En Twitter difundimos un video: un pibe de 17 años le roba el monedero a una señora. El subcomisario Francisco Olivares, vestido de civil, saca el arma, apunta y le dispara por la espalda. A las pocas horas el tuit se viraliza. No por los usuarios indignados con el fusilamiento de un pibe desarmado. Es un mensaje irónico: “Pobre Lauti”, dicen, y despliegan todo su odio: “Bien muerto está”, “por suerte lo mataron por chorro hijo de mil puta”, “los derechos humanos de estos tipos me los paso por el ort*”.
Las ejecuciones extrajudiciales no son una creación de la doctrina Bullrich. Pero por primera vez en democracia el uso irracional de la fuerza encontró un respaldo político tan fuerte. La foto de Luis Chocobar en Casa Rosada constituyó uno de los grandes hitos de la política de seguridad de este gobierno.
El abrazo del policía pistolero con el presidente fue un doble mensaje para el electorado y las fuerzas de seguridad. Por un lado marcó la impronta de la nueva era: se terminaron los “derechos humanos para los delincuentes”. “Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte”, explicó el ex asesor estrella de Cambiemos Durán Barba. A las fuerzas de seguridad le dijeron: ustedes disparen que nosotros los defendemos.
“La seguridad se puso en el lugar de la Justicia”, explica la investigadora Sabina Frederic. La doctrina Bullrich intentó convertir a policías en jueces y verdugos. En un acto sumario deciden quiénes son culpables y ejecutan la pena (de muerte). Pero la nueva doctrina sólo tuvo efecto en el plano narrativo. El Poder Judicial va por otro carril.
Aunque Macri y Bullrich reciban a Chocobar como un héroe y feliciten a los prefectos que fusilaron a Rafael Nahuel, matar por la espalda a una persona desarmada sigue siendo un delito. Ni el Código Penal ni los tratados internacionales de jerarquía constitucional habilitan las ejecuciones extrajudiciales.
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En febrero de 2020 Chocobar enfrentará a un tribunal que lo juzgará por “homicidio en exceso de la legítima defensa”. La ministra y el presidente no estarán ahí para defenderlo.
Tampoco podrán defender a Aldo Barisone, el agente de la Federal que durante la represión a los manifestantes que reclamaban contra la reforma previsional atropelló y pasó por arriba con su moto a un cartonero. Ni a Alfredo Luna, el policía que fue filmado tirándole gas pimienta en la cara a un jubilado. O a los dos agentes que en Tucumán mataron a por la espalda a Facundo Ferreira, de 12 años, y que irán a juicio. Tampoco al subcomisario Olivares: el policía santafesino está preso por homicidio agravado por alevosía. Enfrenta una posible condena a perpetua.
Chocobar, Barisone, Luna, los dos policías tucumanos y Olivares fueron seducidos por la doctrina Bullrich. Seducidos y abandonados.
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El discurso del gobierno, que ayer replicaron los usuarios en Twitter con la frase “Pobre Lauti” busca instalar la falsa idea de que hay un garantismo que promueve la impunidad de los delincuentes. Y que la única alternativa es darle libertad a los policías para actuar.
Gran parte de la política de seguridad del gobierno fue un discurso para la tribuna. Los funcionarios de las fuerzas federales, provinciales y municipales siguen trabajando en condiciones precarias, con sueldos bajos y obligados a aceptar trabajos fuera de horario (adicionales). Como dice Frederic: la crisis también los afecta.
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Los policías no tienen espacios donde discutir las condiciones de trabajo. “Hoy nadie puede quejarse de problemas laborales porque automáticamente es relevado”, dice la investigadora. Y eso -explica- se ve reflejado en el servicio. Los pocos que consiguen mejoras lo hacen a través de demandas judiciales.
El futuro gobierno enfrenta el desafío de pensar una política de seguridad democrática respetuosa de los derechos humanos y al mismo tiempo hacer frente a las demandas legítimas de mayor seguridad.
