El camión de distribución de Coca Cola aceleró de golpe y rompió el portón de entrada. Apenas habían pasado unos minutos de las seis de la mañana del 23 de enero de 1989. En el camión y en seis autos 46 militantes del Movimiento Todos por la Patria entraron armados en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada. El combate duró alrededor de 30 horas. Un fotógrafo registró el momento en el que dos de los sobrevivientes se entregaron y los llevaron al fondo del cuartel. Son Iván Ruiz y José “Maradona” Díaz, dos de los cuatro militantes que hoy continúan desaparecidos. Hoy, a un mes de cumplirse 30 años de la última batalla de la guerrilla argentina, condenaron a cadena perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga. Fue considerado “coautor de homicidio agravado por alevosía” de José Díaz, desaparecido en La Tablada.
El ex general Alfredo Manuel Arrillaga, quien estuvo a cargo del operativo de recuperación del RIM 3, fue el único militar en el banquillo de los acusados. Ese día, Arrillaga sobrevoló la zona en helicóptero e instaló el mando de operaciones en el Puente 12 -en la autopista Ricchieri y Camino de Cintura-. Después entró en el cuartel en un blindado conducido por el coronel Zamudio, jefe del Regimiento. El ex general acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El otro militar acusado es el segundo de Arillaga, el teniente coronel Jorge Varando, quien tuvo un rol central en la represión pero murió antes de llegar a juicio.
En el juicio se debatirá el rol del Ejército en la desaparición de José “Maradona” Díaz, quien resistió combatiendo junto a Iván Ruiz en la Guardia, cerca del ingreso al cuartel. Los militares avanzaron y lanzaron piezas de artillería contra la Guardia. El techo se incendió y parte de la estructura se desplomó. Los colimbas y desertores que estaban en los calabozos lograron salir por una ventana. Ruiz y Díaz salieron con ellos.
Afuera los recibió un militar con un fusil FAL en la mano.
—Esos dos son subersivos —señaló un colimba.
El fotógrafo Eduardo Longoni registró la escena: los militares redujeron a Ruiz y Díaz y los llevaron hacia el fondo del predio. A 30 años del asalto al cuartel de La Tablada, Iván Ruíz y José Alejandro “Maradona” Díaz continúan desaparecidos.
***
A las 9 de la mañana del 24 de enero los guerrilleros que seguían combatiendo en el primer piso del Casino de Suboficiales se rindieron. Antes de entregarse hicieron un pedido.
—Queremos un juez y que traigan médicos porque hay gente herida.
—Las garantías están aseguradas —contestó el general Arrillaga, según la reconstrucción que hicieron los periodistas Pablo Waisberg y Felipe Celesia en el libro “La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina”.
En el expediente judicial consta una conversación entre el general Gassino y el general Arrillaga. El jefe del Ejército, Francisco Gassino, le pidió que cuidara a los detenidos y no se los entregara a nadie.
—Es muy importante para el presidente —advirtió.
***
Los detenidos fueron trasladados a la Oficina de Logística, donde los tiraron al piso con las manos atadas. Los periodistas Celesia y Waisberg detallaron lo que pasó después:
—Les comunico a los señores presentes que soy Dios, quien decide quien vive y quien muere —se presentó el general Arrillaga— ¡Qué lindo volver a la década del ‘70.
Los militares les pegaron y los picanearon durante horas. Se ensañaron particularmente con Francisco Pancho Provenzano, uno de los integrantes del secretariado nacional del MTP. Después de pegarle lo levantaron y se lo llevaron. Sus compañeros lo escucharon gritar desde un lugar cercano, fuera del edificio. “Le están dando máquina”, les dijeron. Provenzano fue devuelto al grupo y después se lo volvieron a llevar. Después lo agarraron a Carlos el “Sordo” Samojedny. Le pegaron con saña y se lo llevaron.
A las 10, cuando llegó el juez federal Gerardo Larrambebere, Provenzano y Samojedny ya no estaban con los detenidos. Al día de hoy siguen desaparecidos.
Cerca del mediodía el helicóptero que llevaba al presidente Raúl Alfonsín aterrizó en la Plaza de Armas del Regimiento. Alfonsín recorrió el predio y visitó unos minutos a los detenidos. Cuando se fue los militares reanudaron la sesión de torturas durante cinco horas más.
A la tarde los militares sacaron a los guerrilleros de la Oficina de Logística y los obligaron a firmar declaraciones en las que dicen que los golpes y las lesiones son resultado del combate.
Después del copamiento los familiares identificaron algunos de los cuerpos de los militantes asesinados. Cinco fueron enterrados como N.N en el cementerio de Chacarita. En 2009 fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Apenas cinco meses después del asalto al cuartel de La Tablada veinte militantes del MTP fueron llevados a juicio. Los condenaron por violación a la Ley de Defensa de la Democracia, una norma que no admitía la revisión del proceso y que había sido sancionada con el regreso de la democracia para sancionar con penas elevadas a los militares que intentaran quebrar el orden constitucional.
Los 13 militantes que entraron al cuartel fueron condenados a perpetua por tiempo indeterminado por los delitos de asociación ilícita calificada, rebelión, usurpación de un cuartel, once homicidios, doce tentativas de homicidio, cuatro privaciones ilegítimas de la libertad, tres lesiones graves y ocho lesiones leves y robo con arma de fuego. Otros siete militantes del MTP recibieron penas de entre 10 y 25 años
El líder del MTP, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, fue detenido en 1995 en Tepoztlán, un pueblo mexicano ubicado a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México. Su esposa Ana María Sívori fue detenida en 1994 en Rosario cuando visitaba a su madre enferma. En 1997 él fue condenado a perpetua y ella a 18 años de prisión. Los dos fueron indultados por el ex presidente interino Eduardo Duhalde en 2003.
La investigación judicial sobre las torturas, desapariciones y el fusilamiento de al menos dos militantes avanzó a otro ritmo. El juez de instrucción Gerardo Larrambebere consideró que no había pruebas suficientes y decidió no investigar.
En 2010 la Cámara Federal de San Martín sostuvo que la acción penal contra Arrillaga y Varando por las desapariciones de Ruiz y Díaz había prescripto. Las familias presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal que fue rechazada y llegaron hasta la Corte Suprema, que revocó el sobreseimiento
Por primera vez se discutió en un juicio las responsabilidades de los militares en la recuperación del cuartel. El tribunal también habilitó la investigación de otros delitos que se ventilaron en el juicio como la declaración fraguada de un sargento, que se hizo dentro del tribunal y en presencia del juez Gerardo Larrambebere y el entonces secretario Alberto Nisman, según informó en su cuenta de Twitter el periodista Pablo Waisberg.
