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Cosecha Roja.-

A pocos días que se cumplan cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga, hoy se produjo el primer avance judicial en la causa principal: el juez Gustavo Banco aceptó el pedido de cambio de carátula a “desaparición forzada” y ahora la causa pasaría a la Justicia Federal. Ayer, en una causa paralela, un policía fue detenido acusado de golpear al joven en el destacamento de Lomas del Mirador, en el conurbano bonaerense, en septiembre de 2008.

El abogado de la familia de Luciano, Juan Manuel Combi, confirmó a Cosecha Roja que el juez aceptó el pedido realizado por la querella a fines de diciembre. Durante casi cuatro años, la justicia provincial investigó la “averiguación de paradero” de Luciano. Ahora, si la Justicia Federal de Morón acepta la causa, se empezaría a investigar la “desparición forzada” de Luciano Arruga.

En enero de 2009, Luciano Arruga, de 16 años, despareció después de ser detenido por un patrullero del destacamento de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. Un tiempo antes, Luciano le había contado a su familia que había sido detenido y golpeado por efectivos de ese destacamento. Lo tuvieron  siete horas encerrados en una concina, lo amenazaron de muerte le pegaron piñas y patadas en el cuerpo y en la cara. No quiso hacer la denuncia por miedo a una venganza.

Cuatro meses después, Luciano volvía a su casa de madrugada. Era el 31 de enero de 2009. Un patrullero lo paró en medio de la calle: según cuentan los vecinos, lo revisaron, lo maltrataron y lo dejaron seguir.

Un rato más tarde, a unas cuadras de ahí, en una placita, dos testigos vieron que un grupo de policías golpeó a un chico de campera blanca –como la que vestía Luciano esa noche- y lo metió en el patrullero. Otro testigo lo vio en el Destacamento de Lomas del Mirador –el mismo en el que lo habían torturado cuatro meses antes-, golpeado y ensangrentado. Esa persona fue la última que lo vio. Desde ese día, Luciano Arruga está desaparecido.

A partir de las denuncias que presentaron los familiares de Luciano, se abrieron tres causas en la Justicia. Una es por la desaparición del joven, caratulada como “averiguación de paradero”. “Pedimos que se cambie la carátula porque tenemos pruebas de que se trata de una desaparición forzada”, explicó Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales algunos días atrás durante una conferencia de prensa en la que participaron familiares y abogados de Luciano.

La otras dos causan son por la detención y la golpiza de septiembre de 2008 y por el encubrimiento de este hecho. “Se detuvo un menor ilegalmente, sin intervención de la Justicia de menores en un lugar que no posee lugar para alojar detenidos”, explicó a Cosecha Roja el abogado de la familia, Juan Manuel Combi.

En esta causa fue detenido ayer el oficial principal Julio Diego Torales, quien actualmente trabajaba en la comisaría 2ª de Laferrere. Fue pasado a disponibilidad hasta tanto se resuelva su situación procesal. Según explicó Combi, la causa está caratulada “severidades”. Ellos piden que sea cambiada a “torturas en situación de detención ilegal”. Esto permitiría procesar a todos los policías que no participaron activamente en la golpiza a Luciano pero estuvieron presentes en ese momento.

Después de conocerse la noticia, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH-La Matanza), querellantes en la causa por desaparición y torturas emitieron un comunicado en el que desmintieron que la detención de Torales fue por una investigación de Asuntos Internos, como hizo trascender el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. “Se llevó a cabo por orden del juez Gustavo Banco, a partir de la solicitud de los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas luego de la presentación de la familia como particular damnificada”, explicaron.

“Durante todo este tiempo -dice el comunicado-, la actitud del gobierno provincial fue, al menos, condescendiente con el pésimo accionar judicial y de la policía. No hay imputados en la causa principal. Por esto, junto con la familia, en diciembre pasado las organizaciones querellantes hicimos una presentación a la justicia provincial para que se investigue el caso como desaparición forzada de personas y pase a la justicia federal”. FInalmente, después de cuatro años, la investigación por la desparición de Luciano podría ponerse en marcha.