Hoy debía tratarse la Ley de Emergencia Territorial Indígena en el Senado, pero lo dejaron fuera del orden del día. Un grupo de senadores anunció que intentaría que se trate sobre tablas. Finalmente se comprometieron a tratarla en la siguiente sesión, aunque no hay fecha. A continuación reproducimos un artículo de Sebastián Ortega para entender lo que está en peligro: 1500 comunidades originarias.
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Cada invierno con las primeras heladas, los pastores de la Lof Suyay Leufu del paraje Los Molles, en Mendoza, bajan de la cordillera arreando las cabras hacia los campos de veranada. La comunidad habita esas tierras desde hace varias generaciones pero no tienen título de propiedad. Un grupo de empresarios las reclama como propias. En mayo, los mapuches lograron frenar un desalojo ordenado por la Justicia amparándose en la Ley de Emergencia territorial indígena, que suspende los desalojos y establece el relevamiento territorial de más de 1500 comunidades. La norma vence el 23 de noviembre de 2017. En caso de no ser prorrogada, muchas de esas comunidades quedarían desprotegidas y muchas podrían perder las tierras en las que viven desde tiempos ancestrales.
Una semana atrás, el conflicto con la Lof Suyay Leufu llegó a la televisión porteña. A 22 días de la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería a mapuches en Chubut, el conductor Eduardo Feinmann entrevistó a la empresaria Rosita Aldao, quien acusó a las familias originarias de conformar una “organización armada”. “RAM usurpó hectáreas en Malargüe”, decía el graph, mientras Feinmann acusaba a los mapuches de “terroristas” y “usurpadores”.
La ofensiva mediática pretende vincular a pueblos originarios con organizaciones armadas “extremistas” (como publicó Clarín en su portada del 28 de agosto), con acusaciones insólitas, como las que sostienen que reciben “apoyo logístico de las FARC colombianas y grupos extremistas kurdos de Turquia”. La demonización de las comunidades indígenas es la antesala de la discusión por la prórroga -o no- de la ley de Emergencia Territorial Indígena y prepara el terreno para el avance de las fuerzas de seguridad en territorios que reclaman grandes empresarios como el italiano Luciano Benneton y el británico Joe Lewis.
Fuente: Amnistía Internacional
“Argentina cuenta con un marco muy bueno desde la Constitución Nacional pero existe una inseguridad jurídica enorme en el reconocimiento del territorio legal para las comunidades indígenas”, dijo a Cosecha Roja Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de DDHH en Amnistía. “El indígena violento que quiere ocupar media Argentina no es real. Hay un estigma y una persecución se extiende, cuestionando la legitimidad del reclamo indígena en general”, agregó.
Una ley de emergencia
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 y daba un plazo de 4 años para relevar los territorios de pueblos originarios en todo el país. La norma fue prorrogada en 2009 y 2013: en estos once años se inició el relevamiento de 759 de las 1532 comunidades identificadas. De esas 759, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) consideró que tenían los relevamientos “culminados” 459 comunidades. En otras palabras: se les reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública”.
Si bien la ley no contempla la titularización de las tierras, esa resolución es un paso previo imprescindible para avanzar en esa dirección. “El relevamiento es un reconocimiento del Estado de que un territorio es habitado por comunidad. Si la ley no se prorroga, quedan expuestas a posibles desalojos”, explicó a Cosecha Roja Luna Miguens, coordinadora del área de Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, Amnistía Internacional, el CELS y otras 15 organizaciones lanzaron una campaña para pedir al Congreso Nacional que prorrogue la Ley 26.160 hasta noviembre de 2021. “El 60 por ciento de las comunidades registradas por el INAI quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio. La finalización de esta ley dejaría a las comunidades sin resguardo ante la posibilidad de ser desalojadas”, sostiene un informe de Amnistía Internacional.
Vaca Muerta
La disputa entre empresarios y comunidades por las tierras se extiende a lo largo de todo el país. El territorio que la Lof mapuche Campo Maripe habita en Loma Campana, Neuquén, desde 1927, se convirtió en un botín empresarial en 2011, cuando YPF-Repsol anunció los deseos de explotar la formación petrolera Vaca Muerta. La comunidad quedó afuera del relevamiento de la ley 26.160. En julio de 2013, los mapuches ocuparon dos torres y forzaron la apertura de un canal de diálogo con YPF y el gobierno de Neuquén. La empresa se comprometió a iniciar un plan productivo para la comunidad y la provincia aceptó llevar adelante el relevamiento de las tierrras. Desde la comunidad denuncian que ninguno de estos acuerdos se concretó.
Una noche de septiembre de 2016 una caravana de camiones vibradores, martillos de impacto y vehículos con explosivos ingresaron en el territorio. La empresa Tecpetrol, contratista de YPF-Chevron, pretendía realizar una “exploración sísmica” para conocer el potencial de recursos de esas tierras. Desde entonces, la comunidad continúa resistiendo. En junio de este año, Gendarmería se instaló en territorio mapuche con el objetivo de garantizar la libre explotación de los pozos petroleros.
La Primavera
La comunidad qom Potae Napocna Navogoh, conocida como “La Primavera”, vive en la zona de Laguna Blanca de la Provincia de Formosa previo a la colonización. En 2014, el INAI y el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa realizaron el relevamiento en el marco de la Ley 26.160. El proceso violó el derecho a la consulta y la participación, ya que no hubo instancia de participación de la comunidad, y no tuvo en cuenta ni el croquis ni las narrativas donde los indígenas describieron los lugares en que desarrollan sus proyectos de vida. Como resultado, la vivienda de 17 familias, entre las que se encuentra la del cacique de la comunidad, Félix Díaz, fueron excluidas del relevamiento.
En los últimos once años, la Ley de Emergencia Territorial Indígena les permitió a los pueblos originarios ponerle un freno a la apropiación empresarial de sus tierras y avanzar en el reconocimiento de la posesión de la tierra.
Si antes de noviembre el Congreso no prorroga la norma, más de 1500 comunidades quedarían desprotegidas. La campaña que busca acusar a los pueblos originarios de terroristas quizás sea solo el principio de lo que está por venir.
