Por Martín Dzienczarski*
A Alberto Lebbos lo asaltan los recuerdos. Aquel día en el que marchó a pesar de un diluvio y lo acompañó solo una chica. Todas las veces que lo amenazaron. Los días completos esperando una audiencia en Tribunales. Los rostros de cada familiar de crímenes impunes con los que marchó y que fallecieron sin ver justicia. Después de 11 años, 11 meses y 11 días del femicidio de su hija Paulina empieza el juicio por encubrimiento contra los funcionarios y policías acusados de encubrir el crimen.
¿Qué cambió en Tucumán desde entonces? Cuando falleció Paulina todavía no se hablaba de femicidios. Un tendal de rumores se disparó cuestionando por qué fue la chica a bailar si tenía una hija, por qué usaba vestidos. La culparon de su propia muerte.
“Cada vez que dijeron cosas así la volvieron a matar. En el tiempo que pasó aprendí que si una causa no se mediatiza queda en la nada. El silencio es el aliado necesario de la impunidad”, dice Lebbos, quien en la última década también perdió a su esposa, Rosa del Carmen Racedo.
“Tengo muchas preguntas que espero que se respondan en el juicio. La principal, quién mató a mi hija”, dice Lebbos. ¿Por qué la noche del crimen nunca llegó a la casa de Víctor César Soto, el padre de su hija? ¿Donde estuvo? ¿Qué pasó en esos 14 días hasta que la apareció al costado de la ruta? ¿Por qué amenazaron a los baqueanos que encontraron el cuerpo? ¿Por qué el primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera, fue de noche a una reunión en la casa del gobernador José Alperovich? ¿Por qué se destruyeron pruebas? ¿Por qué ascendieron a los policías que fraguraron las actas del hallazgo del cuerpo?
“Ya no pregunto por qué, porque todo eso pasó para encubrir, para que no se conozca la verdad del crimen. Lo que quiero saber es para quién: para proteger a quién se hizo todo esto”, dice Lebbos.
El femicidio
Paulina tenía 22 años y estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. El sábado 25 de febrero de 2006 fue a bailar con su amiga, Virgina Mercado, a un boliche del Abasto para festejar que habían aprobado una materia. Ambas tomaron un remise: Virginia se bajó en La Rioja al 400, a pocas cuadras de la zona de la fiesta. Paulina siguió viaje para ir a casa de su novio, el papá de su hija de cinco años. La mañana del domingo, como no regresaba, los padres de Paulina empezaron a buscarla. Llamaron a su celular pero no había caso. Alberto, que se desempeñaba como Director de la Juventud de la Provincia, denunció la desaparición en la sede de la Regional Capital de la Policía, casi a la medianoche del domingo. Luego de seis días contrató al abogado Emilio Mrad. Él eligió no cobrarle porque eran amigos de la infancia.
Dos semanas después, en la siesta del 11 de marzo el cuerpo de la joven apareció en el kilómetro 3 de la ruta 341, a la altura de Tapia, una localidad a 50 kilómetros al norte de la capital tucumana. La encontraron dos baquianos: los hermanos Goitea. Funcionarios policiales fraguaron actas de procedimiento informando que el descubrimiento había sido producto de un rastrillaje de la comisaría de Raco. Los peritos de Gendarmería concluyeron que el cadáver había sido arrojado ahí y que había sido estrangulada. El ministro de Seguridad, Pablo Baillo (ex funcionario durante la gobernación de Antonio Bussi), renunció. Asumió en su lugar Mario López Herrera.
La tarde del 12 de abril se hizo una sesión secreta del Concejo Deliberante. Allí se habló de las graves irregularidades en la investigación y se unificó el registro de taxis y remises en la ciudad. La remisería Cinco Estrellas, propiedad de la mafia comandada por Ángel “la Chancha” Ale, tenía la mayor parte del negocio del transporte de pasajeros en autos. Se sospechaba, por una denuncia de Susana Trimarco, que sus autos participaban de una red de trata de personas. El 12 de mayo también comenzó a regir la ley de las 4 am, que ordenaba a los bares y boliches a cerrar a esa hora. La ley fue derogada en 2014: su aplicación había generado un sinfín de fiestas clandestinas.
Los fiscales
A la causa la tomó primero el fiscal Alejandro Noguera, hasta que fue fotografiado por la prensa saliendo de la casa del entonces gobernador Alperovich el 19 de abril. Algunos años después, el mandatario ascendió a Noguera a fiscal de la Cámara de Apelaciones. El entonces jefe de los fiscales, Luis de Mitri remitió la investigación a manos de Carlos Albaca, bajo supervisión de Daniel Marrazino. En el medio, Alberto Lebbos renunció a su cargo como director de la Juventud de la Provincia.
Hasta ese momento la investigación había estado orientada a seguir el relato de Virgina Mercado, la amiga de Paulina. El fiscal Albaca dictó el secreto de sumario. Siete años después, y por las constantes denuncias de Lebbos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación designó a Luis Lobo Bugeau para que revisara el desempeño del fiscal. Un informe lapidario obligó a derivar el expediente a otro fiscal: Diego López Ávila. Atrás quedaron siete años de cajoneo. Albaca había llegado a poner en duda el asesinato de la joven y una de sus hipótesis era que Paulina habría muerto en una práctica sexual extrema.
Pericias y jubilación
El último fiscal acusó a al ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y al ex jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía, Héctor Brito, por su participación en el momento en que fue hallado el cuerpo de Paulina. Luego sumó pruebas contra el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, contra el ex jefe de la fuerza, Hugo Sánchez y contra el policía Hugo Rodríguez, a quien los baqueanos denunciaron el hallazgo del cuerpo.
La justicia determinó que Paulina falleció de estrangulamiento manual y que fue vejada. Las pericias descartaron que haya consumido drogas o alcohol. La escena del crimen fue alterada, destruyeron fotos del peritaje inicial y alteraron el sitio del hallazgo. El mismo fiscal pidió el sobreseimiento de Gabriel Alperovich,hijo del ex gobernador, y de Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado del ex mandatario.
Los jueces de la Sala III estarán a cargo del juicio por encubrimiento contra los cuatro ex policías, el ex secretario de Seguridad. También juzgarán al electricista Roberto Luis Gomez, quien habría tenido el celular de Paulina. Esa pista se desprendió de una pericia con el código IMEI del celular de la víctima, un número de 15 cifras que se activa cada vez que se le coloca un chip. El ex fiscal Albaca había solicitado la misma pericia, pero había consignado erróneamente el número.
En simultáneo, el fiscal Albaca inició los trámites jubilatorios para evitar el juicio político. Se jubiló con el 82% móvil. La Justicia comenzó otra investigación para analizar su labor y espera ir a juicio por 11 delitos, entre ellos, encubrimiento agravado y obstrucción de la justicia. El debate podría comenzar este año. De la causa principal se desprendió una pesquisa por encubrimiento del hallazgo del cuerpo de la víctima. En 2014, el ex comisario de Raco, Enrique García, y el policía Manuel Yapura fueron condenados por falsificación de declaraciones testimoniales y de instrumento público.
Ser un expediente
“La vida te cambia totalmente. Me acuerdo de una mujer mamá de un joven fallecido en Salta, que conocí cuando me invitaron a explicarles como se había formado la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad en Tucumán. Ella dijo llorando que su hijo asesinado se convirtió en un expediente, y que luchaba para que avance. A mí me pasó igual que a muchos: más de siete años estuve luchando y no me dejaban siquiera ver el expediente como querellante”, dice Lebbos en la cuenta regresiva del juicio. “Cuando mis otras hijas salían a bailar la gente las insultaba cuando cerraban los boliches temprano, por la Ley 4 AM. Así te cambia la vida”, continua.
La hija de Paulina cumplirá 17 en febrero. Ella la conoce por los recuerdos de la familia (vive con su abuelo) y las secciones policiales de los medios. “Es una nena que su padre abandonó y que su madre murió en esta situación terrible. Es tan inteligente, abanderada, buena alumna, hace danza. Pero no es fácil”.
Cuando termine el primer día del juicio, Lebbos adelantó que irá a merendar al bar de siempre antes de partir con la marcha de todas las semanas de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. La número 600.
*Esta nota se escribió en el marco de la Beca Cosecha Roja.- Fotos: Sebastián Pisarello-
