Es simple. Para pedir una prisión domiciliaria se necesita un domicilio. Sin domicilio, no hay posibilidad -más allá del asma, la inmunodeficiencia o la enfermedad de riesgo que sea- de pedirla. La mayoría de las personas travestis y trans en Argentina no tienen casa, viven en pensiones que pagan con el día a día que les deja dedicarse a la prostitución. También hay algunas que se las arreglan con el narcomenudeo: son dealers, venden cocaína porque hay mucha demanda y no está legalizada. Para el Código Penal estos son delitos menores y el arresto domiciliario no sería un peligro para otrxs. Pero no pueden: en la escala de derechos humanos están en bajo cero.
-Acá en el pabellón somos 24, la mayoría tenemos algún problema de salud. No podemos salir al patio por las medidas de aislamiento, así que empezamos a usar el pasillo como si fuera el comedor.
Emilse Lobo habla con Cosecha Roja desde el pabellón 11 de la Unidad IV de Ezeiza. Habla bajo, porque el único teléfono al que se le puede hablar está al lado de una guardia que escucha toda la conversación. Está presa hace dos años y 4 meses, cuando se peleó con su marido (del que se quiere divorciar) y la metieron adentro por lesiones; su condena todavía no está firme. Ya había estado detenida antes, en 2012:
-Esa vez fue el infierno. Una guardia me tiró encima un colchón que se estaba prendiendo fuego y cerró la puerta de la celda, me quemó varias partes del cuerpo. Me violaron, me agarré vih y ahora tengo problemas pulmonares y tuberculosis multirresistente.
Emilse no es propietaria, pero tiene la posibilidad de ir a la casa de una amiga de toda la vida en Moreno, donde también vive su sobrina. Ya inició las acciones para preservar su salud yendo a esa casa, que es amplia y le garantizaría mejores condiciones. Todavía no recibió la respuesta del Juzgado.
Según el último relevamiento del Tribunal de Casación Penal al 22 de agosto de 2019 había tres detenidas trans en comisarías, mientras que el Servicio Penitenciario Bonaerense aloja a 100 internas trans en dos unidades y una alcaidía. En la Unidad N° 32 de Florencio Varela son 60 personas en los pabellones 2 y 11 de diversidad sexual y de género. Además, hay pabellones de diversidad sexual en la Unidad N° 2 de Sierra Chica y uno de población trans en la Alcaidía de Batán.
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El 70 por ciento está por infracción al artículo 5C de la ley 23.737: venta de estupefacientes. “La pena tiene un mínimo de 4 años y un máximo de 15, en principio no es excarcelable. Esa ley es perfecta para hacer limpieza social de travestis y trans”, dice Luciana Sánchez, abogada lesbiana y militante feminista que litigó en casos como el del travesticidio de Diana Sacayán y la imputación de Luz Aimé Díaz, que está cumpliendo una prisión domiciliaria y cuyo juicio se suspendió de manera indeterminada por la pandemia.
Un ejemplo es la plaza Güemes de La Plata: como hay resistencia de una parte de la sociedad a que exista una “zona roja”, cada tanto la policía hace barridas y abre causas por venta de estupefacientes. Las travestis y trans se comen el proceso judicial encerradas y suelen pasar varios años hasta que la causa llega a juicio y las liberan. Un informe de la organización Otrans con entrevistas en cárceles relevó que en Provincia de Buenos Aires el 70 % de las privadas de la libertad son extranjeras. Así es una “limpieza social”.
“Hay mucho maltrato, esto es en todos lados y en la Justicia se refleja. Pero estamos trabajando en revertirlo, incluso en las propias agencias estatales. El trabajo que inició la ex procuradora Alejandra Gils Carbó al incluir personas trans en fiscalías es un gran avance, ya suma otras perspectivas a los procesos judiciales”, dijo Sánchez.
La Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario (AMI), presentó en los juzgados de ejecución penal 1 y 2 de la ciudad de Mar del Plata un Habeas Corpus colectivo y correctivo en favor de las personas travestis y trans privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaldías y Comisarías bonaerenses. “En los términos de lo previsto en los artículos concordantes de la Constitución Nacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- y Ley 23.098 (agravación ilegítima de las condiciones de detención del/a interno/a)”, dice el pedido, que aún no tuvo éxito.
El reclamo de las travestis y trans en las cárceles no es nuevo y tampoco es nuevo que no sean escuchadas. Quizá su situación de violencia estructural podría resolverse con un refuerzo de políticas públicas que incluyan vivienda (como lo resolvió un tribunal en 2017), comida y derecho a opciones de trabajo. Mientras tanto, ni siquiera pueden pedir domiciliaria. No tienen casa.
