Peñafort: “Borrar notas es como quemar el patrimonio documental de todos”

Cosecha Roja.-

Unas 15 mil notas producidas durante tres años desde una agencia de noticias del Ministerio de Justicia sobre temas de Derechos Humanos, delitos económicos, grandes juicios, violencia de género y violencia institucional. Ese es el saldo de la supresión del archivo de Infojus Noticias que hizo el actual gobierno. “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”, dijo a Cosecha Roja la abogada Graciana Peñafort.

“Así como nadie justificaría que se queme un expediente, no se pueden “quemar” notas periodísticas. Cuando un expediente va a dejar de estar disponible, se lo manda al archivo y el Estado hace un resguardo. Debe estar garantizado el acceso fácil por los periodistas y la sociedad”, explicó Peñafort.

Para la abogada, la supresión de los artículos de Infojus es preocupante por varios motivos. “La decisión afecta al derecho colectivo de acceso a la información y lo que borraron tiene una suerte de ‘línea editorial’”, explicó. Se trata de notas “vistas como sensibles” para el actual gobierno como los incendios en talleres clandestinos de la ciudad de Buenos Aires y el lavado de capitales en causas como la del HSBC.

Los artículos vinculados a las políticas de reparación en materia de Derechos Humanos -una de las líneas más fuertes del trabajo en Infojus Noticias- “claramente no son compatibles en términos ideológicos con la posición que tiene el nuevo gobierno”. Según la abogada, “hay una línea lógica entre el cuestionamiento de la cifra de desaparecidos que hizo el ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, y la supresión de las notas sobre la aparición del nieto de (la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) Estela de Carlotto”.

El rechazo de la información producida en Infojus también responde a los intereses de los “socios estratégicos” del gobierno de Mauricio Macri. Las investigaciones borradas incluían “decisiones judiciales adversas a los sectores concentrados de la economía y conductas abusivas llevadas adelante por esos actores”, contó Peñafort. Y agregó: “La supresión de información se basó también en situaciones que afectan directa o indirectamente la imagen pública de los integrantes del actual gabinete”.

La información es valiosa porque estaba disponible, porque había sido proporcionada en forma oficial y producida por organismos públicos. No se trata de una nota aislada, sino de un “proceso ordenado y deliberado para borrar el patrimonio documental” de un portal oficial.

La noticia de la supresión del archivo comenzó a circular el miércoles a la noche. Hasta ahora no hubo respuesta oficial de la dirección del portal ni de otros funcionarios públicos. “Si lo que pretendía la nueva administración de Infojus era “hacer espacio”, debería haber garantizado un resguardo informático y documental para proteger la información pública y los derechos de los que escribieron esas notas”, dijo Peñafort.

Entre los temas más sensibles está la cobertura de asuntos sobre Derechos Humanos, los juicios de lesa humanidad y los nietos recuperados, así como una serie de investigaciones sobre hechos delictivos que afectaron al país como el caso del HSBC. “Los primeros afectan el derecho a la memoria porque la lucha de las organizaciones de DDHH es una lucha colectiva. Los segundos son hechos delictivos y la supresión implica una tarea de encubrimiento indirecto de esas conductas”, dijo. Tampoco quedaron en el archivo las entrevistas a familiares de víctimas de la violencia machista, el descubrimiento del cuerpo de Luciano Arruga, la cobertura del juicio por la AMIA o el gatillo fácil de la Policía Metropolitana.