La guerra narco de Macri

En pos de metas imposibles, el presidente Mauricio Macri presentó hoy el acuerdo “Argentina sin Narcotráfico”, que se suma a los eslóganes, también utópicos e irrealizables, de “Narcotráfico cero” y “Derrotar al narcotráfico”.

Nunca antes ningún país del mundo logró estos objetivos. Muchos ya ni siquiera se los plantean. Por el contrario, la llamada guerra contra el narcotráfico que privilegió estrategias policiales y militaristas y que persiguió la oferta sin prevenir la demanda, sólo provocó violencia, aumento de la producción y consumo de drogas y fortaleció al crimen organizado.

Hace poco, Macri me aclaró en una entrevista que “derrotar al narcotráfico” era apenas una aspiración porque “ya en lograr que se reduzca el tráfico de drogas en nuestro país, que se reduzca el nivel de impunidad que los narcotraficantes han tenido durante la última década es una derrota para ellos y una victoria para nosotros”.

Más allá de las buenas intenciones, el problema central de “Argentina sin Narcotráfico” es que carece de un diagnóstico claro, confiable y certero. Se basa en la idea generalista del “avance narco” sin explicar, sin demostrar con datos a qué se refiere, cuál es la verdadera escala del problema.

El presidente felicitó a Patricia Bullrich (la ministra de Seguridad que llegó a escribir en las redes sociales “Todo tiene que ser considerando droga más allá de que sus ingredientes no sean drogas”) y aseguró: “la droga aumenta la violencia, va captando a nuestros chicos que terminan asesinando sin darse cuenta de lo que están haciendo”. El discurso oficial refuerza así estereotipos que no se condicen con la realidad, ya que la droga criminógena más importante es el alcohol. Y es legal. Los consumidores de drogas ilegales no salen a delinquir en masa.

Después de criticar, con razón, a los pasados gobiernos que ignoraron el narcotráfico, Macri convocó a “ganar esta guerra” y retomó el peligroso discurso bélico que en México, por ejemplo, derivó en cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Pero vayamos al documento.

El acuerdo “Argentina sin Narcotráfico”, avalado por el presidente de la Corte Suprema, diputados, senadores y gobernadores, consta de once páginas, está dividido en seis capítulos y comienza con el compromiso de “no sólo a dar la pelea sino también a ganarla”.

En el primer apartado, se propone la erradicación del “paco” con políticas punitivas como el aumento de penas para quienes lo elaboren, distribuyan y vendan, y el despliegue de “Barrios seguros”, un programa que permitirá a las fuerzas policiales ingresar a los barrios con mayor índice de violencia “para impedir el dominio territorial de las bandas de narcotraficantes”. Pretexto ideal para estigmatizar y violar Derechos Humanos, como ya ocurre de manera cotidiana en las villas.

El resto del primer capítulo refuerza las estrategias meramente policiales, con la creación de grupos especiales en las Fuerzas de Seguridad y su preparación “según los más altos estándares internacionales para la lucha contra el narcotráfico”. Como novedad incorpora la confiscación de bienes provenientes del narcotráfico y la creación de un Consejo Federal de Precursores Químicos.

Algunos aspectos favorables del acuerdo se incorporan en el tercer capítulo, dedicado por completo a la Prevención y el Abordaje Integral de las Adicciones, con la realización de campañas hasta hoy inexistentes que eviten “la multiplicación de los estereotipos que profundizan la estigmatización” de los consumidores, y con una atención especial a los adictos en condiciones de vulnerabilidad social. Este sería un verdadero y necesario cambio cultural: los usuarios deben dejar de ser considerados como delincuentes.

Pese a que en el acuerdo hay un compromiso de tomar decisiones con base “en la evidencia científica”, después titubea y vuelve a rozar los prejuicios moralistas al anticipar campañas “para evitar que el consumo sea percibido como una conducta natural”.

Lo realmente positivo del documento es que plantea el desarrollo de “políticas de reducción de la demanda con estricto respeto a los Derechos Humanos haciendo enfoque en el sujeto como el eje rector” y se compromete a no criminalizar el consumo ni las adicciones. Para ello serán fundamentales cambios legislativos.

En resumen, “Argentina sin Narcotráfico” parte de metas imposibles, fortalece la estrategia policial y suma campañas de prevención y enfoques de Derechos Humanos, pero nada dice de la necesidad de regular el mercado de drogas ilegales, como la legalización de la marihuana medicinal que analiza el Congreso, o de incorporar programas de reducción de daños, lo que confirma el retraso del país en el escenario de nuevas políticas de drogas que ya avanzan en América y Europa.