vivos se los llevaronDavid Espino – Cosecha Roja.-

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Antes de que sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos con ayuda de policías municipales de Iguala, o policías municipales de Iguala con ayuda de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, asesinaran a tres estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecieran a 43 y mataran a otras tres personas más la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, una serie de circunstancias habían ocurrido en esta ciudad del norte de Guerrero.

Desde que José Luis Abarca Velázquez asumió como presidente municipal de Iguala, el 30 de septiembre de 2012, asesinaron al síndico del ayuntamiento, Justino Carbajal Salgado; levantaron a ocho activistas de la organización Unidad Popular, disidente al alcalde, y ejecutaron a tres de ellos. Y aparecieron más fosas clandestinas que en ningún otro lugar de Guerrero: desde cadáveres recién enterrados hasta osamentas con meses de inhumación.

Y desmantelaron un laboratorio donde se fabricaba heroína.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en Guerrero operan 21 células del narcotráfico a lo largo y ancho del territorio estatal. Del cartel del Pacífico, de Joaquín El Chapo Guzmán -ahora preso en un penal de alta seguridad-, opera La Barredora y El Comando del Diablo, con presencia en Acapulco. De La Familia Michoacana opera Guerreros Unidos y/o La Nueva Empresa en Tierra Caliente, Norte (región a la que pertenece Iguala) y Costa Grande del estado.

Del grupo que lideraba Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, antes de ser aprehendido, surgieron las células de El Indio, La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, El Güero Güetamo, Los Pelones, Los Marquina, El Yey, Santa Ríos Bahena, Iguana, El Pelos, El Mudo, Irving Eduardo Solano Vera. Operan sobre todo en Acapulco y en algunos puntos de la Costa Grande. Y las escindas del cartel de los Beltrán Leyva (a cuyo cabecilla, Arturo, mataron marinos en un enfrentamiento en diciembre de 2009) son: Los Granados, Los Rojo, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Zafiros, El Tigre y Los Ardillos. Tienen presencia en la Costa Grande y en la zona Centro del estado.

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En marzo de 2013 sicarios ejecutaron al síndico de Iguala, Justino Carvajal Salgado. El asesinato ocurrió la tarde del viernes 8, a unos metros de su casa materna. Dos semanas antes Justino había sido interceptado por un grupo de pistoleros justo antes de entrar al palacio municipal. No se supo qué fue lo que le dijeron, lo cierto es que lo golpearon con una pistola en la cara y estuvo una semana ausente, hospitalizado en la ciudad de México. Regresaba de recuperarse de estas lesiones y se incorporaba al trabajo habitual en el ayuntamiento, cuando fue asesinado de dos disparos: uno en el pecho y otro en la boca.

El crimen nunca se esclareció. Grupos opositores al alcalde, en especial la organización Unidad Popular que lideraba Arturo Hernández Cardona —un izquierdista de la vieja guardia, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero en 1990—, lo señalaron como uno de los probables responsables. Fue el mismo Arturo quien hizo una denuncia de hechos ante el Ministerio Público. Alertó que si no había sido el crimen organizado el que mandó matar al síndico, entonces había sido un actor político con tanto o más poder que el narco.

Dos meses más tarde, el 30 de mayo, Arturo Hernández Cardona y siete compañeros de Unidad Popular (Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amate Luna, Jaime Castrejón y Héctor Arroyo Delgado) fueron levantados cuando venían de una manifestación en una caseta de peaje cercana a Iguala. A Arturo, Félix y Ángel los ejecutaron y los abandonaron, tres días después, en un paraje en las afueras de la ciudad. En sus cuerpos había huellas de que habían sido torturados.

La noticia del asesinato se conoció cuando uno de ellos, Héctor Delgado, llamó al dirigente de una organización hermana, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz. En la llamada le dijo que habían matado a sus compañeros. Explicó que a Arturo lo mataron el 31 de mayo, a Félix el 1º de junio y a Ángel el 3 de junio, mientras que él y sus cuatro compañeros restantes lograron escapar.

La noticia indignó a los miembros de Unidad Popular que de inmediato protestaron en el ayuntamiento y arremetieron contra el edificio de gobierno. Allí señalaron al alcalde José Luis Abarca Velázquez como responsable y exigieron tomarlo como una línea de investigación por la confrontación que mantuvo con esa organización y su principal dirigente.

No fue una voz amorfa y al unísono la que responsabilizó al presidente municipal de la muerte de los tres activistas, sino que una regidora del PRD, Sofía Lorena Mendoza, esposa de Arturo Hernández Cardona, hizo un señalamiento directo contra el alcalde como el autor intelectual del triple asesinato. No pasó nada. Un mes después, en agosto de 2013, Nicolás Mendoza Villa, otro de los sobrevivientes, declaró ante el notario público 47, Alfredo Miguel Morán Moguel, de la ciudad de México que fue el mismo alcalde quien disparó contra Hernández Cardona.

En su declaración dijo: el 31 de mayo “alrededor de las 6:00 de la tarde, dos hombres cavaron una fosa. Ya muy noche llegaron tres personas de los cuales conozco y conocí a dos, y si me los ponen enfrente puedo señalar y son: el presidente municipal (de Iguala) de nombre José Luis Abarca Velázquez, el secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco, todas ellas con una cerveza barrilito en la mano”.

El alcalde ordenó a quienes los vigilaban que los siguieran torturando. “Al término el presidente José Luis Abarca se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona diciéndole: qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte. Al ingeniero (Hernández Cardona) lo siguieron torturando, y aproximadamente 10 minutos después, el director de Seguridad Pública lo levantó del suelo y lo llevaron a la fosa que estaba como a 10 metros de donde nos tenían. Es el presidente quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho. Lo dejaron tirado en la fosa. Comenzó a llover y no lo taparon. Quedó descubierto”.

La acusación fue presentada ante el Ministerio Público pero fue una noticia que sólo escandalizó a la prensa de Guerrero. La Procuraduría General de Justicia del estado, en cambio, no la consideró suficiente para promover un juicio de procedencia ante el Congreso estatal contra José Luis Abarca.

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De aquellos acontecimientos ha pasado un año. Aunque el tiempo no ha pasado en vano. Iguala siempre fue noticia que no pasa de la nota roja. De marzo a octubre de 2014 hallaron 60 cadáveres en diferentes narcofosas, sobre todo en la periferia. Allí también hallaron, el 10 de abril, un laboratorio en el que se producía heroína. La denuncia la hizo un vecino cuyo nombre fue conocido: Ernesto Pineda Vega. Terminó detenido y encarcelado (acusado de secuestro) y su hermano, Inocente, ejecutado dos meses más tarde, el 28 de junio, por sicarios que entraron a su casa.

En todo Guerrero han pasado cosas similares. Quizá por eso ya nadie se espante. El 19 de febrero aparecieron en Taxco 25 cadáveres en una zona llamada Cerro La Antena, en diferentes fosas (en 2010 en una mina de plata, en el mismo municipio, 54 cadáveres fueron arrojados desde un respiradero). Entre marzo y abril, en Acapulco, encontraron 14 cuerpos en diferentes tumbas clandestinas. Y en junio, en Zumpango -a 20 minutos de Chilpancingo-, fueron hallados 14 cuerpos, entre ellos tres mujeres, dos de ellas de 15 años, en un lugar llamado Ojo de Agua.

Salvo el de una chica de nombre Paola Yaretzi, todos los cadáveres fueron llevados a la fosa común cuyas lápidas apenas tienen dos siglas: SN, sin nombre.

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Ahora hay más nombres que sumar a la lista de víctimas del narco y la policía, de la policía y el narco. Los tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa asesinados entre el 26 y el 27 de septiembre -Aldo Gutiérrez Salgado, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón-; un jugador de fútbol del equipo Los Avispones que venía de regreso a Chilpancingo, luego de jugar contra Iguala -David García Evangelista-; el chofer que conducía a Los Avispones -Víctor Lugo Ortiz-; y una mujer que viajaba en un taxi y que pasaba por ahí cuando los sicarios balanceaban el autobús -Blanca Montiel Sánchez-.

A pesar de que el alcalde renunció el 30 de septiembre, está prófugo y tiene una orden de aprehensión en su contra, se siguen sumando víctimas: los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, 28 de los cuales, se teme, puede que sean los hallados entre el sábado y el domingo en las fosas clandestinas de Pueblo Viejo, en Iguala.

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