A dos años del crimen de la trabajadora social: justicia por Laura Iglesias

Cosecha Roja.-

Laura Iglesias apareció muerta en la entrada de Miramar hace dos años. Era trabajadora social y la policía encontró su cuerpo atado a un arbusto a unos 200 metros del auto con el que había ido a ver a uno de sus tutelados del Patronato de Liberados. El organismo donde trabajaba la asistente social nunca reconoció que su muerte fue en horario laboral. “No fue un caso de inseguridad, a mi mamá la violaron de una manera brutal y horrible”, dijo a Cosecha Roja Lucía, hija de Laura. Este año los familiares y militantes se vuelven a juntar para pintar murales y pedir justicia a las 9 en Plaza Italia, La Plata.

El juicio por el crimen de Laura empieza el 8 de junio. El único acusado es Esteban Cuello, un joven de 23 años que tenía antecedentes por delitos sexuales. Pero los familiares creen que no hay un solo responsable y denuncian que la Policía Bonaerense, a cargo de la investigación, tuvo participación en el femicidio. “No se abrieron nuevas líneas de investigación y los peritajes nunca se hicieron, no se tuvo en cuenta que mi mamá trabajaba en el estado y con personas que tenían conflictos con la ley penal. Nunca los citaron a declarar”, dijo Lucía. Antes de ser asesinada, la asistente social denunciaba que la Policía Bonaerense les pedía coimas a algunos de los tutelados.

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Laura se había mudado a Miramar junto a su hija y su nieta. Formaba parte de un grupo de trabajadoras sociales del Patronato de Liberados que cuestionaba la impronta punitiva de la institución y militaba en Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Querían lograr la inclusión social de los detenidos a los que acompañaban en el proceso de liberación. “Era una apasionada. Todo lo que tenía lo ponía en su trabajo, y lo que no tenía, también lo ponía”, contó Lucía.

El 29 de mayo de 2013, a pesar del paro, Iglesias fue a visitar sus tutelados. Viajó en su Renault 9 azul por la ruta 11. El auto se descompuso y fue a la casa de una amiga que la acercó hasta Mar del Plata. Más tarde volvió a Miramar para buscar el auto y mandarlo a arreglar. Esa fue la última vez que la vieron con vida.

Al día siguiente a las 10 de la mañana los perros de la policía encontraron el cuerpo. Estaba sentada en un descampado con la ropa puesta, con manchas de barro y ramas en el cuerpo -como si hubiera sido arrastrada- a unas treinta cuadras del centro de Miramar. El informe de los médicos forenses indicó que el asesino la había golpeado con fuerza en distintas partes del cuerpo y la había violado más de una vez. Laura murió por asfixia: la estrangularon con el cordón de una zapatilla.

Después de la autopsia, los forenses hicieron pruebas genéticas sobre el cuerpo de la víctima. Los resultados coincidieron con el ADN de Esteban Cuello, el único detenido. Un vecino llamó a la policía porque lo vio por la zona el mismo día del crimen. El joven de 23 años tenía antecedentes de violación y quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº44 de Batán.

A los tutelados de Laura y las compañeras del Patronato de Liberados no los citaron a declarar. Los familiares de la asistente social exigen apartar a la Bonaerense de la investigación. Pero la nueva fiscal Ana María Caro que lleva el caso le pidió a la policía que haga las pericias y negó que haya más responsables que Cuello. “Para este caso no hay nada más que silencios y mentiras”, dijo Lucia. Ella denuncia que faltan pruebas y que hay evidencias adulteradas: pelos que era de un color y aparecían de otro tono y datos que no estaban bien tomados.

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Esteban Cuello tenía que estar tutelado por el Patronato de Liberados Bonaerense, pero no tenía asistencia por un problema burocrático. No es el único caso. Las trabajadoras sociales -en su mayoría mujeres- tienen que asistir a 7000 personas en conflicto con la ley penal. Para ellas, el crimen de Laura era algo que se veía venir por las condiciones laborales. Después del asesinato – y gracias a una medida gremial de ATE- cada asistente trabaja con 30 tutelados, pero para cubrir a toda la población -como lo hacían antes- tendrían que hacer un seguimiento de 150.

“A las asistentes las persiguen y los familiares de los tutelados las echan a fuerza de patadas y gritos”, denunció Lucía. El Patronato no les da seguridad ni protección laboral y ellas armaron su propio sistema: se acompañan a las entrevistas y van de a dos al trabajo de campo. No dan abasto con las tareas. “La lógica del Patronato no cambió, es como si no hubiera pasado el tiempo”, dijo a Cosecha Roja Concepción, compañera de trabajo y militante de ATE. La institución nunca se hizo cargo de que el crimen ocurrió mientras estaba trabajando y ellas respondieron con medidas de fuerza: hubo paros extensos pero todo siguió igual. “Pedís que alguien te acompañe y no te dan ni cinco de pelota. ATE cambió pero el patronato no”, dijo Concepción.

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El crimen de Laura Iglesias tuvo características similares a dos casos que ocurrieron en la zona: los de Natalia Melmann en Miramar y Mara Matheu en Santa Teresita, en el Partido de la Costa. Mara fue golpeada, violada y ahorcada con un cordón. Encontraron el chip de su celular en el teléfono de la hermana de un policía. A Natalia la subieron a un patrullero, cinco policías la violaron y después la  mataron.

Por el asesinato de Melmann fueron condenados a cadena perpetua tres oficiales de la bonaerense, Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini. En 2012 el padre de Natalia denunció que les habían otorgado el beneficio de las salidas transitorias de la cárcel. La familia de Laura creen que estos crímenes están relacionados con el de la trabajadora social.