La guerra contra las drogas mata más que el consumo

Informe CELSCosecha Roja.-

A la familia de Carlos la extorsionaron para liberar a su hijo detenido por 5 gramos de marihuana en México DF. A Fernando -un albañil argentino- lo condenaron a cuatro años de prisión por ocho plantas de marihuana. Miriam fue obligada bajo tortura a dar una declaración falsa y quedó presa en Baja California. A Miguel lo detuvo la policía por 78 gramos de marihuana: horas después, apareció muerto en la celda. “Las consecuencias de la ‘guerra contra las drogas’ son mucho más nocivas que las drogas”, dijo Horacio Verbitsky, presidente del CELS, en la apertura del seminario ‘De la prohibición a la regulación’, en la Universidad Torcuato Di Tella.

Aumento de represión estatal, detenciones masivas, punitivismo penal y violencia como forma de regular el mercado son algunas de las consecuencias a las que se refirió Verbitsky y los casos son parte del informe “El impacto de las drogas en en los DDHH, la experiencia del continente americano”, un trabajo elaborado por el CELS y otras 16 organizaciones internacionales. “Hay que contribuir con herramientas para la construcción de un nuevo paradigma sobre la base de principios, políticas en las que la variable de ajuste no sea la violación de de los Derechos Humanos”, dijo Gastón Chillier -director ejecutivo del CELS- durante la presentación.

“La violencia asociada al narcotráfico no puede separarse de la prohibición y la satanización alrededor del tema”, explicó Verbitsky. La prohibición de drogas creó un gran mercado ilegal que es manejado por organizaciones poderosas y que generan cada vez más violencia en la región. “Las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los DDHH de miles de personas, sobre todo de aquellas que son judicializadas y enviadas a las cárceles (espacios que suelen caracterizarse por el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención)”, dice el informe. Chillier explicó que, desde que se comenzó a cuestionar el paradigma prohibicionista, la violación de derechos pasó de ser entendida como un ‘daño colateral’ a ocupar un lugar central en la reflexión.

Miguel Ángel Durrels era un cuidador de caballos de 29 años. Lo detuvieron el 8 de septiembre de 2013: tenía encima 78 gramos de marihuana. Lo llevaron a Comisaría 1° de Pilar. Quedó en un calabozo inhabilitado y doce horas después apareció ahorcado con un cable eléctrico. Su cuerpo tenía golpes en la cara y en el tórax. Desde el inicio de la investigación, los relatos de los policías fueron contradictorios e imprecisos.

“Aquí en la Argentina el tema del narcotráfico es uno de los argumentos con los cuales las distintas policías manejan la relación con los jóvenes varones de los barrios pobres. Cuando algún adolescente o joven es detenido con un cigarrillo inmediatamente se le plantea la alternativa: o cárcel o trabajás para nosotros”, dijo Verbitsky.

A Carlos lo detuvieron caminando por México DF con dos amigos. La policía lo interrogó y él confesó que tenía menos de 5 gramos de marihuana. Como vio que lo detendrían ofreció 50 pesos de coima pero los oficiales exigieron más:

– Por lo menos 100 cada uno.

Carlos pasó la noche en la agencia del Ministerio Público. Los policías llamaron a la mamá y le pidieron 20 mil pesos. Pocos días después, aumentaron el precio: por 30 mil, cerrarían el caso. Ella se negó y levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Desde entonces, no han cesado las amenazas. El expediente de Carlos sigue abierto.

En México, la guerra contra el narcotráfico generó más de 70 mil asesinatos. En 2012 llegaron a 50 mil los militares que cumplían ‘tareas de seguridad pública’ y hubo más de 5 mil quejas por torturas y maltratos, más de 22 mil víctimas de desaparición forzada y más de 280 mil personas desplazadas por la violencia. Honduras tiene la tasa de homicidios más alta entre 207 países del mundo: 92 asesinatos por cada 100 mil.

Juan es colombiano y estudia filosofía. La noche del 1 de julio de 2012 la pasó entre el baño de la estación de policía -incomunicado y esposado- y un calabozo. Contó que, esa misma noche, conoció a varios otros detenidos: todos consumidores de sectores populares que habían sido arrestados con cantidades de marihuana inferiores a lo permitido.

Según el informe, en Colombia, en los ochenta -cuando los protagonistas de la violencia fueron las grandes mafias-, se alcanzó la tasa más alta de homicidios de las últimas cinco décadas: 81 cada 100 mil habitantes.

En febrero de 2013 la Policía Bonaerense entró a la casa de Fernando Colombini, albañil y argentino. Los oficiales sacaron a la vereda las ocho plantas de marihuana que encontraron y las desgajaron para que parecieran más. Fotografiaron las plantas y se llevaron esposado a Fernando, aunque no le encontraron prensas, ni balanzas ni nada que probara que fuera un comerciante. Estuvo preso en los penales de Magdalena y Olmos y después le dieron domiciliaria. En septiembre de 2014 la Justicia lo condenó a cuatro años de prisión.

La ley vigente en Argentina (23.737) es de 1989, tiene un marco prohibicionista y la intervención penal como herramienta prioritaria. “A pesar del fallo de la Corte suprema se sigue usando como causal de detención. Entre 2010 y 2012, entre el 20 y el 25 por ciento del total de las detenciones de la Policía Federal fueron por la ley de drogas”, dijo Chillier. También propuso “medidas concretas y posibles que los Estados deben abordar para cuestionar el modelo prohibicionista y reducir su impacto”: explorar respuestas no punitivas, orientar la persecución a las organizaciones criminales, descriminalizar el consumo y el autocultivo, establecer penas y condenas proporcionales y coherentes con los otros delitos, desarrollar políticas de salud con perspectivas de DDHH y pensar alternativas distintas al encarcelamiento a quienes cometen delitos no violentos.

El seminario ‘Drogas: de la prohibición a la regulación’ continúa mañana.

Foto: Cels

[Nota publicada el 20/7/2015]

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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