Anoche comenzó a sonar de manera insistente mi celular con infinidad de capturas de pantalla y mensajes privados de Facebook. Un obstetra, Pablo Eduardo Fernández, acusaba por esa red social (sí, por facebook!) que estando de guardia en el hospital Álvarez un partero que asiste en casa, Francisco Saraceno, “tiró” a una mujer en la puerta de SU guardia. En lenguaje real y sin calumnias eso significa que realizó un traslado a la institución. La publicación era un despliegue de prejuicios y desconocimiento que el sistema médico hegemónico ostenta frente a esta modalidad de atención y, lo que es más grave, mostró el nivel de soberbia que es capaz de esgrimir frente a aquellxs que optan por no seguir su santo mandato.

A medida que pasaban los minutos el posteo se transformó en una película bizarra: lxs usuarixs que comentaban se burlaron de la familia y dieron datos personales, falsearon información sobre el estado de salud de la madre y del bebé, tergiversaron los hechos del traslado e incluso fabularon sobre posibles desenlaces. Una médica de dicho hospital llegó a tildar de “hijas de puta” a las mujeres que, con información y ejerciendo su pleno derecho de elegir dónde, cómo y con quién parir, deciden salirse del sistema médico hegemónico tradicional para planificar un parto domiciliario asistidas por profesionales idónexs. “No merecen ser madres”, concluía la médica (“me gusta” para todos y todas).

Ante tanta subjetividad imperante sobre cualquier tema siempre vale la pena acudir a los números: en 2014, 3,2 de cada 1000 nacimientos en Argentina ocurrieron en los domicilios, esto incluye partos planificados y no planificados (fuente: Dirección de estadísticas e información en salud del Ministerio de Salud).

En nuestro país es legal que una mujer elija parir en casa. Según la ley 17.132, es absolutamente legal también que para ello cuente con la asistencia de parterxs como profesionales autónomxs: “Las obstétricas o parteras pueden realizar asistencia en instituciones asistenciales oficiales o privadas habilitadas, en el domicilio del paciente o en su consultorio privado, en las condiciones que se reglamenten”. Que en Argentina se haya relegado a la partera a cumplir la función de asistente del obstetra es tan sólo una consecuencia más de la misoginia que nos atraviesa.

Un informe elaborado por la agrupación Fortaleza 85 da cuenta de que sobre un total de 1501 nacimientos planificados en casa se ha recurrido al traslado a una institución en el 12 por ciento de los casos. De ellos, menos de la mitad terminaron en una cesárea, una estadística que se condice absolutamente con las que muestran los estudios y la epidemiología internacional. La razón más frecuente en estas situaciones es el cansancio materno. ¿Este indicador es un fracaso? ¿Demuestra que el modelo no sirve? Todo lo contrario, habla de la responsabilidad de los equipos que asisten en domicilio y de la importancia de la articulación fluida y oportuna entre dichos equipos y las instituciones, lo que implica respeto por la decisión de esa mujer de parir en su casa.

Los traslados no son “fallos”, ni se hacen cuando “las papas queman”, ni nadie “tira” a nadie, ni como también decretaron en esa publicación “si decidiste parir en casa báncatela”. Los traslados se dan cuando de manera oportuna se asume necesaria la atención en un centro de salud y su planificación se contempla de antemano. La imposibilidad de que el equipo que asiste en casa continúe con la atención dentro de la institución es algo que impone el sistema médico institucional, no al revés.

¿Qué sucede cuando una mujer decide salirse del sistema y planificar un parto domiciliario asistida por profesionales idónexs? O peor aún, ¿cuál es la reacción del sistema médico hegemónico patriarcal, verticalista y en muchos casos misógino, cuando una mujer que planificó un parto domiciliario requiere un traslado? La respuesta es simple: cae encima de esa mujer y familia todo el peso aleccionador del sistema, tal y como sucedió en este caso. Es más que diciente cómo pueden incluso mentir, difamar, falsear datos y vulnerar la dignidad e intimidad de una familia con tal de conseguir un chivo expiatorio lo suficientemente terrorífico que haga desistir a las descarriadas. Todo esto por supuesto disfrazado de una supuesta preocupación por nuestro bien, “porque te quiero te pego” podríamos decir.

El sistema se pregunta ¿cómo se atreven las mujeres a parir fuera de un hospital? Y muchas mujeres ante ésta pregunta responden no entender como la gran mayoría deciden parir dentro de una institución. La virulencia que desató la publicación de este obstetra es sólo una pequeña muestra de la soberbia e impunidad con la que se manejan, de la misma manera que lo hacen con nuestros cuerpos y los de nuestrxs hijxs.

Lo más preocupante es que esto no es sólo en contra de “las locas del parto en casa” sino de todas aquellas mujeres que exigen que se garanticen sus derechos y los de sus hijxs, que osan hablar de parto respetado y denunciar la violencia obstétrica. Y es lo más preocupante porque la gran mayoría de mujeres en nuestro país eligen la institución para parir: que el respeto por sus derechos sea motivo de burla y calificativos como “tontas” o “hippies” y que incluso la ley sea tomada como una modalidad o una moda no solo es preocupante, es peligroso e ilegal.

Desde 2004 en Argentina está vigente la ley 25.929 que estipula de manera clara y sencilla los derechos que tenemos las mujeres y las familias en el momento del preparto, parto y posparto. La ley fue reglamentada hace poco más de un año, con todo el costo que eso implica para implementarla a nivel territorial. Nacimiento tras nacimiento queda demostrado que el modelo de atención al parto no es una cuestión médica o científica, sino un tema cultural y político y en este sentido el patriarcado nos dice “parirás con dolor y como yo te ordene”.

¿Quién está exentx de que se lx difame en mayor o en menor grado en una red social? Absolutamente nadie. Es bastante común y a mi juicio absolutamente patético y lamentable. Ahora bien, ¿las mujeres tenemos que ser sometidas al escarnio público, violentando no sólo nuestra intimidad, sino también insultándonos, juzgándonos e incurriendo en una falta total de ética violando nada más ni nada menos que el secreto profesional? Absolutamente NO. Me niego a aceptarlo. Me niego a que un/a profesional nos avasalle de tal manera, me niego rotundamente, aún cuando no me extraña: la vulneración de derechos en las salas de parto es bastante común.

En nuestro país, desde el 2009, también está vigente la ley 26.485 que define la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. Los datos del Observatorio de Violencia Obstétrica (coordinado por Las Casildas) son absolutamente alarmantes. Por ejemplo, de las 4939 mujeres encuestadas en todo el territorio nacional, el 47 por ciento tuvo a su hijx por cesárea (la OMS habla de hasta un 12 por ciento como indicador no cuestionable). Y de ese porcentaje el 90% fue practicada en primíparas, con todo lo que eso implica en la vida sexual y reproductiva de esa mujer: si tuviste una cesárea es casi inevitable que termines en otra, y en otra y en otra.

Las mujeres estamos cada vez más informadas y a pesar de la sociedad patriarcal en la que vivimos luchamos para interiorizarnos sobre nuestros derechos y hacerlos valer, somos conscientes de que la información es poder y estamos cada vez más dispuestas a hacernos cargo de todo lo que eso implica. Por eso escribo esta nota, por eso decido alzar la voz, porque acá no se trata de parto domiciliario versus parto institucional, acá se trata de nuestros derechos sexuales y reproductivos, de poder ejercer nuestra autonomía para poder decidir sobre nosotras y nuestros cuerpos, no sólo en cuestiones obstétricas sino en todos los ámbitos. Que éstas elecciones no signifiquen ser despellejadas y sometidas al escarnio público en ningún lado, pero menos, mucho menos, en una red social con el fin último de seguir aleccionándonos para que continuemos obedeciendo sin inmutarnos.

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