Para el gobierno, el gendarme Echazú es una víctima

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El enemigo número uno del gobierno nacional es una supuesta organización terrorista cuya existencia ni siquiera ha sido probada: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Para combatir esta amenaza a la seguridad nacional la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció la creación de un comando conjunto con los gobiernos las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén.

El documento fundante es un informe de 180 páginas basado en gran parte en búsquedas de internet. Según esa investigación, la RAM recibe armas y apoyo financiero de organizaciones internacionales pero ataca con cuchillos, martillos y serruchos. Entre la larga lista de atentados que el gobierno le atribuye están el ataque a piedrazos a gendarmes durante la represión en la que murió ahogado Santiago Maldonado y el supuesto “enfrentamiento” con integrantes del grupo Albatros de Prefectura en el que fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel.

¿Cómo identificar a un integrante de la RAM?

El informe de inteligencia de las fuerzas de seguridad detalla algunas características típicas de los supuestos terroristas: suelen estar encapuchados y “la principal fuente de identificación son los volantes impresos, manuscritos o flyers” que dejan en los lugares “donde cometen los ilícitos”. También se los puede reconocer por un gesto característico “atribuído al anarquismo: brazo extendido en alto y puño cerrado”.

Los supuestos vínculos con las FARC y el financiamiento internacional

Según el informe, “hablar de RAM implica hablar” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La única prueba de esta relación es la publicación de dos noticias en medios chilenos que vinculan a la guerrilla colombiana con un grupo de ocho mapuches chilenos que habían sido acusados de terroristas por el gobierno y que finalmente fueron absueltos por la Justicia.

El documento presentado por Bullrich también habla de vínculos con dos organizaciones kurdas: las Fuerzas Guerrilleras Internacionales y Revolucionarias del Pueblo (IRPGF), un grupo que apoya la lucha de las milicias kurdas contra el Estado Islámico, y Kurdistán América Latina, un grupo que organiza charlas y conferencias para visibilizar la lucha del pueblo kurdo. El informe no aporta pruebas de estos vínculos. Solo incluye una serie de flyers y publicaciones de internet sobre eventos en los que ni siquiera participaron integrantes de las comunidades mapuche.

Según el Ministerio de Seguridad, la organización también mantiene lazos con grupos anarquistas. La información se basa en fotos de pintadas anarquistas realizadas durante las manifestaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado y por el crimen de Rafael Nahuel.

Públicamente la ministra Bullrich dijo que la RAM estaba financiada por una organización inglesa. El informe no incluye datos pero agrega que existen “numerosas ONGs y otros colectivos” que brindan apoyo económico. La única que se nombra es el Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES), una organización cultural de Navarra, en el País Vasco. El informe admite que no hay “información fehaciente” sobre esos aportes económicos. La única prueba es una nota de un diario español que dice que el IPES apoya la defensa de los derechos humanos de las comunidades mapuche. Ni siquiera menciona a la RAM.

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El primer “atentado”

La primera acción pública de la supuesta organización terrorista que pone en jaque la seguridad de dos países fue en 2009: un grupo rompió a piedrazos los vidrios de una estación de servicio de Esquel y lanzó panfletos contra “las inversiones capitalistas petroleras” .

Una organización terrorista que ataca con martillos y destornilladores.

La RAM, según el gobierno nacional, es un grupo terrorista financiado por organizaciones internacionales que recibe armamento de las FARC. Sin embargo, en el informe detalla que “para el ejercicio de la violencia se valen fundamentalmente de armas de fabricación casera” como hondas, armas blancas y bombas molotov. En las fotos de los allanamientos a las comunidades mapuche que según el Ministerio de Seguridad integrarían la RAM se ven machetes, serruchos, martillos, destornilladores y otras herramientas.

El informe detalla que una vez utilizaron armas de fuego: en el crimen del sargento José Aigo, un policía neuquino asesinado en 2012. En la causa penal, sin embargo, no aparecen siquiera nombrados los supuestos integrantes de la RAM.

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Los supuestos integrantes

El informe de inteligencia es vago e impreciso: los supuestos integrantes de la organización son miembros de comunidades mapuche que tienen visibilidad pública o personas que participaron en cortes de ruta y manifestaciones.

Francisco Facundo Jones Huala, lonko de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, detenido en el penal de Esquel a la espera del juicio de extradición a Chile, sería el “líder visible”. Según el informe, la vocera sería Moira Millán, una reconocida militante mapuche de 47 años, madre de cuatro hijos que vive en la comunidad Pïlan Mahuïz (Chubut), un territorio recuperado pacíficamente en 1999. Es fundadora y coordinadora del Movimiento de Mujeres Originarias del Buen Vivir.

La única prueba que aporta el gobierno sobre su vínculo con la RAM es una foto en la que aparece junto a Madres de Plaza de Mayo con el puño en alto (según el Ministerio de Seguridad sería un gesto típico del anarquismo y de los integrantes de la RAM).

“Basta con googlear para saber a qué organización pertenezco. Como no pueden judicializar los conflictos ni adjudicarme ningún delito, entonces inventan que soy vocera de la RAM”, dijo a Cosecha Roja Millán. Según la referente de las mujeres mapuche, la organización es un invento de los servicios de inteligencia para demonizar la lucha mapuche, una propuesta a la que adscribieron tres o cuatro personas y que nunca tuvo aceptación entre las comunidades mapuche de la Patagonia argentina.

“La persecución es selectiva, le están poniendo nombre y apellido. Somos todos activistas disidentes”, agregó Millán. Según el informe del gobierno, también integrarían el grupo armado algunos artesanos de El Bolsón que en algún momento se acercaron a las comunidades mapuche para acompañar sus reclamos.

Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

El informe detalla 96 hechos judicializados atribuidos a la RAM. La mayoría de ellos no son ataques terroristas sino hechos de protesta social: cortes de ruta o manifestaciones frente a Juzgados.

El gobierno también consideró como un atentado los piedrazos que los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen arrojaron durante la represión de Gendarmería que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Una de las víctimas de ese ataque sería Emmanuel Echazú, único imputado en la causa por la “desaparición forzada” del joven tatuador.

Según el informe la RAM también participó de un “enfrentamiento” con integrantes del grupo Albatros de Prefectura en la zona de Villa Mascardi, en las afueras de Bariloche, el 25 de noviembre de 2017. Según la investigación judicial ese día no hubo ningún enfrentamiento: los prefectos le dispararon por la espalda a un grupo de mapuche y asesinaron de un disparo a Rafael Nahuel, de 22 años.

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Crímenes sin autores

Entre los “actos de terrorismo” también se incluyen los asesinatos del barrendero José Domingo Maciel en Cipoletti, Río Negro, en 2010 y del policía José Aigo en Neuquén. Maciel murió en 2010 cuando explotó una bomba casera que estaba en una bolsa de residuos y el agente fue asesinado a tiros dos años después en un control en la ruta por dos hombres que hoy continúan prófugos. Ninguna agrupación se adjudicó los crímenes. En la causa judicial no están imputados los supuestos integrantes de la RAM ni integrantes de comunidades mapuche.

Sebastián Ortega
Sebastián Ortega

Periodista

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