Cosecha Roja.-
Una nena de dos años podrá usar un aceite de cannabis para frenar las 20 convulsiones por día que le provoca una enfermedad. Los pibes en los barrios autogestionan el cultivo para reducir los daños: pasar del consumo problemático a uno recreacional. Un hombre de 71 años cultiva marihuana para paliar las secuelas físicas de un pasado como operario de una fábrica. Mientras en el mundo se discuten los resultados de la guerra contra las drogas y se ensayan otros enfoques, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó una comisión de “lucha contra el narcotráfico”.
La Comisión creada en octubre busca mejorar la coordinación entre jueces de todo el país, capacitar operadores judiciales en la persecución del delito del narco, establecer un protocolo de actuación y crear un observatorio para monitorear el fenómeno. “Es más que preocupante que uno de los poderes del Estado decida asumir funciones que no le son propias y que, además, comprometen seriamente su misión institucional”, escribieron en un comunicado organizaciones sociales (*) y expertos en cuestiones de justicia, seguridad y política de drogas .
La Corte justificó la creación de la comisión en el fallo Arriola, que sentó jurisprudencia para no criminalizar a los usuarios. El documento también “exhortó todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes, adoptar medidas de salud preventivas, con información educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.
Según las organizaciones y los expertos, lejos de cumplir los lineamientos establecidos en el fallo Arriola, “el accionar del poder judicial persiste en la penalización de los usuarios de drogas, sin alcanzar a las estructuras de la criminalidad organizada”. Lo muestra el nombre de la comisión: en el combate contra las droga los que caen son los últimos eslabones en las cadenas de mando, las mulas, los soldaditos que custodian los búnker y los usuarios.
Las consecuencias del paradigma prohibicionista están a la vista. En México hubo 70 mil asesinatos-ejecuciones extrajudiciales relacionados al narcotráfico sólo en 2013. Entre 2006 y 2014 la Procuraduría General de la República recibió 4 mil denuncias de torturas. Hay más de 25 mil personas desaparecidas, 281 mil desplazados, 27 asesinatos, ocho casos de desaparición forzada en contra defensores de DDHH y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos. En Argentina, entre 2010 y 2012, entre el 20 y el 25 por ciento del total de las detenciones de la Policía Federal fueron por la ley de drogas. En Brasil los presos por crímenes vinculados a las drogas crecieron de 31 mil en 2005 a 164 mil en 2014.
Por eso ya no hay consenso internacional para sostener el prohibicionismo. Varios líderes del mundo como Kofi Annan, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria han señalado que el combate no funciona para reducir la producción y la comercialización ni solucionar el consumo problemático de estupefacientes. “Es imprescindible que los problemas derivados del tráfico de drogas se aborden desde políticas públicas orientadas a la reducción de la violencia y no a su incremento”, dijeron los expertos.
El enfoque basado en la salud es parte de lo que se debatirá en la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS), en 2016. Mientras, la legalización en Uruguay, la regulación del consumo de hoja de coca en Bolivia, la descriminalización de los usuarios de drogas en Ecuador y la regulación de la marihuana para usos medicinales en Chile “rompen el dique prohibicionista” y alientan la discusión sobre nuevas políticas de drogas con perspectivas que respeten los Derechos Humanos.
(*) Las organizaciones que firmaron el comunicado son Andhes, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica (CIAJ), Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Intercambios Asociación Civil, Observatorio de la Justicia Argentina, María Alejandra Otamendi -Coordinadora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda, UNDAV-, Esteban Rodríguez Alzueta -Investigador la Universidad Nacional de Quilmes- y el Grupo promotor del “Documento de Convergencia: Drogas, una Iniciativa para el Debate” (Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique Del Percio, Alberto Fohrig, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Maria De La Paz Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez Ocampo).
Foto: CELS
[Nota publicada el 9/11/2015]
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