IV.-Los civiles muertos
Trece en cinco meses. Aunque la SEDENA se negó a dar los nombres de las víctimas de las agresiones y las fechas en las que ocurrieron, en al menos otras dos solicitudes ciudadanas realizadas al IFAI la institución castrense dio a conocer esos datos.
A finales de 2010, por ejemplo, la SEDENA reconoció que del 13 de mayo al 8 de septiembre —es decir, un lapso de 5 meses— 13 civiles sin vínculos con la delincuencia habían muerto en retenes o por fuego cruzado, por lo que fueron indemnizados.
Por los 13 decesos, así como por los pagos a otros seis civiles que resultaron heridos, la SEDENA desembolsó 1 millón 794 mil 521 pesos.
Los casos se dieron en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y todas estas muertes se dieron en retenes militares, justo cuando las víctimas conducían o tripulaban sus vehículos.
Por estos hechos un oficial, cuatro tenientes, dos cabos, un subteniente, un capitán y 32 soldados del Ejército han sido procesados por los tribunales militares.
Sólo dos de los 13 asesinatos fueron dados a conocer por el Ejército a través de un comunicado de prensa emitido en septiembre de 2010. En el texto se informó que en la carretera federal Nuevo León-Monterrey cuatro militares que se encontraban en un retén dispararon contra un vehículo en el que viajaban siete civiles, de los cuales dos murieron y cinco resultaron heridos.
Por este error, la SEDENA pagó 335 mil 566 pesos a la esposa de una de las víctimas.
V.- Indemnizaciones a soldados
La familia de un teniente coronel de Infantería asesinado en Michoacán durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes, que hasta enero de 2011 era el militar de más alto rango asesinado en la “guerra” contra el narcotráfico, recibieron por el seguro de vida que el Ejército otorga a los militares caídos en cumplimiento de su deber alrededor de 543 mil pesos.
El Artículo 63 de la Ley de Instituciones de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas señala que cuando un militar muere en cumplimiento de su labor se le debe pagar, de acuerdo con su salario vigente, un seguro de vida por 40 meses de sus haberes y sobre haberes, de ahí que al coronel le tocara una suma mayor a medio millón de pesos.
De enero de 2006 a enero de 2010, según informes publicados en su página de transparencia, la SEDENA tenía reportada la muerte de 153 militares en el marco de su “campaña permanente contra el narcotráfico”.
Del total de muertos, uno era coronel de Infantería, cuatro tenientes coroneles, dos mayores, dos capitanes de primera, nueve capitanes de segunda, 31 tenientes, 10 subtenientes, ocho sargentos de primera, 25 sargentos de segunda, 60 cabos, 96 soldados y un cadete.
En el caso de los soldados muertos, el Ejército pagó a cada una de sus familias un seguro de aproximadamente 175 mil pesos, lo que multiplicado por 96 arroja una suma de 16 millones 819 mil 200 pesos.
Por los 153 soldados muertos en los últimos 5 años, la SEDENA pagó más de 55 millones de pesos por los seguros de vida a los que eran acreedores, sin contar que las familias de los fallecidos siguen recibiendo una pensión del 100 por ciento, según el sueldo percibido antes de morir.
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