Foto: Dani Zárate
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, mira con una sonrisa la trifulca que se arma a menos de dos metros, frente a él, en la Cámara de Diputados. La legisladora del Frente Amplio, Pamela Jiles, le muestra la foto de José Miguel Uribe, una de las cinco personas que han muerto asesinadas por agentes del Estado durante la última semana. Sin perder su aparente alegría, el encargado de la seguridad pública observa cómo la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, toma una copia de la fotografía, la rompe y arroja los pedazos al suelo.
Poco después de este episodio, Chadwick aseguró que “no tiene responsabilidad política” en los cerca de 20 decesos que se han registrado desde el pasado sábado. Tampoco en la brutalidad policial y las torturas realizadas por militares, grabadas en videos viralizados en redes sociales.
El Gobierno chileno ya no está acorralado solamente por el movimiento social que exige terminar con las desigualdades, ahora también por las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
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Durante los últimos 30 años familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura de Augusto Pinochet han enarbolado la consigna “para que nunca más”. Si la Fiscalía comprueba que en una estación del Metro de Santiago la policía detuvo y atormentó a estudiantes, ese deseo habrá caminado sin rumbo por tres décadas. El organismo persecutor no sólo investiga este posible “centro de torturas”, sino que al menos 17 causas por atropellos a derechos fundamentales.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se reunió ayer en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera. El abogado comunicó al jefe de Estado su preocupación por las denuncias que ha recibido el organismo. Desnudamiento de mujeres, de un niño, amenazas de violación por parte de militares, tocaciones. A esto se suman 174 personas heridas por armas de fuego. Así lo constató el INDH, que ha presentado 45 querellas y 10 recursos de amparo a favor de víctimas de militares y las policías.
Las violaciones a derechos fundamentales ya son parte del debate público. Mucho tardaron los medios en reaccionar. En el Congreso buscan acusar constitucionalmente al ministro del Interior e, incluso, al presidente Piñera. También crear una comisión investigadora y pedir la visita de observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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En el ámbito político la situación no es mejor para La Moneda. La “nueva agenda social” presentada por Piñera el martes fue celebrada sólo por Chile Vamos, la coalición de gobierno.
El movimiento social, al menos el que tiene una estructura definida, calificó las propuestas del Ejecutivo como “un maquillaje intrascendente y efectivista”. La lectura de trabajadores y estudiantes, agrupados en la CUT, la ANEF, la coordinadora No más AFP, la Confech, la ACES y la Cones, es que el paquete de medidas -en materia de pensiones, sueldo mínimo, salud y cuentas de la luz- no soluciona los problemas estructurales de desigualdad en Chile y, peor aún, buscan profundizar las ganancias del sector privado, específicamente de las AFP, las Isapres (salud privada), las farmacias (que se coludieron hace más de una década) y el empresariado, a través de transferencias de recursos públicos, sin tocar un pelo el modelo tributario, el Código del Trabajo, el sistema de pensiones o la propiedad de los servicios básicos y recursos naturales.
Ayer miles de personas salieron nuevamente a marchar, en todas las regiones. Si bien el movimiento social es inorgánico y no tiene líderes ni voceros, la demanda de Asamblea Constituyente se repite en las protestas. “Una asamblea que abra paso a un nuevo modelo de sociedad incluyente y ponga fin al modelo neoliberal en crisis terminal”, afirman organizaciones sindicales.
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Hoy, después de vivir una nueva noche de toque de queda en varias ciudades, se realizará la segunda jornada de Huelga General, con concentraciones, asambleas y cacerolazos. También con la demanda de que los militares vuelvan a sus cuarteles. Sin embargo, el Ejército ya realizó el llamado -a través de decreto- “al servicio activo a personal de reserva”, otra muestra que las Fuerzas Armadas han sido superadas por las protestas populares.
En medio del aumento de la violencia del Estado y las deficientes respuestas del Gobierno, la Fiscalía confirmó la identidad de uno de los dos fallecidos en el incendio y saqueo de una tienda Construmart, en La Pintana, un barrio popular de Santiago. Se llamaba José Atilio Arancibia Pereira, de 74 años. Lo más probable es que recibiera una pensión indigna, de miseria, como la mayoría de nuestros y nuestras jubiladas.
“No es justo que un adulto mayor con Alzheimer muera y los políticos rompan las fotos de muchos, que como mi tío no tienen la culpa de vivir”, escribió un sobrino de José en redes sociales, a propósito de la sonrisa de Chadwick, de la foto rasgada de los muertos, de sus rostros arrojados al suelo.
“Espero que la vida de mi tío sea la semilla para un nuevo Chile”, agregó Felipe Andrés Espinoza, familiar y manifestante, que perdió mucho más que lo que podrían perder los poderosos y los ricos que controlan este país.
