Foto: Originarios.ar
La Escuela Intercultural N.º 211 está en un lugar paradisíaco cerca de El Bolsón. A su alrededor hay cipreses, ñires y animales sueltos. Está en la zona de la Cuesta del Ternero, un lugar de tránsito de turistas que en verano van hacia las montañas más altas.
Pero lejos del imaginario argentino de El Bolsón hoy la escuela quedó en medio de una de las tantas zonas militarizadas. Para llegar a las aulas, niños y niñas tienen que pasar por cordones de uniformados. En cada una de las postas la Policía de Río Negro frena a la camioneta que los lleva, se sube, mira, inspecciona, controla quienes viajan y se asegura que solo sigan camino quienes están en una lista.
─Hay una mirada muy idílica de lo que es El Bolsón, la comarca y la zona andina. Ya no es un espacio de cuentos maravillosos, de bosque, de montañas y de paz.
La que habla es María Inés “Lua” Hernández. Tiene 57 años y es secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
─Hoy la comarca andina es una zona militarizada y apropiada por grandes terratenientes que no reconocen que esas propiedades fueron usurpadas a las comunidades originarias. Y lamentablemente, el gobierno provincial ha tomado partido y no por las comunidades.
En estos días 70 policías provinciales rodean la zona. Algunos están apostados sobre el corte de la ruta 6, que une Ñorquinco, El Bolsón y El Maitén, otros en el destacamento y algunos más en los dos retenes que impiden el paso a la lof QuemQuemtreu.
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La llegada de las fuerzas policiales provinciales fue el viernes 24 de septiembre. Entraron a la Lof Quemquemtreu, asentada en territorio mapuche recuperado recientemente, dispararon, se llevaron cuatro detenidxs, tiraron al piso a un niño de 8 años y le apoyaron la rodilla sobre la espalda.
El mecanismo de la Policía rionegrina no es novedoso. Es similar al que se desplegó cuando la prefectura asesinó a Rafael Nahuel por la espalda en la Lof Lafken Winkul Mapu, cerca de Bariloche. Así lo explica Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro:
─Simulan un posible acuerdo de diálogo, se habla con los fiscales y los jueces. Y luego lo rompen. Dicen que va a estar todo bien, pero de pronto llega la Policía y reprime.
El operativo del viernes 24 no fue con orden de desalojo, sino bajo la modalidad de identificación de personas. Para Orlando Carriqueo este es un punto fundamental a la hora de desarmar las mentiras que se tejen alrededor del pueblo mapuche.
─Para que haya orden de desalojo tiene que haber una usurpación. El tema es que a quien la provincia le reconoció la propiedad no es propietario ni tiene título de propiedad. No es poseedor, ni vive en el lugar. Con lo cual, la mayor irregularidad está dada en el reconocimiento que tiene la provincia sobre un particular que solamente ha plantado pinos y ha recibido los subsidios del Estado.
Orlando Carriqueo se refiere a Rolando Rocco, quien se considera dueño de las tierras pero en realidad sólo tiene un “permiso para forestar” tierras fiscales. Por año, aseguran, planta entre 30 y 50 hectáreas de pinos que avanzan en bosques nativos y en tierras ancestrales.
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Desde hace un mes cerca de 50 personas acampan al lado del destacamento policial, en la ruta nacional 6. Son vecinxs, organizaciones sociales, integrantes de comunidades que intentan acercar alimentos, abrigos, mantas a los integrantes de la lof QuemQuemtreu que huyeron a la montaña por la represión policial. También duermen los niños y niñas de la comunidad que van a la escuela. Nadie puede subir, ni pasar a la lof.
La escuela N° 211 es una de las pocas que reconoce a las identidades originarias y hace un trabajo de recuperación de la historia, el idioma, las prácticas como el telar y la cosmovisión de las comunidades.
─En la escuela intercultural los niños aprenden el respeto a la diversidad, el valor de vivir democráticamente dentro del marco de la no violencia.
María Inés “Lua” Hernández frena, piensa y termina la frase:
─Pero hoy esa escuela está rodeada de todo lo contrario de lo que ellos han ido aprendiendo.
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Río Negro es una de las pocas provincias que no tiene ninguna comunidad con título de tierras comunitario. Se resiste a aplicar la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena de 2006. Orlando Carriqueo da más precisiones: la provincia tiene cerca de 60 comunidades relevadas en los primeros años de aplicación de la ley. Hoy hay cerca de 100 comunidades más sin relevamiento.
──El gobierno de Río negro se niega al diálogo, tiene un discurso antimapuche y racista. No quiere relevarlas porque no quiere reconocer el derecho indígena de las tierras. Puede poner cualquier excusa pero la verdad es que no le interesa, no le importa, quiere preservar su hegemonía sobre las tierras.
Apenas asumió la gobernación Arabela Carreras tuvo una reunión con comunidades de pueblos originarios. Ahí firmaron un acta de acuerdo en el que el gobierno provincial se comprometió a varios puntos: hacer el relevamiento de la Ley N.º 26.160; reglamentar la Ley de Educación Intercultural Bilingüe y la Ley provincial N.º 2287 de tratamiento integral de la situación jurídica, económica, social, individual y colectiva de la población indígena; y poner en funcionamiento el presupuesto para el fondo de desarrollo de las comunidades.
─Nada de eso se cumplió ─dice Orlando Carriqueo─ Ahí está el dato más certero de la política indígena del gobierno de la provincia de Río Negro.
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─Acá Arabela Carreras y el intendente local Bruno Pogliano tienen una interpretación inadecuada y totalmente discriminatoria contra los pueblos originarios.
La partida de nacimiento de Raúl Pritula indica que nació en 1949 en el Hospital Pena en Buenos Aires. Pero desde sus 15 días vive en El Bolsón. Y hace 36 años que integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
─A las comunidades aborígenes las hacen responsables de todo. Acá pasa algo y “Ahhh es responsabilidad de los mapuche. Hay un crimen: “ahhh tuvo que ver un mapuche”. En cualquier tipo de situación que no quieren encontrar la explicación lógica, todo recae contra los pueblos originarios.
Raúl habla de los tres incendios que sucedieron en la zona. El 3 de octubre se quemó un centro de informes turísticos en la Ruta 40. Al día siguiente ardió un depósito de Vialidad Provincial en San Carlos de Bariloche. Y cerca de las 4 de la madrugada del miércoles 20 de octubre se prendió fuego el edificio de la calle Sarmiento del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón.
Un panfleto apareció en las cercanías. Decía: “Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden”. Y a partir de ahí lo ya conocido: Arabela Carreras y el intendente de El Bolsón dieron su interpretación: “Ataque terrorista mapuche”. La gobernadora amplio la denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal Penal y exigió el envío de fuerzas federales a la región.
Y desde los medios hegemónicos se montó el aparato mediático ya conocido. Para el domingo 24 de octubre una página completa en el diario Clarín promocionaba el informe que se emitió a la noche en el programa de Jorge Lanata con el título: “Indios al ataque”. La bajada decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina”. Un mapa mostraba medio país con los colores de la bandera mapuche.
Raúl despliega sus conocimientos de derecho:
─Es la misma historia, es el mismo accionar de estos grupos de medios, de periodistas o de políticos, que no esperan el resultado de la responsabilidad criminal que le puede otorgar el Estado. Olvidan que todo el mundo es inocente antes de ser declarado culpable, hacen este derecho a un lado y lo arrojan al cesto de la basura. Ofende que acusen solo por acusar, que digan infamias y que a esta clase dominante le parezca bien.
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, le contestó a la gobernadora: el Estado nacional “no tiene ninguna obligación”. Igual le envió 100 efectivos de la unidad móvil Nº 4 de La Pampa por “una cuestión de solidaridad”.
Raúl recuerda el incendio que sucedió en El Bolsón en marzo del 2021, en el que se quemaron cerca de 400 viviendas y murieron 3 personas. Cuenta que la pericia de gendarmería nacional confirmó que el incendio fue causado por un transformador de energía.
─Quedó demostrado que el causante del incendio fue el transformador y aún hoy hay periodistas que dicen que esos fuegos fueron productos de integrantes de pueblos originarios.
Orlando Carriqueo recuerda lo mismo:
─Nos acusaron primero pero después las pericias dijeron que se había producido por la caída de un transformador. Está documentado, filmado, fotografiado y hasta hay testigos. Pero la acusación que corrió por cuenta de Bullrich, Pichetto y Weretilneck quedó en el imaginario colectivo hasta hoy.
Para muchas personas de la zona los incendios y la militarización de Cuesta del Ternero tienen relación, aunque aún no hay pruebas que lo determinen.
─Si fueron capaces de asesinar a una mujer de más de 70 años para quedarse con el territorio, dudo que tengan otro tipo de escrúpulos como por ejemplo quemar y generar situaciones violentas. No hay escrúpulos en ese tipo de personeros del poder.
María Inés “Lua” Hernández se refiere a Lucinda Quintupuray, una antigua pobladora que en 1993 fue asesinada a balazos en su cama en el Paraje Cuesta del Ternero. Cuentan que Lucinda estaba presionada y que rechazó cada una de las ofertas que le hicieron para comprarle sus tierras. Lo mismo le sucedió a su hijo, Victorio Quintupuray. Apareció muerto en el Río Ternero. Nunca se supo quién los asesinó.
Para construir memoria la comunidad educativa decidió que la Escuela Intercultural N.º 211 lleve el nombre de Lucinda Quintupuray.
─Siempre los muertos están del lado de las comunidades, no hay un solo gendarme, policía, empresario que haya sido afectado.
María Inés “Lua” Hernández parece terminar. Pero tiene tiempo para una última reflexión:
─Y lo peor es que mucha gente cree que eso está bien. Y eso es lo que tenemos que romper. Ese sentido común es el que tenemos que poner en disputa. Sino esto, no va a terminar más.
