Julia Muriel Dominzain – Cosecha Roja.-
Lucas Mendoza fue preso por primera cuando tenía 16 años, en 1997. La Justicia lo condenó a perpetua y creció en la cárcel. “Me perdí la adolescencia, la juventud y la madurez”, contó a Cosecha Roja. En 2007 un grupo de penitenciarios lo torturó, él los denunció y encarceló. Quince años después la Corte Interamericana de DDHH consideró que la pena para el adolescente era desproporcionada y constituía “trato cruel e inhumano”. La Justicia argentina lo excarceló y en abril de este año volvió a caer. Aunque se hicieron varios pedidos para que espere el juicio en libertad, sigue detenido, en manos de los mismos hombres a los que denunció. “Espero salir vivo de acá adentro”, dijo desde la Alcaidía Penitenciaria Malvinas Argentinas.
Esta semana los jueces le negaron el pedido de prisión domiciliaria que era acompañado por un amicus curiae firmado por la Comisión Provincial por la Memoria y la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. “La Justicia no está teniendo en cuenta su situación particular: ni la cantidad de tiempo que estuvo detenido ni las torturas ni su delicada situación particular”, dijo a Cosecha Roja el abogado de Lucas, Nicolás Robles. Y explicó que “en la lógica penitenciaria los internos que denuncian están mal vistos y reciben un trato especial”.
Además, Lucas sufre problemas de salud: en el ojo izquierdo tiene escasa visión por un pelotazo y en el derecho una cicatriz por toxoplasmosis congénita. “En un penal la atención médica es paupérrima: no es que pedís un turno y te atiende un médico. Hay que reclamar. Si reclaman les pegan. Si quieren, los atienden”, contó Robles.
Y si sos Lucas Mendoza las cosas son más difíciles. Todos lo conocen porque denunció al servicio penitenciario, tiene 35 años y pasó casi la mitad de su vida en penales.
– Cuando entré acá no conocía nada de la vida. No me había enamorado, no sabía lo que era la alegría, no sabía qué estaba bien ni qué estaba mal – contó.
Ahora, tiene novia por primera vez. La conoció durante el tiempo que estuvo fuera de la prisión, en Fuerte Apache, donde había vivido de niño con su familia.
– La tenía de vista y un día fui a la casa, me senté, le conté que me gustaba y todo lo que había pasado en mi vida. Le dije: “tengo que aprender todo, yo no sé nada de noviazgos ni esas cosas pero me gustás”.
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En 1997 Lucas iba a segundo año de una escuela industrial de Ciudadela. Lo detuvieron el 21 de enero junto con su hermano y otro joven de 20 años. Los acusaron de ocho delitos (entre los cuales había 5 homicidios). En abril de 1999, los jueces del Tribunal Oral de Menores 1 (Marcelo Arias, Eduardo Albano y Claudio Gutiérrez de la Cárcova) los condenaron a los tres a perpetua.
– Nací en un barrio carenciado y no tuve ayuda de nadie. Cuando tenía 16 años no sabía lo que hacía, no tenía la coherencia de un adulto. Me culparon de delitos graves y yo no tenía idea lo que se venía: no sabía qué significaba estar preso, no sabía que acá dentro te pueden matar. Los jueces me condenaron a perpetua aún siendo menor y ellos sí sabían lo que estaban haciendo – contó.
El Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño -que en Argentina tiene rango constitucional- establece que ningún niño, niña o adolescente debe ser “sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. También especifica: “No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años”.
Un año después, cuando Lucas tenía 17 y ya estaba preso, le dieron un pelotazo en el ojo que le desprendió la retina. Pero no lo supo hasta dieciocho días después, la primera vez que lo atendió un médico. Aunque requería de controles periódicos, el segundo fue un año después y el siguiente en 2003, 46 meses más tarde. En 2005, 2007 y 2011 también lo revisaron. A partir del último informe, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal 2 ordenó la detención domiciliaria para garantizarle el derecho a la salud. Todas la violaciones de derechos que sufrió Lucas figuran en la sentencia de la Corte Interamericana del 14 de mayo de 2013.
En diciembre de 2007 lo torturaron, cuando estaba en el Pabellón “B” del Módulo II de Ezeiza:
El 9 de diciembre era domingo. Cerca de las 12 de la noche, un grupo de penitenciarios hicieron una requisa. Según consta en el recurso amicus curiae que presentó la Comisión Provincial por la Memoria y la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, “las agresiones constaron de golpes de puño y con bastones de madera; que en el caso de uno de ellos le provocaron un corte en la cabeza”.
– Me hicieron el pata-pata. Quedé morado por todos lados, no podía caminar y me rompieron la cabeza – contó Lucas.
La causa por torturas está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina. Después de varios años quieta, a mitad julio del año pasado el fiscal Sergio Mola y Abel Córdoba – fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin)- pidieron que se reabriera. A mitad de este año, detuvieron a ocho de los nueve penitenciarios implicados en las torturas. Son Rubén Oscar Constantin (encargado de requisa), Jorge Enrique Puppo (auxiliar de requisa), Víctor Darío Salto; Dante de Jesús González, José Inocencio Porcel, Sergio Orlando Butof, Sergio Hernán Giménez, Mauro Daniel Cafferata y Pablo Andrés Jara.
Ahora Lucas está detenido en una celda de la Alcaidía Malvinas Argentinas, junto con otros 5 internos. Desde ahí dijo: “Tengo un juicio en contra del servicio penitenciario. Temo perder la vida: penal a donde vaya, soy Lucas Mendoza”.
Nota publicada el 8/10/2015
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