El virus de la comunicación oficial en Ecuador

Según el gobierno de Lenín Moreno se cuentan 4207 muertes por contagio de Covi -19, pero cada funcionario dice una cifra diferente. Acusan a una conspiración de trolls y fake news. Las funerarias colapsaron.

El virus de la comunicación oficial en Ecuador

Por Cosecha Roja
22/05/2020

Por Diego Cazar Baquero

La tasa de letalidad por coronavirus en Ecuador es la más alta de Sudamérica, con un porcentaje de 7,19%, y supera incluso la media mundial, que es de 6,96%. El sistema de salud colapsó, la red funeraria también. El presidente no pinta mucho y la comunicación gubernamental es un desastre. Los funcionarios rectifican versiones, “reclasifican” cifras y hay más de 130 cadáveres confundidos en medio de una ola de escándalos de corrupción. Primero negaron la realidad, luego la convirtieron en fake news desestabilizadoras y se interfirió en el derecho de la prensa a preguntar y repreguntar. Según el gobierno, al cierre de este reportaje se cuentan 4 207 muertes por contagio o probable contagio en un país de 17,4 millones de habitantes. Pero entre el 1 de enero y el 7 de mayo, Ecuador registró 40 052 fallecimientos totales, cuando el promedio histórico apenas superaba las 6 000 muertes cada mes en el mismo período.

Los rostros

Tres años después de asumir el poder, nadie sabe a ciencia cierta si el gobierno de Lenín Moreno tiene alguna estrategia de comunicación. Nadie entiende si los discursos oficiales se ciñen a un plan político concebido en esa entidad, si solo son reacciones apuradas a las tendencias en Twitter o condimentos para edulcorar el rosario de escándalos de corrupción expuestos durante la emergencia.

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Desde inicios de marzo, cerca de una docena de funcionarios -entre ministros, viceministros, subsecretarios y técnicos- se turnaron para hablar en cadenas nacionales e informes de rectificación o “reclasificación” de cifras, en propagandas o en las llamadas ruedas de prensa virtuales. Desde que se registraron los primeros contagios y las primeras muertes, todos ellos se pusieron esmerados en reducir la contundencia de la realidad y en bloquear el derecho de la prensa a preguntar y repreguntar. Pronto, la cantidad de muertes por coronavirus en Ecuador se convirtió en la más alta de Latinoamérica en relación con el número de habitantes. El sistema de salud colapsó, la red funeraria también. Las imágenes de cuerpos inertes en las veredas de los barrios guayaquileños dieron titulares a medios de todo el mundo.

El analista de discurso Iván Rodrigo Mendizábal habla de una “dispersión discursiva” en la comunicación del gobierno de Ecuador. “Comenzaron a emitirse diferentes tipos de excusas desde distintos frentes del gobierno, contradiciendo el uno al otro”, explica este profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Como si rindieran un examen de colegio, todos se cuidan de usar frases aprendidas: “El presidente Lenín Moreno ha dispuesto”. “Según las órdenes del presidente”. “De acuerdo con el mandato del señor Presidente”. Pero ese estadista, técnico, líder y conductor de la crisis es imaginario. Cuando el verdadero Lenín Moreno interviene no es siquiera capaz de una lectura comprensiva de los textos del teleprónter. Sus gestos son sobreactuados y sus guiones repiten ideas imprecisas, datos ambiguos y mensajes paternales que no convencen a nadie. “El propio presidente no toma la iniciativa de ser el comandante del trabajo operativo -analiza Iván Rodrigo-, su voz se ha perdido en medio de esas otras voces”.

El cuerpo encargado de hacer el levantamiento de cadaveres de la Policía Nacional a las afueras de Jorge Suárez, quien falleció de problemas respiratorios.

Moreno dice poco o nada. Y cuando algo dice, sorprende. El 2 de abril, apareció durante un minuto en cadena nacional. “He dispuesto que, usando todos los mecanismos posibles, se transparente la información. Por dolorosa que esta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad”. Esa misma mañana, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) contaban 198 fallecidos por COVID-19 o “por probable COVID-19”, mientras decenas de familias buscaban los cuerpos de sus muertos en los contenedores de congelación de los hospitales públicos. Doce días después, el 15 de abril, la Dirección General de Registro Civil ya había recibido 9 055 inscripciones de muertes en todo el país, de las cuales 6 703 ocurrieron en Guayas, la provincia más afectada, cuyo promedio histórico mensual antes de la crisis oscilaba entre las 1 700 defunciones. ¿En serio había que dar una orden para que la información pública sea transparente?

Las autoridades de Ecuador intentaron reducir la realidad acusando al torpe ejército de trolls de sus opositores por propagar fake news. Llevaban casi tres años confiando en que el millonario desfalco protagonizado por sus predecesores les alcance para justificar sus propios desaciertos, pero la pandemia desnudó del todo a unos y otros. A pesar de lo evidente, cuando lo de las fake news no se sostuvo más, intentaron posicionar la idea de que el avance del virus era culpa de gente desobediente.

Por las calles del barrio El Suburbio en Guayaquil se han abandonado ataudes vacios. Éstos ataúdes son abandonados cuando se hace un levantamiento de cadaver, ya que unicamente se llevan el cuerpos, los atañudes permanecen días ahí sin que los servicios de limpieza de la ciudad hagan algo por levantarlos.

Al menos en cinco ocasiones, desde que se decretó la emergencia, las autoridades han publicado cifras que se contradicen, bajo el pretexto de la “reclasificación”, o que lucen imposibles, como cuando a mediados de abril decidieron contabilizar los casos confirmados desde el momento de presencia de síntomas en los pacientes y no desde que se obtuvieran los resultados de las muestras. O como cuando el 6 de mayo la cifra de contagiados totales bajó a 29 420, cuando dos días antes era de 31 881. O como en los días -25 y 26 de abril, y 5 de mayo- en que no se difundieron cifras sin brindar explicación alguna a nadie. En mayo, ya las cifras de contagios confirmados y muertes comenzaron a bajar casi a diario, burlando el sentido común de cualquiera.

El 26 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que el 60 % de la población ecuatoriana se contagiará hasta junio, pero aclaró: “Eso no quiere decir que va a haber una mortalidad brutal, porque la tasa de mortalidad es muy chiquitica (sic), es alrededor del 1%, o menos de esa población”. O sea 174 908 personas, nomás.

La analista y directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, Paulina Recalde, lo resume en una frase: “No es posible comunicar bien lo que no se hace bien. Las cifras son el rostro más evidente de un manejo desprolijo, improvisado e indolente por parte del Gobierno”.

La campaña

El decano de jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y articulista de diario El Comercio, Fabián Corral resaltó que “la clase política del Ecuador no está a la altura de la situación, ni de lejos. Siguen viendo el cálculo político, están pensando en las próximas elecciones”.

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En un comunicado público, el 10 de abril, cerca de 100 periodistas del país exigieron que los espacios informativos en los que las autoridades se limitaban a contar sus versiones parcializadas de la crisis propiciaran la participación directa de todos los comunicadores, que se usaran plataformas de conexión abiertas para intervenir y que se dispusiera del tiempo suficiente para saldar las dudas de las audiencias. Pero en el país con más muertes de periodistas en el mundo durante la emergencia sanitaria, la exigencia obtuvo una respuesta a medias y la información no dejó nunca de llegar imprecisa y por goteo. Incluso el registro de fallecimientos no se ajusta a la guía internacional de la Organización Mundial de la Salud.

Paulina Recalde cree que el de Moreno “es un gobierno para el que los muertos son fake news; es un discurso que castiga y que apela a la indolencia”, detalla. Para ella, los antecedentes muestran falta de estrategia de comunicación y, al mismo tiempo, una práctica sistemática de negación de lo evidente. Los funcionarios callan. Se hacen los tontos. Se lavan las manos aunque ya están ‘infectados’, pues la crisis sanitaria desploma su intento de reducir a cifras disfrazadas esas muertes.

El 20 de abril, el COE Nacional aseguró que 1 333 personas habían fallecido por contagio o posible contagio desde que se inició la emergencia, mientras que el Registro Civil contabilizó 1 113 defunciones solo entre el 16 y el 20 de ese mismo mes. Ese día circuló en redes sociales un spot promocional de un cementerio que el Gobierno bautizó como Campo Eterno. En la descripción del ítem que es parte del informe de ejecución parcial del contrato se lee: “Campaña emotiva con un mensaje poderoso en homenaje a los que perdieron la vida en la batalla del COVID-19”. El guion técnico de la pieza audiovisual por la que el Estado facturó 14 000 dólares derrochaba estética y mostraba un ‘no lugar’ que eludía la realidad para hacerse propaganda en medio de la mortandad más dolorosa de la historia del país.

La Secretaría de Comunicación se apuró a esconder el video del cementerio Campo Eterno, apenas se desató la ola de críticas en su contra. Para Paulina Recalde, “las piezas que promocionan un camposanto están revelando cómo han entendido la crisis sanitaria. El lugar que tiene para el gobierno la vida, y también cómo entiende la muerte”.

Más cerca del mal gusto que del buen juicio, Ecuador carga con un gobierno sin alma y recuerda a miles de seres humanos ausentes, cuyo lugar no se reemplaza con palomitas blancas saliendo de una chistera.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales
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