Por Francisco Sandoval Alarcón – Animal Político.
Esta crónica acaba de ganar el segundo lugar del certamen de Periodismo Investigativo y Acceso a la Información Pública que organizaron: México Infórmate, Artículo 19, el Colectivo por la Transparencia y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
El señor Adán Abel Esparza Parra, cuyos hijos, esposa y hermana fueron acribillados en un retén militar, conoce la respuesta: la vida de un civil vale un promedio de 147 mil pesos.
De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por Animal Político, la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) ha pagado en promedio esta cantidad a las familias que pierden a uno de sus miembros cuando se ven fortuitamente envueltos por un tiroteo. “Daños colaterales” les llaman.
En contraste, la misma instancia encabezada por el general Guillermo Galván Galván ha entregado a las familias de los militares caídos en combate, alrededor de 784 mil pesos.
Interrogados sobre el número de bajas civiles “inocentes” en el combate al narcotráfico, la SEDENA elude dar los datos precisos y los nombres porque corresponden a “datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión”, pero al menos señala que ha pagado en los últimos 4 años un total de 67 indemnizaciones por personas muertas y heridas, que equivale a una bolsa de 11 millones 966 mil 553 pesos.
Además, en respuesta a una segunda solicitud de transparencia, el Ejército reconoce la muerte de 153 militares de diferente rango de 2007 a la fecha, cuyas familias han recibido en promedio 784 mil pesos por indemnización, lo que arroja a su vez una bolsa total de 120 millones de pesos.
En el caso de los soldados que han muerto en accidentes aéreos en el marco de la “lucha permanente contra el narcotráfico”, más el apoyo que por ley tienen que recibir, la SEDENA ha pagado 100 mil dólares a cada familia, como parte de las pólizas de vida estipuladas por manejar equipos de alto riesgo, las cuales están establecidas en dólares.
I.-Le mataron a toda su familia
Esparza Parra perdió a toda su familia y el pulgar de la mano izquierda el 1 de junio de 2007. Un regimiento de 19 militares mató a su esposa, a sus tres hijos, así como a su hermana cuando viajaban camino al poblado de Ocorahui en el municipio de Sinaloa de Leyva.
Los sobrevivientes quedaron gravemente heridos.
Por arrancarle de un balazo el dedo, el Ejército le pagó 36 mil 916 pesos. Por cada uno de sus hijos muertos, le dieron 147 mil 664 pesos.
El pago por el asesinato de su esposa, una suma similar a la entregada por sus hijos, fue para su suegra.
La suma global arrojó un total de 847 mil 70 pesos, cantidad que representa la indemnización más alta pagada por el Ejército a familiares de civiles muertos por los errores o excesos cometidos por los militares durante la “guerra” contra el narcotráfico.
En la actual administración la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha pagado, vía cargo al erario, más de 12 millones de pesos por concepto de indemnizaciones a familiares de civiles muertos y heridos.
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