¿Qué pasó cuando los militares se hicieron cargo de la seguridad?

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Desde la llegada al gobierno en 2015, Cambiemos fue avanzando en su objetivo de involucrar a los militares en tareas de seguridad interior. Hoy, el Ejecutivo publicó el Decreto 683 que reforma el sistema de defensa a partir de la doctrina de las “nuevas amenazas” que impulsa Estados Unidos en la región.

¿Qué pasó en los países de la región en los que los militares fueron destinados a tareas de policía? Los antecedentes de México y Colombia son dos ejemplos claros que evidencian la ineficacia de las estrategias y tácticas de la guerra para la intervención en seguridad.

México: cien mil muertos y treinta mil desaparecidos

En 2006, a poco de asumir, el presidente mexicano Felipe Calderón le declaró la “guerra al narco” y dispuso la intervención de las fuerzas armadas en el combate a los grupos criminales. El saldo fue brutal: según organizaciones de la sociedad civil en los años siguientes hubo alrededor de cien mil muertos y treinta mil desaparecidos.

Según el informe de enero de 2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante el sexenio de Calderón las denuncias por torturas, asesinatos y desapariciones cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas se incrementaron un 1000 por ciento. Estas denuncias no fueron investigadas y permanecen impunes.

“La duplicación del presupuesto destinado a Defensa y Seguridad no redujo el tráfico ilegal de sustancias, no mejoró la seguridad (argumento principal para justificar la intervención militar) pero sí incrementó de manera exponencial la violación de los derechos humanos por parte de militares, la corrupción institucional y la degradación absoluta de la profesión militar”, sostiene el informe “La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas” elaborado colectivamente por académicos y expertos en seguridad entre los que se encuentran Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Gastón Chillier, Natalia Federman, Enrique Font, Sabina Frederic, Gabriel Kessler y Juan Gabriel Tokatlian.

Las fuerzas armadas mexicanas, antes ajenas al combate de las organizaciones vinculadas al narcotráfico, “fueron infiltradas por redes criminales que terminaron controlando buena parte de sus estructuras y adoptando sus técnicas, lo que produjo que la violencia aumentara en lugar de disminuir”, sostiene el informe.

Colombia: décadas de guerra y violaciones a los derechos humanos

El caso de Colombia también es paradigmático. El país atravesó durante décadas un conflicto armado interno en el que intervinieron las fuerzas armadas. Según el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que cita el informe de los expertos, se recibieron “denuncias de violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal relacionadas con el uso excesivo o indebido de la fuerza por parte de los militares”.

“La práctica del asesinato de personas por parte de las fuerzas armadas con el fin de presentar las ‘bajas’ como un indicador de su eficacia, denominada ‘falsos positivos’, exhibe algunas de las consecuencias más lesivas de la militarización”, plantea el informe.

Entre los riesgos y las consecuencias negativas de habilitar la participación militar en las políticas de reducción del narcotráfico, el informe destaca los diferentes modos de corrupción que van desde proteger a los grupos delictivos hasta ser parte de ellos. En Colombia, integrantes de las Fuerzas Armadas estuvieron involucrados en redes de narcotráfico y en negocios vinculados con la compra de armamento y equipamiento.

“Aunque la intervención militar en cuestiones de seguridad interna ha tenido diferentes objetivos en cada país, un repaso de la situación regional sugiere que los resultados han sido negativos en múltiples aspectos: el fracaso en la solución del problema de seguridad que originó la decisión, el aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos; la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas respecto de sus funciones primarias y su degradación institucional por el incremento sustantivo de hechos de corrupción”, concluye el informe.

La intervención militar en la seguridad interna ya demostró su fracaso en la región. Argentina sigue esos pasos.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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