Miguel Angel Vega – Rio Doce.-
El 13 de abril del 2009, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una lista con los once hombres más buscados por la DEA, que entonces encabezaban Arturo Beltrán Leyva, Joaquín el Chapo Guzmán y Vicente Carrillo Fuentes. En un cuarto peldaño, sin embargo, aparecía el nombre de un desconocido: Ovidio Limón Sánchez, a quien la DEA, el FBI y el ICE (Immigration, and Customs Enforcement) identificaban como “gente del Chapo”, pero más curioso resultaba que fuera más requerido que Ismael el Mayo Zambada, Ignacio Nacho Coronel y Juan José Esparragoza, el Azul, quienes ni siquiera aparecían en la lista.
Tal era la relevancia de Ovidio, que ni Víctor Emilio Cázarez, Tony Tormenta, el Coss o el Lazca, incluso ni los hermanos Miguel Ángel y Alejandro Treviño Morales, que también conformaban la lista, resultaban tan relevantes para la DEA como Ovidio.
La cacería entonces inició y dos años y medio después el Ejército mexicano lo arrestó en una zona residencial de Culiacán, para inmediatamente recluirlo en la cárcel de Puente Grande, en Jalisco.
No pasó ni un año para que el Gobierno mexicano lo extraditara, puesto que Ovidio era el “cuarto hombre más buscado por la DEA, y significaba una fuerte amenaza para Estados Unidos”.
Pero es precisamente en suelo estadounidense donde el caso entró como en un túnel, ya que días después de su extradición, Ovidio Limón Sánchez fue presentado ante una corte federal de Los Angeles y, a sugerencia de su abogado, se declaró culpable. Ante esto, el juez, Andrew J. Guilford determinó castigarlo con una pena de 120 meses de prisión, haciéndole válido el tiempo que estuvo encarcelado en México.
Lo que entonces era un secreto es que, antes de ser sentenciado, Ovidio acordó ceder 600 mil dólares en efectivo a Estados Unidos, además de propiedades valuadas en más de dos millones de dólares; era el precio de una pena benévola considerando la magnitud de su “peligrosidad”.
¿Qué otros acuerdos hizo la defensa de Ovidio con el sistema judicial estadounidense para lograr una condena tan ligera? Eso es un misterio.
Luego de un juicio sigiloso y rápido, el nombre de Ovidio Limón Sánchez apareció en la listas del Departamento de Prisiones de Estados Unidos (BOP), en donde se explica que está recluido en una cárcel de mediana seguridad de Phoenix, Arizona, y que saldría libre el 5 de junio de 2021.
El juez federal Andrew J. Guilford, quien luego de ser informado que el acusado cedería 600 mil dólares en efectivo, además de una mansión en Los Angeles, determinó condenarlo con un castigo “ejemplar” de 120 meses en prisión, además de validarle su encarcelamiento en México.
No por eso la Corte Federal de Estados Unidos del Distrito Central de California, ubicada en la esquina de las calles Spring y Temple, del centro de Los Angeles, pasaría por alto una multa adicional por 100 dólares que Ovidio debía pagar de inmediato, “dada por la gravedad de sus delitos”.
Así Estados Unidos terminaba negociando, una vez más, con otro narcotraficante “poderoso”, como en su momento hizo con Osiel Cárdenas Guillén, a quien decomisó 50 millones de dólares, o Benjamín Arellano Félix, a quien quitó 100 millones de dólares, o Héctor el Güero Palma o Javier Torres Félix el JT, cuyos casos fueron a puerta cerrada, y que según el BOP, saldrán libres en los próximos años.
La pantomima estadounidense
Una lista de los narcotraficantes más buscados del mundo, publicada por la DEA en el 2009, con nombres, apodos, edades, estatura y hasta peso, hacía ver el documento espectacular. Ahí aparecían lo nombres de Arturo Beltrán Leyva, Joaquín el Chapo Guzmán, Ovidio Limón Sánchez, Emilio Cázarez Salazar, Heriberto Lazcano Lazcano, entre otros, seguidos de la leyenda Wanted, y entonces el sello de la DEA.
De todos ellos, solo Ovidio está en poder del gobierno de Estados Unidos, mientras el resto, o siguen prófugos, o bien han sido muertos.
El expediente 8:09-CR-00201-AG, confirma que, efectivamente, se dio un acuerdo entre Ovidio y el gobierno estadounidense, y aclara que además de las propiedades y el pago de 600 mil dólares deberá hacerse “antes que purgue la condena”.
Un agente de la DEA, cuestionado sobre las sentencias de Estados Unidos, reconoció que eran “suaves”, pero dijo que ellos no podían hacer nada.
“Nosotros solo hacemos nuestro trabajo, el castigo que determina un juez y ahí ya no es competencia de nosotros”, dijo el agente, quien solicitó no se revelara su identidad.
Acuerdos bajo el agua
Cuando Ovidio Limón se enteró que podía ser sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión, según el Código Penal Federal de Estados Unidos, y que además podrían decomisarle 4 millones de dólares, contrató a una firma de abogados encabezada por Frank Ragen para que hiciera una rápida negociación.
La defensa de Ovidio, originario de Mocorito, Sinaloa, de inmediato se entrevistó con los fiscales estadounidenses Jennifer Water y André Birotte, con quienes habría acordado que su defendido se declararía culpable a cambio de una sentencia “justa”.
Los acuerdos fueron, precisamente, que Ovidio cediera 600 mil dólares en efectivo, además de una propiedad localizada en el 7007 de la avenida Gage, en Los Angeles, y que en su momento declarara contra narcotraficantes que sean presentados en corte; todo ello a cambio de la pena mínima de diez años de prisión. Según las leyes federales, además, le harían válido el tiempo que estuvo encarcelado en México, un periodo de poco más de un año.
Ovidio oyó la oferta y de inmediato la aceptó. Cuando fue presentado ante el juez Guilford, sin dudarlo un segundo, se declaró culpable.
El acuerdo estaba hecho, y solo era cuestión de “actuarlo”, según lo establecía la burocracia judicial de ese país.
Los cargos
Los cargos por los que Ovidio fue sentenciado fueron distribución y posesión de cientos de kilos de cocaína, incluso, en el expediente se explica cómo varios departamentos de Policía del sur de California, incluyendo de la Policía de Los Angeles (LAPD) y de Anaheim (APD), ejecutaran cateos en sus diferentes domicilios, encontrando en al menos dos ocasiones, varios kilos de cocaína lista para su distribución.
Por ello, si Ovidio era apenas un distribuidor, resulta extraño que la DEA lo haya ubicado como un gran operador de Joaquín Guzmán Loera y que estuviera por encima de capos como el Lazca.
Lo cierto es que, a pesar de que se dice que Ovidio era uno de los hombres más apegados al Chapo Guzmán, el expediente no menciona el nombre de Joaquín Guzmán en lo absoluto, aunque sí supone que era un comprador de cientos de kilos de cocaína en el sur de California, y los adquiría de cárteles mexicanos, aunque no específica cuál.
El misterio del porqué la DEA lo ubicó como el cuarto narcotraficante más poderoso y peligroso del mundo, mientras que el DOJ lo pone como un simple distribuidor continuará como eso: un misterio.
LA CRONOLOGÍA DE UN ACUERDO
2006. Una corte federal del Distrito Central de California, en Los Angeles, presenta una orden judicial para catear propiedades de Ovidio Limón Sánchez, a quien la DEA identifica como un distribuidor de cocaína en esa región.
2007. La misma corte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Los Angeles, emite cargos contra Limón Sánchez, por lo que es requerido por la justicia.
2009. La DEA, el FBI, el ICE y el ATF identifican a Limón Sánchez como el cuarto narcotraficante más importante del mundo y lo cataloga como un peligro para Estados Unidos.
2011. El 9 de noviembre, el Ejército mexicano, con información de inteligencia de agencias estadounidenses, localizan y arrestan a Ovidio en Culiacán, Sinaloa. Dos días después Ovidio es recluido en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.
2012. El 8 de mayo, y aun cuando Ovidio Limón ya estaba encarcelado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un boletín prohibiendo a sus conciudadanos a realizar cualquier tipo de transacción con Ovidio, por sus nexos con el crimen organizado.
2012. El 20 de septiembre, Ovidio Limón Sánchez, es extraditado a Estados Unidos.
2012. El 3 de diciembre de ese mismo año, Ovidio es sentenciado a 120 meses de prisión.
2012. El 5 de diciembre, Ovidio Limón Sánchez es trasladado al penal de mediana seguridad Safford FCI, en Phoenix, Arizona, donde purgará el resto de su condena. Su fecha de liberación está programada para el 5 de junio del 2021.
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