“Un juez administra justicia, no odios ni venganzas”

La jueza Liliana Patricia Bernal Moreno, que condenó a Rafael Uribe Noguera por el crimen de Yuliana Samboní, dice que la Fiscalía pide aumentar a 60 años los años de prisión por culpa de la presión mediática y no apegada a las normas. Habla sobre sus miedos, sus sueños y el machismo.

Fotos: Cristian Garavito – El Espectador.

No había espacio para el error. No había noticiero ni periódico que no hablara del feminicidio de la niña Yuliana Samboní a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera. No había pronunciamiento oficial que no reclamara justicia. Era el miércoles 29 de marzo de 2017. El foco de la opinión pública estaba en el Juzgado 35 Penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, o más bien, en su jueza Liliana Patricia Bernal Moreno, quien tenía en sus manos una trascendental decisión.

La noche anterior ella no se desveló. Estaba serena, con una sentencia de 37 páginas lista para ser leída, pero consciente de que su impacto se multiplicaría. Así que quería aprovechar la atención del país para visibilizar a las 15.082 denunciantes de violencia sexual y a las 122 víctimas de feminicidio que, junto a la niña Samboní, integraron en 2016 una larga lista de dolor. “Este es un país que invisibiliza a sus víctimas y solo reconoce a las engrandecidas por la presión de los medios de comunicación”, le dijo la jueza a El Espectador.

Anotó ideas claves en un papel, con el que llegó a la lectura de la condena. Regañó a la Fiscalía por los otros casos que “nunca atiende”; a la prensa, por contribuir a las dinámicas de discriminación, y a la representación de las víctimas, porque sobreexpuso a la niña y la revictimizó. Ese borrador fue la antesala de una sentencia, que fue apelada por la Fiscalía por no condenar a Uribe Noguera a la pena máxima (60 años). A pesar de eso, la decisión fue premiada por Women’s Link Worldwide, al considerarla un avance en los derechos de las niñas y las mujeres, y hoy es estudiada en algunas universidades colombianas.

Tres meses y 25 días para hacer justicia

Dos días se demoraron las autoridades para legalizar la captura de Rafael Uribe Noguera, después de que el 4 de diciembre de 2016 secuestró, asesinó y violó a Yuliana. Y por un sistema de reparto aleatorio, la misión de juzgarlo estaba a los once días en manos de Bernal. Una vez llegó el proceso a su escritorio, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura la llamaron y la visitaron.

Aunque la jueza iba a tratar el proceso de manera ordinaria, como uno más de los 230 casos que lleva en su despacho junto a sus tres colaboradores, los magistrados presionaron para que se omitieran términos procesales y se le diera un trato preferente. ¿Por qué así? “Porque los medios tenían los ojos puestos sobre el curso del proceso y porque había preocupación entre la sociedad, que tenía hambre de justicia”, fue lo que le respondieron los togados a esta abogada de la Universidad Nacional.

“El trasfondo de esas exigencias no era ampliar el abanico de justicia para las personas en igual situación a la víctima en este proceso, sino presionar por la producción de una sentencia en particular”, dice Bernal. Por eso, les reclamó a los magistrados el haberse comunicado con ella para este fin, cuando en múltiples oportunidades se les había pedido auxilio para que se pudieran agilizar este tipo de sentencias y “siempre habíamos recibido un portazo del Consejo de la Judicatura”, agrega.

Ese día, la jueza supo que su decisión sería transcendental. Supo también que su deber era responder de la mejor manera a la víctima y que la condena no sería un trofeo. Bernal, como otros tantos actores del sistema de justicia colombiano, sabía que sólo el 10 % de las denuncias por violencia sexual llegan a juicio. Responsabiliza a la Fiscalía de estas cifras: “las investigaciones son muy pobres”. Y sigue: “A veces la sentencia condenatoria se consigue a pesar de la misma Fiscalía”.

Ella y solo ella tecleó hasta completar las páginas del veredicto final. Es común que las sentencias las escriban los sustanciadores. En este caso, como en otros de delitos sexuales, Bernal asumió la tarea de redactarla y argumentarla. “Lo hice solita, para asumir solita el riesgo de lo que pasara”, recuerda.

Por su despacho, varios de sus colegas hombres se pasearon para advertirle que el de Yuliana no era un feminicidio y que a lo sumo era un homicidio agravado con un acceso carnal. ¿Qué es un feminicidio? En el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley Rosa Elvira Cely y la única sentencia de la Corte Suprema sobre feminicidio, encontró sus respuestas. “Empecé a reconocer mi propia ignorancia y la de mis compañeros”.

De ahí estuvo segura de que “la violencia soportada por Yuliana Samboní fue el producto de las perversas dinámicas de discriminación de género” y que su cuerpo fue tomado, usado mediante el sometimiento de actos sexuales, que fue ungido de aceite como fetiche sexual y desechado. La mataron por el hecho de ser mujer y perdió su esencia de ser humano con apenas siete años. Su cuerpo fue cosificado y con la agresión sexual “se confirma el sometimiento de lo femenino a lo masculino y el poder y la dominación de la corporeidad del hombre sobre el cuerpo de la mujer”.

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“Me voy a sostener en lo que dije”

La televisión, la radio y los periódicos no se apagan en la casa de Bernal. Revisa medios y no le da miedo distanciarse de ellos aunque el país se le venga encima. Así lo hizo en la sentencia del caso de Yuliana. Desestimó una de las causales que pedía la Fiscalía para aumentar la pena: la condición social privilegiada del victimario. Según ella, ese era “un punto dramático para los medios”. El ente investigador, en su concepto, “estaba indebidamente recogiendo ese ánimo popular de ‘por fin castigamos a un rico… ya la justicia no es para los pobres’”.

Sin embargo, la Fiscalía sí considera que esa es una de las causales que permitiría aumentar la condena de 51 años y 10 meses de prisión a 60 años. Así lo expuso en la apelación que radicó el pasado 5 de abril, ante el Tribunal Superior de Bogotá. “Hasta el último momento me voy a sostener en lo que dije. Para efectos del feminicidio, no importa la posición social del victimario. Puede ser rico, pobre, ilustrado, ignorante, de cualquier vinculación política, y puede seguir siendo un victimario. Estamos frente a un derecho de acto y no de autor. Yo no lo puedo castigar a él porque venga de una noble cuna. Yo lo castigo por lo que hizo”.

Los 60 años de condena que piden para Uribe Noguera, a criterio de Bernal, no se desprenden de la aplicación de la ley. “Lo está pidiendo la Fiscalía en respuesta a esa presión mediática y social, enardecida por el manejo público que se le dio al proceso”. Asevera que el juez administra justicia, no venganza ni los odios de nadie, y que la pena para Uribe Noguera es “secundaria si no pensamos que el problema se soluciona desde la familia, la escuela y la institucionalidad”.

Bernal conoce la maldad humana y por eso le teme profundamente a ser víctima, sobre todo, de un delito que transgreda su dignidad. Al finalizar la tarde se refugia en su casa junto a sus dos hijas y su esposo, quien trabaja en temas de violencia sexual en el Instituto de Medicina Legal. La pareja sobrelleva en su hogar el dolor que ve a diario en sus trabajos haciendo cosas ordinarias, nada trascendentales. Se estrenó como jueza de control de garantías en 2005, con el nuevo sistema penal acusatorio. Y a sus 45 años, 23 de ellos dedicados a la rama, todavía sortea a los abogados que creen que con argumentos de compasión le nublarán la razón, a los procesados, que creen que hablándole duro la disminuyen y a quienes confían en que las mejores decisiones son las que toma un juez, porque “los hombres son racionales y las mujeres emocionales”.

No le interesa que califiquen su sentencia de buena o mala, pero le alegra saber que se discute en universidades y colegios, y que los defensores públicos le pidieran copia del fallo para estudiarlo en barras de abogados. “Si por lo que se dice en la sentencia salvamos la vida de una mujer o una niña, ya cumplimos”. Sueña con la idea clásica de que la sociedad hable por intermedio de sus jueces y que sus mensajes sean entendidos. Se declara en pro de los derechos de las mujeres, pero no se atreve a llamarse a sí misma “feminista”.

 
*Este artículo fue escrito en el marco de la Beca Cosecha Roja y publicado también en El Espectador de Colombia.
Pilar Cuartas Rodríguez
Pilar Cuartas Rodríguez

Periodista de El Espectador, Colombia. Becaria de Cosecha Roja.

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