Los jóvenes toman la bandera de los Derechos Humanos

Anita Aliberti – Cosecha Roja.-

“Vine a buscar respuestas”, dijo Manuel. Es el hermano de Laura Iglesias, la trabajadora social del Patronato de Liberados asesinada en 2013 en Miramar. Él y otras 300 personas participaron del II Encuentro de Familiares Víctimas de la Violencia Institucional que organizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en los hoteles de turismo social de Chapadmalal.

Junto con otras compañeras, Laura Iglesias cuestionaba la impronta punitiva de la institución y querían lograr la inclusión social de los detenidos a los que acompañaban en el proceso de liberación. “Desde su trabajo Laura militaba para rescatar a quienes habían equivocado el camino, porque creía en ellos. A la policía corrupta eso le molesta”, dijo a Cosecha Roja Manuel, que asiste al encuentro por primera vez. Si bien la justicia ya condenó a un hombre por el crimen de la hermana, él quiere que se periten todas las pruebas que quedaron afuera para investigar a los coautores del hecho: “es imposible que el único condenado haya actuado solo”.

Durante el 7 y 8 de noviembre, Manuel, otros familiares de víctimas de violencia institucional y miembros de organizaciones sociales de todo el país participaron de talleres y mesas de debate con el objetivo de construir herramientas que permitan un mejor acceso a la justicia. En la apertura hablaron Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“En este momento que está viviendo el país es importante que se organicen, que generen redes. Tienen que saber qué hacer en cada caso porque no estamos seguros si lo que se viene la continuidad o un cambio brusco”, dijo Pérez Esquivel. Para Cortiñas, “justicia es un logro de los últimos año, por eso lamentamos mucho que este gobierno esté finalizando. Logró cosas importantísimas en materia de DDHH. Gane quien gane vamos a tener que seguir con la misma fuerza. No vamos a permitir que nos arrebaten lo logrado”.

A diferencia del primer Encuentro de Familiares que buscó establecer una agenda de trabajo, esta vez se trabajó en la construcción de herramientas a través de los talleres para facilitar el acceso a la justicia. “La experiencia nos dice que las violencias se articulan. La judicial, por ejemplo, abarca desde negar el derecho a la información que posee la víctima hasta la demora de las causas. El derecho a la verdad es autónomo de la justicia”, contó a Cosecha Roja Margarita Jarque, asesora legal de Litigio Estratégico de la CPM.

Para Jarque, el taller de comunicación fue importante para visibilizar los casos. “No siempre estas causas son noticia para los medios hegemónicos o de mayor audiencia, es importante formar en el uso de las redes sociales o de los medios alternativos”, dijo.

Del encuentro participaron más de 20 organizaciones como FAVISIC, ACIFaD, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Familiares de la Masacre de Quilmes. También estuvieron el Observatorio de DDHH de Río Negro y la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de Santiago del Estero.

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Un grupo de pibes llega a la comisaría a preguntar por dos de sus amigos que se los llevó la policía. Los echan a empujones. La promotora de los DDHH les dice que los jóvenes tienen derecho a que los funcionarios públicos los traten bien porque son ciudadanos. “¡Posta! Es así”, grita una chica. El público aplaude. Los actores son del Centro Cultural Hugo Chávez del partido de Moreno y llevan remeras negras que dicen “Justicia por Seba Bordón”, un chico que en 1997 la policía torturó hasta la muerte.

Este año y por primera vez el Encuentro de Familiares coincidió con el 14° Encuentro de Jóvenes y Memoria, donde más de 2 mil estudiantes secundarios bonaerenses se reúnen cada año para debatir qué significan para ellos los Derechos Humanos. De los 970 proyectos de investigación que se presentaron en la convocatoria, casi 200 abordan la violencia institucional. “Siempre pensamos que ustedes son el futuro. Son el presente”, les dijo Miriam, la mamá de Bordón cuando terminó la obra.

Si bien ambos encuentros fueron organizados por CPM, cada uno se pensó por separado. En la práctica, los jóvenes asistieron a las actividades para los familiares de víctimas. Ahí Bruno le pidió un autógrafo a Adolfo Pérez Esquivel y Valeria se sacó una selfie con Nora Cortiñas. Otros se animaron a pedir la palabra: “Mi nombre es Camilo de la escuela Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y quería decirles que no se preocupen que el día en que ustedes no estén nosotros vamos a llevar la bandera de los Derechos Humanos”.

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“Si los familiares no tuviésemos a la CPM no sé qué haríamos”, dijo a Cosecha Roja Gustavo Jaramillo. Su hijo Sergio apareció ahorcado en la celda 1 del pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela en julio de 2004. Fue el primer caso que patrocinó la CPM ante la justicia. “Es muy difícil que la defensoría te trate como familiar de un detenido: lo hacen como si tu hijo fuera un delincuente. Te dicen ‘algo habrá hecho’”, contó. La causa de su hijo está por prescribir pero la familia no pierde las esperanzas: “Estar acá con otros familiares te hace sentir menos vulnerable”.

En los últimos dos años 304 personas murieron bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense, según el informe anual de la CPM. La institución presentó además 9.822 habeas corpus ante el Poder Judicial en el que registraron 20.986 hechos de torturas o malos tratos.

Pelagio es el papá de uno de los cuatro pibes que murió por asfixia en la Masacre de Quilmes. A pesar de que pasaron 11 años, todavía le cuesta hablar de su hijo sin llorar. Elías era menor de edad, lo ‘levantaron’ en la calle y lo detuvieron en una celda de la comisaría junto con otros seis adolescentes. Después de una requisa violenta los jóvenes incendiaron colchones a modo de protesta.

– ¿Ustedes quieren fuego? Acá tienen fuego – dijeron los policías y ‘tiraron algo’ por debajo de la puerta.

Tardaron quince minutos en abrir el calabozo y cuarenta en llamar a los bomberos. “Nadie tiene que conocer sus derechos a raíz de la muerte de un familiar. Hay que decirle basta a la policía”, dijo a Cosecha Roja Pelagio.

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Durante el cierre del II Encuentro de Familiares de Víctimas, la CPM firmó además un convenio con la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional para trabajar en conjunto. Leo Grosso, diputado por el FPV y Coordinador de la Campaña, dijo que para ellos es ‘una perla’: “reafirma la voluntad y la vocación de trabajo colectivo en esta idea política que perseguimos, que es la unidad de todos los sectores que luchan contra la violencia institucional”.

La Campaña se creó el en junio de 2012 y plantea un trabajo conjunto entre familiares de víctimas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Fuero Penal Juvenil de La Plata. Además, mantiene abierta la convocatoria a los distintos sectores de la sociedad. Para Grosso, “la violencia institucional es la gran deuda que tiene hoy la democracia junto con las reformas policiales y judiciales”.

Fotos: Valentina Bruno, Jóvenes y Memoria, CPM, Facebook Fernanda Nicora

Nota publicada el 13/11/2015