Por Sebastián Ortega / @ElFantasista_
La declaración jurada de Néstor Omar Martín no pasó el “semáforo”. Los especialistas de investigaciones patrimoniales de Asuntos Internos la marcaron con el color rojo: en el listado de bienes figuraban siete casas y un helicóptero. El comisario más rico de la Bonaerense quedó en la mira de la justicia y renunció al cargo. La AFIP detectó otras 101 propiedades a nombre de testaferros.
Martín estaba a cargo de las administración de las horas extras y adicionales de más de 90 mil policías, una de las fuentes de recaudación ilegal más comunes dentro de la fuerza. “Se creía impune. El sueldo que cobraba nunca le hubiera permitido comprar un helicóptero”, explicó a Cosecha Roja una fuente del Ministerio de Seguridad. El de Martín es uno de los casos de corrupción policial más llamativos de los últimos años. Pero no es el único. Cada año 15 mil policías de la provincia presentan sus declaraciones juradas; un 30 por ciento no pasan el semáforo, el sistema que utilizan en Asuntos Internos para detectar inconsistencias patrimoniales. Hoy 1944 agentes están bajo la lupa por posibles hechos de corrupción y a doscientos le abrieron causas judiciales por el delito de enriquecimiento ilícito.
La Auditoría de Asuntos Internos funciona bajo la órbita del ministerio de Seguridad provincial que encabeza Cristian Ritondo. Su titular es Guillermo Berra, un abogado que trabaja junto a María Eugenia Vidal desde que asumió como vicejefa de gobierno. Desde su llegada al cargo en diciembre de 2015, Berra renovó el funcionamiento de una de las áreas más sensibles de la seguridad en la provincia: la que investiga a la propia Bonaerense.
¿Cuáles son las cajas negras de la policías? Además del negocio de los adicionales, una constante es la recorrida: los policías visitan los locales comerciales y les piden “colaboraciones” a los dueños. En algunos casos los aprietan con armarles causas si no pagan.
Además del negocio de los adicionales, una constante es la recorrida: los policías visitan los locales comerciales y les piden “colaboraciones” a los dueños. En algunos casos los aprietan con armarles causas si no pagan.
Otras formas típicas de recaudación, tanto en el Conurbano como en el interior provincial, son las coimas a los conductores de autos y motos que no tienen los papeles en regla. “En el conurbano hay más casos de policías que brindan protección o directamente son socios de los narcos”, explicó una fuente del ministerio. “Los niveles de recaudación policial coinciden con el mapa del delito: se recauda más donde más delitos hay”, agregó.
La declaración jurada es una de las maneras que tiene Asuntos Internos de iniciar una investigación. En base al rango y a la antigüedad de cada agente se realiza un cálculo de la capacidad de ahorro y los bienes que podría haber adquirido legalmente. Si la declaración jurada está en regla el “semáforo” la identifica con el color verde. El amarillo es para aquellas que arrojan dudas y el rojo para los policías que no pueden justificar sus bienes.
En promedio, el 30 por ciento de las declaraciones no pasan el semáforo y se abre un sumario patrimonial. Algunas de ellas terminan en la justicia. Los pasos que pueden seguir son la desafectación, mientras avanza la investigación, y la expulsión (cesantía o exoneración).
Otra forma de detectar casos de corrupción son las auditorías preventivas sorpresa. Un equipo de civiles y policías armados llega a una comisaría o a una departamental, cierran la dependencia y le sacan los teléfonos a los policías. Revisan los libros de guardia, de adicionales, horas extras y presentismo, los listados de vehículos y de detenidos.
En junio, durante una inspección en la comisaría de Cañuelas los investigadores de Asuntos Internos detectaron superposiciones entre el cumplimiento del servicio ordinario y las horas extras que cobraran los policías. El jefe y subjefe de la comisaría, además, “obligaban al personal a realizar un número mínimo de inspecciones personales a ciudadanos en la vía pública, sin orden judicial e infringiendo la normativa procesal penal que consistía en palparlos y revisar sus bienes personales así como en la averiguación de antecedentes penales y obtención de fotografías de las personas, las que luego eran pegadas y conservadas en una pizarra de la dependencia”, dice la resolución de Asuntos Internos.
En marzo de este año el Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Plata condenó a ocho ex jefes policiales de la Departamental de La Plata. A partir de una denuncia anónima, en abril de 2016 una comitiva de Asuntos Internos encontró en la Jefatura 36 sobres con más de 150 mil pesos.
En marzo el TOC N° 3 de La Plata condenó a ocho ex jefes policiales de la Departamental de La Plata. A partir de una denuncia anónima, en abril de 2016 una comitiva de Asuntos Internos encontró en la Jefatura 36 sobres con más de 150 mil pesos
.
Una semana antes de la condena, tres equipos de Asuntos Internos llegaron a las comisarías 5a, 7a y 9a de Quilmes. En la 5a encontraron tres plantas de marihuana, un cuaderno en el que anotaban los cobros ilegales a los comercios e irregularidades en las rendiciones del consumo de combustible de los patrulleros. El jefe de la comisaría y otros seis agentes fueron suspendidos. El responsable de judiciales de la 9a también fue suspendido porque había sumarios atrasados y elementos secuestrados que no habían sido informados a la justicia.
Un año antes, una comitiva había hecho una auditoría sorpresa a la Estación Comunal de Balcarce a partir de la denuncia de la mamá de una adolescente, que contó que el hombre que mató a su hija en un accidente debía estar preso en la comisaría. En la visita, los investigadores descubrieron que los policías cobraban coimas a cambio de dejar salir a los detenidos y que había presos que no estaban anotados en los libros de guardias. Siete policías fueron desafectados del cargo. En otros casos suelen encontrar drogas o armas “perritas”, como les llaman a las pistolas o revólveres ilegales.
En los últimos cuatro años Asuntos Internos inició sumarios a 34.995 policías, casi un tercio del total de agentes que tiene la policía más grande del país. De ese total, 13.003 fueron apartados del cargo, 2 mil exonerados y 925 quedaron detenidos.
