Los hermanos Toledo iban en moto por el barrio. En un control de rutina de la policía de Río Negro les pidieron los papeles. Ellos los entregaron, pero no tenían el seguro al día. Los nueve agentes del operativo secuestraron el vehículo, los golpearon y los llevaron presos. Jorge Toledo quiso registrar el momento en el que los policías arrestaban a sus dos hijos. Lo corrieron y lo golpearon por estar grabando con el celular: también se lo llevaron detenido a él.

Entre puteadas y forcejeos, los vecinos del barrio El Frutillar comenzaron a filmar lo que pasaba a las 3 de la tarde del martes. Uno de ellos era Jorge, el papá de los dos chicos. En el video difundido por una radio comunitaria se puede ver como Jorge se acerca para grabar con su teléfono y tras la molestia de algunos policías es detenido de forma violenta.

– Vos no me podes llevar porque yo no cometí ningún delito – gritó el hombre de campera azul mientras corría para no ser alcanzado por los policías.
– Están haciendo un abuso muy malo ustedes – dijeron los vecinos que también filmaban la escena.
– Este tiene que entender que no me puede tocar – quiso justificarse el más alterado de los uniformados.

El registro de Radio Estación Terrena pasa las 124.000 reproducciones en Facebook. El video termina con los dos hijos y el padre arriba de la camioneta de la policía.

Lejos del glamour del Llao Llao y los centros de esquí, la realidad en los barrios de la ciudad del turismo es dura. El prontuario del accionar de la Policía de Río Negro en Bariloche es turbio. Todavía resuenan en el Alto las muertes de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en 2010, o la trama oscura del caso del oficial Lucas Muñoz.

Este mediodía el gobernador Alberto Weretilneck dijo que no había ningún peligro y que esa detención no se debería haber hecho. También contó que iniciaron un sumario interno. Así, Weretilneck contradijo la propia versión de su policía, que justificó el arresto diciendo que Toledo había agredido a un oficial.

Ni en Río Negro ni en el país, existe normativa alguna que prohíba filmar el accionar de funcionarios públicos. Sacar una foto o filmar son derechos propios de la libertad de expresión reconocidos y protegidos por la Constitución en los artículos 14 y 32, y también en los tratados de Derechos Humanos.

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