Pocos días después de que le practicaran una cesárea a Lucía, la nena tucumana de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela, un grupo de abogados antiderechos denunció a los médicos Cecilia Ousset y José Alberto Gigena por “homicidio calificado” por la muerte del feto. “La convirtieron a una incubadora humana sabiendo que una nena de 11 años tiene muchas más posibilidades de morir”, dijo hoy José Gigena en una entrevista con El Destape Radio.
En una provincia en la que la mayoría de los profesionales de la salud se oponen a garantizar el derecho al aborto legal, Gigena y Ousset fueron los únicos que se animaron a intervenir. Le practicaron la cesárea sin ningún tipo de ayuda: todos los médicos y personal del Hospital “Eva Perón” se habían declarado objetores de conciencia.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Homicidio 1 de San Miguel de Tucumán lleva la firma de la abogada María Teresa Mockevich, ex apoderada del Partido Demócrata Cristiano en la provincia y ex candidata a diputada nacional.
La persecución de los grupos antiderechos a los médicos y activistas que defienden el derecho la interrupción legal del embarazo se intensificó en las últimas semanas. La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito denunció el despido discriminatorio de Fernanda Fernandez, integrante de la Campaña de Tucumán, del Ministerio de Desarrollo de Tucumán. “Una clara represalia por su activismo a favor de los derechos humanos”, publicaron en el comunicado.
“Denunciamos por persecución política y discriminación laboral a la máxima autoridad provincial, gobernador Juan Manzur por este acto de disciplinamiento a una compañera defensora de los derechos humanos, quien, además recibió amenazas por cuestionar acciones de lxs funcionarixs y agentes del estado que impiden el acceso a las interrupciones legales de embarazos”, escribieron en el comunicado donde también pidieron su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo.
