Honduras: Dos campesinos asesinados en zona de conflicto por las tierras

AguanPrensa Latina.-

Las autoridades hondureñas confirmaron hoy el hallazgo de los cadáveres de dos campesinos en la zona del Valle del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras.

Los cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición en un lindero de la finca La Concepción, atados de manos, con señales de torturas y varios impactos de armas de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Yoni Adolfo Cruz, de la Asociativa Campesina la Lempira del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), y Manuel Ezequiel Guillén, del Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (MOCRA).

El MUCA había denunciado que Cruz y Guillén resultaron secuestrados por desconocidos el jueves último en el asentamiento La Lempira.

Se trata del tercer crimen contra campesinos este mes pues el 16 de febrero último otro labriego de 55 años murió a manos de desconocidos que le dispararon cuando llegaba a su casa.

Se estima que en los tres últimos años murieron violentamente unas 90 personas en el Valle del Aguán, debido a conflictos por tierras controladas por latifundistas y empresas.

El jueves pasado 14 organizaciones campesinas de esa zona denunciaron que las autoridades militares ejecutan un plan para criminalizar y desarticular la lucha por el acceso a la tierra.

Uno de los dirigentes de esas organizaciones, Yoni Rivas, denunció que el coronel Gernán Alfaro, jefe militar de la zona, pretende enjuiciar a quienes denuncien los asesinatos de campesinos.

El conflicto de los labriegos contra los terratenientes en el Aguan comenzó en enero de 2010 cuando unos cinco mil de los pri,meros ocuparon siete mil hectáreas de tierra.

Ellos reclaman terrenos les fueron entregados durante una reforma agraria en la década de 1980 pero que algunos dirigentes traidores vendieron a los terratenientes.

La pasada semana un grupo de trabajo de la ONU pidió al gobierno de Honduras investigar presuntos delitos cometidos por guardias de seguridad privada y que garantice reparaciones justas a las víctimas.

Patricia Arias, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, dijo que en Honduras existen más de 700 compañías de seguridad privadas con unos siete mil miembros armados.

Esos elementos no son monitoreados por el Gobierno y resultan empleados por privados para reprimir manifestaciones y efectuar desalojos, constató el grupo de trabajo.

El equipo de expertos de la ONU mostró preocupación por presuntos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual cometidos por guardias privados en la región del Bajo Aguán.

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