Fotos: Facundo Nívolo
En el fondo del “Barrio Curita” o 13 de Julio hay un pantano y un basural. Desde que empezó la cuarentena algunos vecinos que ya no pudieron pagar el alquiler de sus habitaciones o estaban viviendo hacinados construyeron allí su hogar. Solo en los últimos veinte días, la policía 4ta de José León Suárez intentó desalojarlos siete veces. Se las tienen jurada, con amenazas de por medio. Ayer intentaron sacarlos con la infantería:
–¡Dónde está la orden del desalojo! –gritaban las familias que veían en frente un despliegue con escopetas en mano.
En el operativo de ayer la policía alegó que el Municipio había dado la orden, pero las autoridades municipales se contactaron rápido para pedir que se detuviera el desalojo. Después dijeron que había una orden de la fiscalía N°3, lo que también se desmintió por el fiscal de turno: “Fue la comisaría la que llamó para comunicar que estaban interviniendo en un delito de flagrancia”. Es decir, que estaban impidiendo una toma que se estaba dando en ese mismo momento.
–Hace pocos días los vecinos empezaron a traer camiones de tierra para rellenar. La policía les dijo que podían limpiar y marcar, pero no iban a permitir que levanten casillas. Lo de la tierra hizo estallar a la policía de vuelta –dijo a Cosecha Roja Melina Cáceres de Barrios de Pie– Libres del Sur.
“Comparten el guiso en una olla popular y defienden los palos y las lonas que fueron plantando como refugio”, dijeron desde el Comité de Crisis que se formó para hacerle frente a la violencia policial.
Las primeras familias llegaron antes que el coronavirus fuera agenda en Argentina. En enero fueron unas y ahí empezó el tironeo con la policía, que echó a una mujer cuando empezó la pandemia. Por este desalojo corrieron al anterior comisario. Algunas de esas familias desistieron pero se sumaron otras. Hombres y mujeres con niños que a partir de la pandemia no pudieron hacer más changas, cartoneo ni reciclaje en las cooperativas y se quedaron sin techo.
“La mayoría de los que tienen lugares para alquilar son también del barrio, gente que vive de ese ingreso y algún otro emprendimiento familiar. Hoy no hay resto para pagar esos alquileres, hay familias enteras viviendo en una pieza. Muchas de estas familias que no pueden sostener los alquileres se arman casillas en el fondo del barrio, o al lado de la vía o el zanjón”, dijeron desde el Comité.
-Como los alquileres no están formalizados –explica Melina–, no existe eso de que si no podés pagar te aguantan durante la cuarentena.
“La pandemia agudizó lo que ya existía. Hay muchas familias sin posibilidad de seguir alquilando”, dice Leonardo Rebolino, referente de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) que estuvo ayer en el intento de desalojo. “Esto sumado a la falta de planificación territorial de parte del Estado, porque es un tema difícil de abordar, porque hacen falta millones de pesos”.
La orden de la fiscalía fue negociar. La respuesta de la policía fue entrar con la infantería y tirar abajo la división de las parcelas. La tensión sigue ahí. Pero al menos hoy, entre los vecinos, juntaron algo de comida e hicieron una olla popular de nuevo. Y ruegan que el pronóstico de lluvias no se cumpla.
