Plan Cóndor: “Es un hito histórico en América Latina”

El veredicto del juicio que investigó y probó la coordinación represiva entre los Estados del Conosur es histórico. Hubo 15 condenas y dos absoluciones. La causa por el Plan Cóndor se inició en 1999 y el juicio, en marzo de 2013.

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La lectura del veredicto que hoy condenó a 15 acusados y absolvió a dos por la coordinación represiva de los Estados en el Cono Sur duró más de una hora.  Los nombres de 105 víctimas de desaparición forzada -entre otros delitos- fueron pronunciados en voz alta en diversos tramos del fallo. Argentinas, uruguayas, chilenas, paraguayas, bolivianas y brasileñas. Muchas de ellas tuvieron por primera vez un poco de justicia cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 dio a conocer la sentencia del juicio oral por el Plan Cóndor y por parte de la causa Automotores Orletti. Orletti, en el barrio porteño de Floresta, fue el centro clandestino de detención por el que pasaban las víctimas del Cóndor en Argentina (y también otras que no tuvieron que ver con este plan).

En el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, la sala AMIA, repleta de público, reflejaba la diversidad de países a los que apuntó la coordinación represiva. Ahí estaban, entre otros nietos robados y recuperados, Macarena Gelman -sus padres fueron nombrados en diversos tramos de la sentencia y pudo escuchar la primera condena a un uruguayo por el caso de su madre – y Anatole Julien Grisonas. Anatole y su hermana Claudia Victoria fueron los primeros nietos localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Los secuestraron con sus padres en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976, cuando él tenía cuatro años y ella 18 meses. Estuvieron en Orletti, después en un centro clandestino en Montevideo (Uruguay), y finalmente los represores los abandonaron en una plaza de Valparaíso (Chile). Anatole estudió Derecho y hoy es fiscal en ese país, donde vive. Viajó a Buenos Aires para escuchar la sentencia.

Asociación ilícita que trasciende fronteras

“Este fallo marca un hito histórico en América Latina. Porque condenó penalmente la asociación ilícita que trasciende las fronteras  y que involucra al Plan Cóndor. No es cuestión de valorar el monto de la pena. Así les hubieran dado un día de prisión, hubiera sido histórico igual. Es una sentencia que cambia la historia, lo que quedará el día de mañana para los libros”, dijo tras conocerse la sentencia, con el acento inconfundible del otro lado de la cordillera.

Su abogado, Eduardo Márquez Iraola, destacó: “La mayor expectativa era poder reconstruir la historia y, en el caso de los hermanos Julien, se logró. Pudimos reconstruir cómo fueron los hechos. Tenemos verdad”.

Entre el público estaban también Laura Conte, Nora Cortiñas y Taty Almeida (Madres Línea Fundadora), Vera Jarach (madres de Plaza de Mayo), la abuela Elsa Pavón y Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), la periodista Stella Calloni, Horacio Pietragalla y muchísimos familiares y personas vinculadas a organismos y defensa de derechos humanos en Argentina y en los países que formaron parte del Plan. Cuando empezó la lectura de la sentencia, un grupo de uruguayos extendió una bandera y la sostuvo en alto durante más de una hora, hasta que finalizó. Entonces una voz de una potencia inusitada, clamó por los 30 mil compañeros desaparecidos. “¡Presentes, ahora y siempre!”, respondieron los puños en alto, como en cada final de sentencia de estos juicios por delitos de lesa humanidad.  

Con bastón, a sus 86 años, Nelly Minyersky, abogada, había llegado hasta el subsuelo muy despacio, por la escalera, porque no funcionaba el ascensor. Después de la sentencia, se quedó un rato hablando con colegas y compañeros de lucha, recordando a Alberto Pedroncini, cuando con David Baigún iniciaron la querella en 1999, a partir de cinco casos. Todavía estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

“Cuando se inició la causa, teníamos dudas” – recordó la abogada-. “Pero esto es histórico. Que se haya condenado la asociación ilícita es muy importante como precedente. Hay muchos que fallecieron y debieran haber estado en el banquillo de los acusados. Con el transcurso del tiempo, no hay elementos para probar ciertos hechos. Es el problema de los juicios que se hacen 30 años después”. La causa se elevó a juicio con 32 imputados: llegó a sentencia con 17. Videla es uno de los que falleció en el transcurso del juicio, tres días después de declarar, en marzo de 2013.

Héctor Trajtenberg, querellante -heredero de la causa iniciada por Baigún y Pedroncini- recordó a los abogados, y mencionó “la lucha y la paciencia para que se haga justicia”. “Haber arribado a esta sentencia es notable e histórico, como lo es la calificación de asociación ilícita. Nos hubiera gustado que se avanzara en el marco del genocidio contra nuestros pueblos. Lo planteamos pero no fue recogido en la sentencia”, señaló.  

En el hall de Comodoro Py, Nora Cortiñas usaba la misma palabra al dirigirse a los periodistas: !Si hay voluntad, podemos ser un país sin un genocida suelto. Es un ejemplo de que con la resistencia se ha llegado hasta acá. El éxito hubiera sido que nos abrazáramos con nuestros hijos. Pero esto es un logro”.

En la vereda del tribunal más famoso del país, Horacio Verbitsky -presidente del CELS- explicaba a los medios la trascendencia del fallo que dio por probado el Plan Cóndor: “Es la primera vez que tiene sanción judicial y es declarado asociación ilícita”.

“Se han traído pruebas de todos los lugares, incluso de los Estados Unidos. Y el trabajo de los familiares de los diversos países, así como de los organismos, ha sido muy importante para esta investigación”, valoró Claudia Bellingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria. “Aunque las penas quizás no están acordes, celebramos que se condene esta estrategia hegemónica de dominación. Es histórico!.

“Es uno de los juicios que logró reunir mayor cantidad de documentación y permitió construir conocimiento significativo sobre el Plan Cóndor”, coincidieron Luz Palmás Zaldua, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia y abogada del caso, y Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. Un informe especial de este centro destacó la labor de recopilación y cruce de información que significó esta investigación judicial: testimonios de personas de los países que integraron el Plan Cóndor, 12 informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.

“A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos: al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS, que tuvo como resultado que en 2002 se llevara adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos. Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA y el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 causas tramitadas en el exterior”, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales, que en este juicio integró una querella unificada.

“Luego de 40 años del acta de fundación de la Operación Cóndor y 16 años de instrucción de la causa, este juicio consiguió aportes valiosos al conocimiento de la verdad sobre los años del terrorismo de Estado y la red criminal en la región”, destacó en un comunicado después de conocerse la sentencia.

Las condenas: de 25 a 8 años de prisión

El presidente del tribunal Oscar Amirante, leyó la sentencia acompañado por los otros integrantes, Adrián Grünberg y Pablo Laufer. El fallo condenó a Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci a 25 años de prisión.

A Riveros lo consideró culpable del delito de “asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor”. Al agente de inteligencia uruguayo Cordero Piacentini, de ser partícipe necesario. Al momento de la lectura de su condena -la número 13 de las 17 acusaciones- la sala estalló en un aplauso. También hubo murmullos de satisfacción cuando se conoció la condena de Furci. El tribunal lo encontró “coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la   ley,   agravada   por   mediar   violencia   o   amenazas, reiterado   en   sesenta   y   siete   oportunidades”. Los nombres de cada una de esas víctimas que estuvieron secuestradas y fueron torturadas en Orletti fueron pronunciados en voz alta, como ocurrió en cada condena. Furci, personal civil que actuó en ese centro, estuvo presente en la audiencia y escuchó la larga lista casi sin pestañear.

Reynaldo Bignone fue condenado a 20 años de prisión, igual que Rodolfo Emilio Feroglio, por asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor. Humberto José Román Lobaiza fue condenado a 18 años de prisión.

Enrique Olea, Antonio Vañek y Eugenio Guañabens Perelló recibieron 13 años de prisión por asociación ilícita. Eduardo de Lío, Luis Pepa, Carlos Caggiano Tedesco, Felipe Alespeiti y Néstor Falcón, 12 años mientras que a Federico Minicucci se lo condenó a 8. En el juicio se absolvió a Juan Avelino Rodríguez y a Carlos Tragant.  

El fiscal Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky habían pedido 25 años para Bignone, Riveros, Feroglio, Lobaiza y Furci. También para Cordero Piacentini como partícipe necesario del secuestro de once víctimas. Los fundamentos de la sentencia serán informados el 9 de agosto.

Aunque el rol de Estados Unidos no fue objeto de investigación específica, el juicio logró probar que Estados Unidos tuvo un temprano conocimiento del Cóndor. Quizás los documentos que ese país se comprometió a desclasificar de sus agencias, en el futuro arrojen más datos.

¿Podría este juicio impulsar nuevas causas en otros países? “Eventualmente sí. Dependerá de las decisiones del Poder Judicial de cada uno de ellos”, dijo Chillier. Y resaltó: “A pesar de que el proceso de Justicia argentino hoy parezca una foto, durante años estuvo cerrado. Hubo muchas denuncias y hallazgos, y se terminó generando jurisprudencia”.

 

María Eugenia Ludueña
María Eugenia Ludueña

Periodista y escritora, autora de Laura. Vida y militancia de Laura Carlotto.

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