Tres amigos volvían en auto de jugar al fútbol y pararon a cargar gas en una estación de servicio. Cuando salieron los frenó la policía. Eran alrededor de las 2 de la madrugada del jueves 1 de febrero. A Miguel Casco lo hicieron bajar, lo pusieron contra el patrullero y le pidieron los documentos. A los otros dos les dijeron que se podían ir.
Miguel, un militante barrial de 41 años e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), reconoció a los policías. Eran los agentes del Comando que patrullan Arturo Seguí y Villa Elisa, en el Partido de La Plata, donde él vive y dirige una olla popular que alimenta a casi 40 familias.
—Dale, si me conocés, sabés quien soy — le dijo al agente.
El policía le pegó un culatazo en la espalda con una escopeta antitumultos y le exigió que se tirara al piso. Miguel alcanzó a cubrirse con las manos cuando el agente le gatilló a quemarropa. Recibió 12 perdigonazos: uno de ellos le quedó enterrado en el brazo derecho.
“Me subieron al patrullero, me pusieron una bolsa en la cabeza y arriba mi remera”, contó a Cosecha Roja Miguel. Según denunció, le pegaron durante todo el trayecto hasta la comisaría 12 de Villa Elisa. “Tengo golpes en todo el cuerpo”, contó.
Los policías lo llevaron al hospital de Gonnet, donde le curaron las heridas de los perdigonazos y le dijeron que volviera algunos días más tarde para extraerle el que le quedó incrustado en el brazo. Después lo trasladaron al Cuerpo Médico de policía, en La Plata, y de ahí de vuelta a la comisaría.
Al día siguiente lo llevaron a Tribunales. Ahí se enteró que los policías lo acusaron por el delito de “resistencia a la autoridad”. El juez ordenó su libertad sin tomarle declaración indagatoria.
Miguel ya había estado detenido. En 2015 pasó seis meses preso cuando lo acusaron de liderar la toma de un terreno en la esquina de su casa y lo condenaron a dos años de prisión en suspenso. Él dice que fue una causa armada. “Necesitaban meter a alguien en cana y vivo a media cuadra”, dijo. La defensa apeló y la causa llegó hasta la Cámara de Casación Penal.
Cuando lo liberaron, Miguel armó una olla popular en su casa. Cada martes, jueves y sábado le da de comer a casi 40 familias. Los fines de semana, además, sirven la merienda.
El día que abrió la olla popular lo visitó un grupo de policías. Le dijeron que se dejara de joder, que se pusiera a laburar. Después se enteró que agentes de civil recorrían el barrio preguntando por él. Le decían a los vecinos que vendía drogas y que escondía un violador en su casa. Y los amenazaban: si no se animaban a denunciarlo lo llevarían preso por encubrimiento.
En octubre del año pasado Miguel presentó un habeas corpus ante la Justicia. A través de los abogados de la Campaña contra la VIolencia Institucional pidió que se le informara si había una causa en su contra que justificara el accionar policial. En caso contrario, pedía que se dictara una medida para que cese la intimidación. La Justicia rechazó el habeas corpus.
Miguel cree que la detención del miércoles es una venganza por haber denunciado a la policía. “Es muy extraño: no a cualquiera que paran para pedirle los documentos sacan una escopeta y le disparan”, explicó.
