor. Por más que uno le pegó, otro vigiló que no viera nadie y cada uno tuvo un rol: lo mataron entre todos”, dijo Rebolino a Cosecha Roja.

Al lugar, además se acercaron los familiares de Walter González, otro joven asesinado en la Unidad 46. “Fue un año después de la muerte de Patricio en el marco de una pelea. Se llevó a juicio a los mismos presos, pero estamos acompañando porque se tiene que discutir la zona liberada del penal que permitió que se produzca esa pelea. Y el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene que asumir responsabilidades”, dijo Rebolino.

El acompañamiento del CELS

A Patricio lo mataron un sábado. Dos días después los abogados del CELS, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y Juan Manuel Casolati, en ese momento secretario de Ejecución Penal de San Martín- se entrevistaron con más de 100 presos que les confirmaron lo que la novia del joven había denunciado: lo habían matado los penitenciarios. Desde entonces el organismo patrocina y acompaña a la familia.  “Todos los detenidos que entrevistamos sostenían que no se había suicidado. La autopsia lo confirmó. Tenía golpes apergaminados, que son durante el proceso de la muerte. No se pueden auto infligir”, explicó a Cosecha Roja Mariano Lanziano, uno de los abogados que representa a los hermanos de Patricio como querellante.

Los detenidos que fueron testigos del crimen recibieron presiones para firmar la versión oficial. Cuando fueron trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Federal contaron cómo había sido la brutal golpiza. A partir de estos testimonios y de la declaración de la novia de Patricio, el fiscal ordenó la detención de los agentes. Sin embargo, el día anterior varios de ellos se fugaron.

El primer fiscal de la causa, Carlos Insaurralde, fue separado. Además de haber creído en la versión oficial, permitió otras irregularidades. Por ejemplo, no secuestró la ropa de los penitenciarios. Todavía hay sumarios abiertos y una investigación que está detrás del encubrimiento.

Foto: Facundo Nívolo