¿Cuánto tiempo falta para que todos quedemos presos?

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Confieso que tengo ciertas dificultades con las matemáticas. Nunca han sido mi fuerte. Un análisis de las estadísticas del crecimiento de la población en la República Argentina, comparadas con el aumento de la población penitenciaria es el tema que despertó mi curiosidad.

De acuerdo a los datos del Censo Nacional, resulta que la población argentina crece a un ritmo aproximado del 10% por década. Sin embargo, si analizamos el crecimiento de la población penitenciaria para el decenio 2006/2015, que es el último año en que existen datos oficiales proporcionados por el SNEEP (Sistema Nacional sobre Estadísticas de Ejecución de la Pena), resulta que el crecimiento fue de aproximadamente el 40% (unas 52.500 personas privadas de la libertad para 2007 a unas 72.700 para 2015).

Mis rudimentarios conocimientos matemáticos no me alcanzan para hacer el cálculo de cuál será el año en que toda la población argentina quedaría tras las rejas de mantenerse esta tendencia que, válido es decir, tiende a acentuarse. Lo cierto es que si cada vez encarcelamos a más personas de las que se incorporan al universo poblacional, llegará un momento en que ese universo general quedará alcanzado por la mancha que se extiende de modo inexorable.

Ahora, ¿existe una causa que justifique ese nivel de encarcelamiento? Dicho con otras palabras, ¿hay un incremento de la tasa delictiva para ese período?

Nuevamente, recurriendo a datos oficiales, elaborados por la Secretaría de Seguridad de la Nación, resulta que para el período 2008/2015 la tasa delictiva en la República Argentina aumentó un 10%, mientras que en el período 2014/2015 se registró un descenso del 3%. Es incuestionable que la tasa de encarcelamiento no guarda correlación con la tasa delictiva y que esta diferencia debe ser buscada en otros motivos.

Desde mi perspectiva hay dos razones fundamentales que empujan hacia arriba el incremento del encarcelamiento en nuestro país: a) el discurso oficial acompañado de reformas legislativas de carácter represivo y b) un accionar acrítico por parte del Poder Judicial (jueces y fiscales) respecto del fenómeno de la privación de la libertad.

a) Desde hace años (veinte años, por decir algo) la clase política en general, con honrosas excepciones que solo sirven para confirmar la regla, recurre en forma permanente a la reforma de la ley penal para responder a los reclamos de seguridad de una parte de la población, que es la parte de la población que cree que el problema de la seguridad se resuelve aumentando la cantidad de personas privadas de la libertad, pese a la demostración empírica de lo contrario. Las reformas legislativas que produjeron un notorio endurecimiento del Código Penal (aumento de las escalas penales, creación de nuevos tipos penales) estuvieron acompañadas de un discurso de tono punitivo que ha venido reclamando “más acción” por parte del Poder Judicial (léase, incrementar el encarcelamiento).

b) El Poder Judicial, y básicamente jueces y fiscales, hemos sido funcionales al reclamo político, manteniendo encarceladas a personas que, posiblemente, eran merecedoras de una solución alternativa (control por monitoreo electrónico, puesta a prueba bajo condiciones) y evitando las salidas de personas que se encontraban en condiciones de acceder a salidas anticipadas, luego de haber demostrado con creces su voluntad de reinsertarse de modo positivo en la sociedad.

La sumatoria de estos problemas redunda en un agravamiento de las condiciones de detención en la mayoría de las cárceles argentinas. La sobrepoblación genera condiciones deletéreas negativas: hacinamiento, dificultad para acceder a los derechos básicos y elementales (alimentación, salud, educación, trabajo) y violencia institucionalizada (entre carceleros y prisioneros y entre las propias personas privadas de la libertad). Como es obvio, en estos términos es dificultoso que los individuos que ingresan a las prisiones puedan egresar en mejores condiciones que cuando entraron.

La Argentina (y el resto de la región) necesita un debate sincero y desapasionado sobre sus políticas públicas en materia criminal: ¿cuántas personas se encuentra en condiciones de mantener privadas de la libertad? ¿qué tipo de delitos y personas pueden merecer soluciones alternativas a la cárcel? ¿qué función deben cumplir las prisiones?

Entretanto, continuaremos transitando los laberintos en que estamos atrapados.

Mario Juliano
Mario Juliano

Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea.

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