Patricia Bullrich confirmó que el Ministerio de Seguridad está armando una licitación para la compra de 300 pistolas Taser. El objetivo del gobierno es que las utilicen los efectivos de las fuerzas de seguridad que trabajan en aeropuertos y trenes. “En los grandes aglomerados de personas está probado que es muy eficaz para no tener que usar armas de fuego”, explicó hoy el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. Lo que no dijo el exjefe de la Policía Metropolitana es que estas armas de electrochoque son consideradas elementos de tortura por la ONU y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y tienen una letalidad encubierta: en Estados Unidos más de 500 personas murieron después de recibir descargas eléctricas.
La Taser x26 es un arma de electrochoque. Dispara dos electrodos con un alcance de alrededor de 8 metros. El shock actúa sobre el sistema nervioso: incapacita cualquier movimiento voluntario y genera múltiples contracciones musculares. “Hemos decidido a nivel nacional dotar al personal de estas armas no letales para las situaciones de violencia que se dan, para no tener que usar armas de fuego”, explicó Burzaco.
El concepto de “arma no letal” al que refiere Burzaco es erróneo. Esa creencia por parte de los efectivos policiales de que se trata de armas “no letales” o “menos letales” incentiva el uso indiscriminado. En mayo de 2011 tres policías le dispararon a Allen Kephart, un hombre de 43 años que había cometido una infracción de tránsito en San Bernardino, en el estado de California. El hombre murió después de recibir 16 descargas de Taser. Unos meses después, en Carolina del Norte, un policía le disparó a Roger Anthony, que iba en bicicleta y no acató la orden de detenerse. El hombre cayó y murió. Después, el policía se enteró que Anthony no había frenado porque tenía una discapacidad auditiva. En Dothan, Alabama, un policía disparó al menos dos veces con su pistola Taser contra Johnnie Kamahi Warren, de 43 años, que iba desarmado y en estado de embriaguez. El hombre dejó de respirar y murió poco después.
Según un informe de la American Civil Liberties Union (ACLU) en Estados Unidos más de 500 personas murieron desde 2001 como consecuencia del uso indiscriminado de pistolas Taser, la mayoría por fallas cardíacas provocadas por las descargas eléctricas. En 2007 Amnistía Internacional presentó un informe ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos: el 90 por ciento de las más de 500 personas fallecidas estaban desarmadas. La mayoría de las víctimas recibieron múltiples descargas.
Algunos de estos argumentos fueron utilizados en el amparo que presentó en 2010 el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires para evitar que la Policía Metropolitana utilizara las Taser por considerarlas un elemento de tortura.
La jueza porteña Andrea Dana hizo lugar al amparo y prohibió el uso de ese tipo de armas en la ciudad. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó el fallo: “Aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo”, explicaron los camaristas.
En 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revocó el pronunciamiento de la Sala II y rechazó el amparo. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló en el mismo sentido y habilitó el uso de las Taser. Con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y otras organizaciones, el Observatorio hizo una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todavía está analizando el caso.
