La ley que nos costó 100 años de luchas cumplió cinco meses de sancionada y cuatro de promulgada. Es decir: hace cuatro meses que tenemos ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina.
En 33 años, es la primera vez que las argentinas conmemoramos el 28M, Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, con aborto legal, seguro y gratuito.
¿Qué significa eso? En la práctica, que las mujeres y personas gestantes podemos abortar hasta la semana 14 de gestación inclusive sin dar ninguna explicación. Un derecho que -es necesario aclararlo- no anula la vigencia de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), práctica garantizada en casos de violación o de que corra riesgo la vida de la persona gestante, aún después de la semana 14.
¿Cuáles son las primeras conclusiones en estos cuatro meses iniciales de aborto legal? Aún no hay cifras oficiales. Sí hay un registro de la línea gratuita 0800, que centraliza las consultas por IVE/ILE en todo el país: sólo entre enero y febrero de este año, hubo más consultas que en todo 2019. En total fueron 3781. En todo el país, son al menos 700 efectores de salud que garantizan la práctica. Aún se está un poco lejos de los 5800 centros de salud que reciben el Plan Remediar. Contrario a lo que se pensaba, los objetores de conciencia no se acrecentaron. Pero sí hubo una embestida judicial por parte de sectores antiderechos para tratar de invalidar la ley en distintas provincias. En todo el país ya se cuentan 23 entre amparos y causas iniciadas, aunque los intentos por frenar la ley no han tenido lugar en la Justicia.
Foto: Pandilla Feminista
“La ley le dio un espaldarazo a los 700 equipos que ya venían haciendo la ILE. Los institucionaliza, los respalda, les da un marco de trabajo mucho mejor”, dice a Cosecha Roja Valeria Isla, directora del Área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
Esos 700 equipos de profesionales de la salud son la base desde la que se empezó a garantizar las IVE en todo el país, a los que se les suman 200 servicios de consejería. “Si tenemos en cuenta que con los botiquines de métodos anticonceptivos del Plan Remediar estamos llegando a 5800 centros de salud y hospitales, el número de servicios es bajo, pero acrecentarlo es nuestro gran desafío”, detalla Isla.
La promulgación de la ley 27.610 permite a lxs profesionales de la salud trabajar de manera más legitimada y más veloz, ya que, en el caso de las IVEs, no tienen que certificar causales. Pero también la ley produjo un lógico crecimiento de la demanda en provincias donde aún no están formados los equipos de trabajo. “Tenemos un buen marco de derechos, pero todavía nos falta aumentar la red de prestadores. Estamos trabajando en eso”, agrega Isla.
La ley también habilitó este trabajo político y “de cuerpo a cuerpo” al que hace referencia Isla. Algo que también ya se venía haciendo para garantizar las ILE a través de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir pero que ahora se profundiza con un derecho que abarca no sólo las causales, sino a todas las mujeres y personas gestantes que quieran solicitarlo.
Mientras desde el Estado trabajan en la ampliación de efectores, es bueno saber que desde 2014 las Socorristas en Red brindan información, asesoramiento y acompañamiento en todo el país. Y que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuiuto disponen de consejerías pre y post aborto.
Llamá al 0800
¿Querés hacerte un aborto? Tenés que llamar al 0800-222-3444, la línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva. Desde el gobierno nacional buscan reforzar este canal de comunicación por un motivo fundamental: quien atiende en el 0800 es personal amigable que va a derivar a un hospital, centro de salud o sanatorio con profesionales de la salud también amigables. De esta manera, se garantiza que quien desea abortar no pase por la situación de llegar a un profesional que no quiera garantizar su derecho a interrumpir el embarazo.
“Como es una herramienta federal que tiene más de 10 años, que se construyó como política pública, cuando ingresa un llamado al 0800 nos da la institucionalidad y nos habilita para intervenir con el director del hospital y los equipos de salud disponibles en la provincia y localidad indicada”, dice Isla.
A través del 0800 se informa también sobre métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia; obligaciones del sistema público de salud, obras sociales y prepagas; derechos de usuarias/os del sistema de salud; abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes (NNA), violencia sexual; asistencia post aborto; interrupción legal del embarazo (ILE); cáncer de cuello de útero y de mama; derechos sexuales y reproductivos de adolescentes; atención de población LGTBI+; entre otros temas.
Foto: Lara Otero
Por ahora, no existen cifras oficiales de las prácticas de IVE que se realizaron en todo el país en estos cuatro meses. Las últimas cifras que se conocen son de 2005 y fueron hechas en base a la cantidad de internaciones por complicaciones que había en ese momento. Por la ilegalidad era la única forma de tener datos y arrojaron que en Argentina se practicaban entre 350 mil y 500 abortos anuales.
Según detalló Isla a Cosecha Roja, la Dirección está trabajando en la elaboración de un sistema federal de información técnica específico que estará listo en unos 60 días. Se trata de una aplicación en la que los efectores de todas las provincias deberán ingresar los datos de las IVES. El sistema arrojará los primeros datos oficiales de abortos realizados en Argentina.
La herramienta que hasta ahora sí permite arrojar cifras oficiales es el 0800. ¿Cómo funciona? Una operadora responde la llamada. Si ella misma no puede resolver la consulta o duda, genera una secuencia. Es decir, la deriva a la Dirección de Salud Sexual y reproductiva. Allí ingresa al equipo de gestión (médicas, psicólogas, trabajadoras sociales) que articula con los prestadores de salud de las distintas provincias. Esta secuencia tiene un máximo de 72 horas para resolverse.
Entre 2010 y 2020 la línea recibió cerca de 80 mil llamados. En 2018, el año en que el aborto salió del closet en Argentina debido a que por primera vez el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito se debatió en el Congreso Nacional, las consultas por aborto comenzaron a crecer exponencialmente: de 280 consultas en 2017 pasaron a 1952 en 2018. En 2019, fueron 3722. En 2020 se recibieron más de 10.817 consultas. En los primeros dos meses de 2021 hubo 3781 llamados, una cifra que muestra que el crecimiento continúa.
“Desde la promulgación de la ley, aumentamos la capacidad de respuesta y resolución al 90 por ciento”, cuenta Isla.
Las obras sociales y prepagas tienen que garantizar el derecho
Otra de las novedades que trajo la Ley de IVE es que las obras sociales y prepagas deben garantizar esta práctica y también la ILE. Esto permitió ampliar la cobertura y la accesibilidad sobre todo en las provincias más reticentes. Antes también debían haberlo en el caso del aborto por causales pero la garantía era un nebulosa.
Pocos días después de promulgada la ley, el Gobierno abrió un formulario en la Superintendencia de Salud donde se puede denunciar a las obras sociales y prepagas que se negaron o restringieron el derecho al aborto.
Ni bien se aprobó la ley, los mayores problemas que se visibilizaron fueron en farmacias que se negaban a vender misoprostol. Es que en algunas provincias, como en Mendoza y San Juan, la venta particular en farmacias estaba prohibida por ley. Con la 27.610, en Mendoza dieron de baja esa prohibición. En San Juan, todavía está activa y es una preocupación y un reclamo constante de las redes de profesionales de salud de la provincia.
El misoprostol es la droga en pastillas que permite abortar hasta la semana 12 de manera segura y ambulatoria, es decir, en casa. Según Isla, actualmente la mayor parte de los abortos se interrumpen con este método y le sigue la Aspiración Manual Enduterina (Ameu). Si bien aún no hay datos disponibles, se puede observar la tendencia de Rosario, que garantiza abortos legales con misoprostol desde 2012 y el 80 por ciento de los abortos son con este método.
Entre los avances de este 2021 estuvo la autorización que le dio la Anmat al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado de Santa Fe para comercializar misoprostol con otras provincias y con el gobierno nacional. El misoprostol del LIF es el primero de producción pública y su costo es de un 80 por ciento menos que los laboratorios privados. Con esta autorización, Santa Fe puede vender a los ministerios de salud de otras provincias y de la Nación, con la capacidad de abastecer a todo el país.
De hecho, esta semana se cerró el primer convenio con el Ministerio de Salud nacional por 30 mil dosis. La producción pública avanza también en Río Negro a través de la Produtora Farmacéutica Rionegrina (Profarse), que trabaja en la fabricación de 2.500 tratamientos.
El misoprostol en combinación con la mifepristona es el método más confiable recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2005. Si bien el aborto con medicamentos es siempre seguro, cuando se combinan las dos drogas, la eficacia aumenta de entre un 75 y 90 por ciento al 98 por ciento, según la OMS. Hasta ahora, aunque la droga figura en el protocolo ILE, en Argentina no se consigue y es un reclamo que vienen sosteniendo las distintas redes y organizaciones pro aborto.
En los próximos meses podría haber buenas noticias: el gobierno nacional está gestionando una donación de mifepristona que hizo la sección oeste de la International Planned Parenthood Federation para América Latina. La ANMAT está evaluando la documentación y su posterior aprobación. “Si autorizan esta donación iniciaremos, además, una compra de la droga para el año que viene”, confirma Isla.
Foto: Victoria Gesualdi
Qué pasa con la objeción de conciencia
Uno de los artículos más discutidos de la ley fue el de la objeción de conciencia individual, que autoriza al profesional de salud a negarse a realizar la práctica declarando ser objetor. Pero esta objeción no debe impedir la IVE/ILE: el centro de salud debe encargarse de derivar a la persona a un profesional que no sea objetor.
Según Isla, la sanción de la ley no generó un aumento de la objeción de conciencia. “Esto tiene que ver, justamente, con la regulación de la objeción de conciencia: no la deja abierta, hay sanciones penales para quienes obstaculicen la práctica o la impidan. Eso marcó la cancha”, dice.
La resistencia, como vimos en estos meses, sí se dio en la Justicia. “La estrategia fundamentalista conservadora fue dividirse y presentar causas y amparos en los distintos tribunales. Entre todas las provincias, ya tenemos más de 23”, cuenta y recuerda el caso de Chaco, donde por un amparo la IVE estuvo suspendida durante un mes.
“Esto genera mucha incertidumbre en el sistema de salud. Por eso trabajamos con los equipos y con las personas y profundizamos el respaldo y la garantía que da la nueva ley”, dice.
Para Isla, la legalización genera un contexto de “mucha más seguridad”. “Esta ley es absolutamente preventiva de poder estimular a este derecho a una consejería y no generar prácticas dilatorias o por fuera del sistema”.
A pesar de las estrategias judiciales y de las 23 presentaciones, lo cierto es que hasta el momento ninguna logró que el derecho al aborto seguro y gratuito no se garantice.
