zaffaCosecha Roja.-

Un militar expulsado del ejército por su orientación sexual y cuatro detenciones ilegales por una causa de narcotráfico en Ecuador. Dos trabajadores rurales desaparecidos después de haber estado en situación de esclavitud en la Hacienda Brasil Verde. Un hombre declarado culpable a pesar de que las pruebas indicaban lo contrario y un marino desaparecido hace 31 años en Perú. Esos son los primeros casos en los que trabajará el flamante juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, que asumió hoy su nuevo rol en San José de Costa Rica.

El ex juez de la Corte Suprema de la Nación juró esta mañana como miembro del máximo tribunal regional ante un auditorio que rompió la formalidad para aplaudirlo. Pasantes, estudiantes, funcionarios y ex jueces se acercaron para saludarlo y fotografiarse con él. En los pasillos del edificio de la Corte, los magistrados saben que Zaffaroni intentará darle continuidad a los ejes que impulsó hasta octubre de 2014, con una fuerte impronta en temas ambientales y de derechos económicos, sociales y culturales.

El nuevo rol es un reconocimientos para el país y para la trayectoria de DDHH de los últimos años, según contaron a Cosecha Roja fuentes cercanas al juez, porque los fallos de la Corte Interamericana no sólo establecen reparaciones materiales o en términos de políticas públicas sino que sientan jurisprudencia a futuro. Como el caso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuya derogación se basó en la incompatibilidad con las resoluciones de la Corte Interamericana. La primera prueba para Zaffaroni será el miércoles 17, cuando comience una de las cinco audiencias en las que participará hasta el 23 de febrero.

Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales, esperan para este año la resolución de algunos casos. Aunque los que se refieran a la Argentina no contarán con la presencia de Zaffaroni, creen que el juez podrá aportar mucho en los deberes de investigación. “Esperamos que fortalezca aún más los estándares que hoy tiene el sistema americano en temas como lucha contra la impunidad en delitos de lesa humanidad y en graves violaciones de los Derechos Humanos que involucran ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas”, dijo a Cosecha Roja Gabriela Kletzel, directora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS.

Zaffaroni llegó al cargo luego luego de ser electo por el voto de 18 países durante la Asamblea General de la OEA en junio de 2015. Es el tercer juez argentino que integra la Corte -el primero fue Julio Barberis (1990 a 1991) y el segundo Leonardo Franco (2007 a 2012)- y tiene mandato hasta 2021 con posibilidad de una reelección. Hoy entre el público estaba la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora oficial, Stella Maris Martínez; la presidenta de la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández; el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia Víctor Abramovic; el juez español Baltasar Garzón, miembros de organismos de DDHH y funcionarios judiciales de todo el mundo.

Frente al edificio de la Corte Interamericana de Derechos Humanas, un grupo de militantes del Partido Humanista de Costa Rica reclamaban la libertad de Milago Sala. En los pasillos el clima de alegría por el inicio del año judicial se tiñó de preocupación por las violaciones a los Derechos Humanos en México y la situación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Varios funcionarios se mostraron atentos a los acontecimientos argentinos, especialmente de la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema.

“Las decisiones de la CIDH son importantes porque resuelven los casos y porque emiten opiniones consultivas. Es decir, una interpretación concreta del alcance de los Derechos Humanos en relación al tema de la denuncia. Sientan jurisprudencia y son muy valiosas para el derecho local”, dijo Kletzel. La Corte argentina las consideró “una guía ineludible para la interpretación de los derechos”.

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Los jueces

Roberto F. Caldas (Presidente – Brasil), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Vicepresidente – México), jueces  Eduardo Vio Grossi (Chile) -fue reelegido por un mandato adicional-, Humberto Antonio Sierra Porto, Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Patricio Pazmiño Freire (Ecuador).

Las audiencias

Para que un caso llegue a la Corte, tiene que haber pasado previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – un organismo descentralizado de la Organización de Estados Americanos (OEA)-. La Comisión recibe las peticiones formales, analiza las denuncias, determina si el Estado acusado violó los derechos, emite un informe y establece recomendaciones. Si el país en cuestión no cumple, el caso pasa a la Corte.

En las audiencias ante la Corte Interamericana participan los abogados de las víctimas, los miembros de la Comisión y representantes del Estado acusado. Cuando el caso es del mismo país, el juez debe exculparse y no participa de las decisiones. Por eso Zaffaroni no tendrá incidencia si llega un tema que tiene que ver con Argentina. Entre el 17 y el 23 de febrero, Zaffaroni participará de cinco audiencias. Un día después y hasta el 2 de marzo, los jueces de la Corte anterior escucharán a las partes de otros casos en los que ya vienen trabajando.

Los Casos

Flor Freire Vs. Ecuador. A Homero Flor Freire lo expulsaron de una base terrestre del ejército ecuatoriano por ser homosexual. Será la primera vez que la Corte falle sobre medidas punitivas de un Estado por la orientación sexual de las personas.

Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Los trabajadores vivían en condiciones de esclavitud, amenazas de muerte, impedimentos de salida, inexistencia de salario, falta de alimentación y salud. En febrero de 1989, marzo de 1993, noviembre de 1996, abril y noviembre de 1997 y marzo de 2000 autoridades estatales visitaron o fiscalizaron cómo vivían esos campesinos. La Corte analizará la “presunta omisión y negligencia en investigar” la práctica de trabajo forzado y servidumbre en la hacienda ubicada en el norte del Estado de Pará y la desaparición de dos adolescentes en 1988.

Herrera Espinoza Vs. Ecuador. Se trata de una “privación arbitraria de la libertad y torturas” que sufrieron Jorge Eliécer Herrera Espinoza, Luis Alfonso Jaramillo González, Eusebio Domingo Revelles y Emmanuel Cano durante una investigación por el supuesto delito de tráfico internacional de drogas.

Agustín Bladimiro Zegarra Marín Vs. Perú. La Corte deberá decidir sobre la “violación al principio de presunción de inocencia y al deber de motivación” contra Agustín Bladimiro Zegarra Marín, condenado el 8 de noviembre de 1996 por los delitos contra la administración de justicia (encubrimiento personal), contra la fe pública (falsificación de documentos en general) y corrupción de funcionarios. Según la denuncia, hubo inversión de la carga de la prueba e incumplimiento de los recursos de nulidad.

Tenorio Roca y otros Vs. Perú. El caso es por la “detención, traslado, tortura y posterior desaparición forzada” de Rigoberto Tenorio Roca el 7 de julio de 1984 por parte de infantes de la Marina de Guerra en el departamento de Ayacucho. Los hechos se dieron en un “contexto de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno en Perú”.

Foto: Télam

Nota publicada el 15/2/2015