Es el 30 de octubre de 2014 y Elsa Godoy sostiene una bandera blanca con letras negras que pide la “aparición con vida de Franco Casco”. Con su marido llegaron a Rosario desde Florencio Varela dos semanas antes para encontrar a su hijo de 20 años. Lo buscaron por todos lados y saben -es la peor certeza que tienen- que estuvo preso en la comisaría 7°. Elsa está frente esa misma comisaría ahora, con la bandera apretada fuerte entre las manos, rodeada de cientos de manifestantes que salieron a pedir lo mismo que ella. Que con vida se lo llevaron, que con vida lo quieren.
A la misma hora y a unas cuadras de ahí el río Paraná escupe un cuerpo. Unos pescadores lo ven flotar frente al Monumento Nacional a la Bandera. Prefectura lo saca del agua: no tiene rostro, está atado con sogas. Elsa lo reconocerá después por los tatuajes: el nombre de Thiago en el antebrazo izquierdo y unas estrellitas en el cuello.
Siete años y una causa llena de irregularidades después, 19 policías de Santa Fe llegan a juicio por desaparición forzada, torturas y muerte de Franco Casco.
Franco era albañil y vivía en Florencio Varela con su pareja y su hijo Thiago, de tres años. A fines de septiembre de 2014 viajó a Rosario para visitar a su tía y sus primos de Empalme Graneros, un barrio del noroeste de Rosario. Pensaba volver el 6 de octubre. Tenía pasaje del tren que partía a Retiro a las 23.30 desde la estación ferroviaria Rosario Norte. Salió de la casa de su tía a la tardecita. Nunca llegó.
A los pocos días su papá Ramón Casco y su mamá Elsa Godoy viajaron a Rosario y lo buscaron por todos lados. Averiguaron que lo habían detenido en la comisaría 7ª donde primero se lo negaron y después le reconocieron que Franco había pasado la noche del 6 ahí. Dijeron que lo habían detenido por resistencia a la autoridad y no le dieron más datos. A Elsa le leyeron en voz alta el acta y no dejaron que viera la firma de su hijo.
El fiscal provincial que investigaba el paradero, Guillermo Apanowicz, les mostró fotos en las que se lo veía golpeado, con los piercings arrancados y un acta que decía que lo habían liberado. Hubo testigos falsos que dijeron que lo habían visto en un templo evangélico perdido y desorientado. Todo, en la semana en la cual el reclamo por su aparición estaba en todas los medios locales.
Con la investigación se supo después que la Policía de Santa Fe lo detuvo cerca de la estación de tren. Lo llevaron a la comisaría 7° y lo metieron en “la jaulita”: un calabozo “pequeño, oscuro y mugroso”. Los presos escucharon golpes y pedidos de auxilio. Después, silencio.
“Ese es el modus operandi de la policía rosarina: torturarlos, desmayarlos y tirarlos al río, para que el Paraná y su fauna ictícola hagan el resto. Los tiran desmayados, el agua entra, entonces parecen ahogados. Las lesiones por tortura no se pueden determinar porque las palometas van directamente a la zona traumatizada, la muerden y te dejan sin evidencia forense”, cuenta en el libro “Desaparecer en democracia” la médica forense y consultora Virginia Créimer. En el caso de Franco las pruebas apuntan a que lo mataron antes de tirarlo al agua.
A la tortura, muerte y desaparición se sumó una red de complicidades y ocultamientos. La causa estuvo plagada de irregularidades. Funcionarios judiciales y políticos descartaron desde el comienzo cualquier responsabilidad policial, no allanaron la comisaría ni secuestraron el libro de actas y avalaron todo tipo de pistas falsas para encubrir a los policías y garantizarles impunidad.
A siete años del crimen, 19 policías serán juzgados por diferentes grados de participación. Las audiencias son seguidas desde la puerta de los Tribunales Federales por familiares y organizaciones contra la violencia institucional.
Elsa no llegó a ver cómo juzgan a los asesinos de su hijo. Murió el 10 de agosto de 2016, enferma de Chagas. Hasta el final, luchó por esclarecer el crimen de Franco.
Acusados
Entre los 19 policías cuatro son la comisaría 7ª y están acusados por torturas: Diego José Álvarez, Cecilia Ruth Elisabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco.
Otros siete serán juzgados como autores de la desaparición forzada seguida de muerte: Esteban Daniel Silva (quedó sobreseído de aplicar torturas), César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débroa Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero y Enrique Gianola Rocha.
Dos policías de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, serán juzgados por encubrir los delitos como funcionarios públicos. Completan la lista Belkis Elisabeth González, Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortiz, Romina Anahí Díaz y Ramón José Juárez.
Otros 12 efectivos fueron sobreseídos. Está pendiente la situación procesal de cuatro civiles: dos odontólogos, una médica policial y un vecino de barrio Agote por falso testimonio.
La causa tramita en la Justicia Federal y el tribunal está formado por los jueces Otmar Paulicci y Osvaldo Facciano y la jueza Beatriz Caballero de Barabani. Hay cuatro querellas y la acusación está a cargo del fiscal general Oscar Fernando Arrigo.
