Por Luciana Bertoia
Cuando los seis integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le estrecharon la mano, Jorge Rafael Videla estaba exultante. Era el 7 de septiembre de 1979 y la selección juvenil acababa de ganar el mundial juvenil en Japón. La hazaña futbolística había arrancado a miles de sus casas. Las calles eran un hervidero celeste y blanco. Una pequeña multitud se había acercado hasta la Casa Rosada para festejar con los dictadores. Videla había hecho lo propio: con su mejor sonrisa, los había saludado con los pulgares en alto desde el balcón.
Para Videla era un presagio de que todo iba a salir como estaba planeado. La dictadura había empezado a planificar la visita de la CIDH el mismo día en que había formalizado la invitación: el 18 de diciembre de 1978. Querían que el mundo se enterara de que los argentinos eran “derechos y humanos” –como decían las calcomanías que el gobierno había hecho imprimir para la ocasión.
La planificación quedó plasmada en un documento producido por la Secretaría de Información Pública (SIP), que dependía de la Presidencia de la Nación y que llevaba por título: Campaña “Visita de la CIDH”.
Los desaparecidos
Si la CIDH estaba en el país era porque quería saber qué había pasado con los miles de desaparecidos que denunciaban organismos de derechos humanos. La dictadura tenía varias respuestas frente a esa pregunta. Ninguna contenía la verdad.
El manual preparado por la SIP alertaba a los integrantes del Proceso de Reorganización Nacional de que no deberían hablar de “excesos de la represión”, desandando una explicación que ya habían dado. En este momento era preferible decir que los desaparecidos podrían haber sido ejecutados por sus propios compañeros de militancia, habrían desertado, se habrían fugado al exterior o podrían haber caído en combates con las fuerzas legales. Si nada de eso funcionaba, podían decir que estaban escondidos en el país.
Frenen a las Madres
Un subtítulo del documento de la SIP decía: “Neutralización del activismo de Madres de Plaza de Mayo”. Los militares querían que sus testimonios no ganaran espacio en la prensa ni demasiado contacto con los integrantes de la CIDH. Para eso, la dictadura proponía oponer a las denuncias de las Madres que buscaban a sus hijos e hijas una solicitada de la Asociación de Padres de Familia, una entidad directamente ligada con la Iglesia católica. La solicitada debía, entre otras cosas, denunciar la violencia anterior al golpe de Estado y repudiar “la época en que se desquició la enseñanza en los claustros universitarios y en la enseñanza media”.
La estrategia de los militares implicaba también empujar a otro actor a la palestra: las “familias de víctimas de la subversión”. Ellas debían hablar de ataques guerrilleros, amenazas y persecuciones. El plan decía que este relato debía hacerse oír con fuerza quince días antes de la llegada de la Comisión.
La otra arista del plan implicaba descalificar a las fuentes de información nacionales o internacionales. En otras palabras, atacar a los organismos de derechos humanos y a los exiliados que desde el extranjero alertaban sobre los crímenes de la dictadura. Para ellos, la dictadura tenía una serie de acciones de neutralización preparadas, como difundir imágenes de atentados guerrilleros y asociarlos con los denunciantes en el exterior.
Los medios
Mientras fomentaba algunas solicitadas, la SIP pensaba que otras debían evitarse. Para ello, la dictadura tenía que coordinar con los medios para que no publicaran textos denunciando desapariciones o, en caso de hacerlo, para que les proveyeran a las autoridades los nombres de quiénes lo habían presentado y pagado por su publicación.
Las solicitadas de los organismos de derechos humanos podían ser una fuente valiosa de información para la dictadura. Según el plan de campaña, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –asistida por las áreas de inteligencia de las fuerzas– tenía que analizar quiénes firmaban esos textos y su “calidad ideológica”.
La perla de la propuesta de la SIP era el armado de dos conferencias de prensa, una tras la llegada y otra antes de la partida, para que algunos periodistas hostigaran a los comisionados. “Las pautas se manejarán de acuerdo a un cuidadoso interrogatorio que no se formulará como tal, sino como un ingenuo mecanismo de preguntas que se formularán con el criterio de obtener respuestas de carácter general”, decía el documento.
Las ingenuas preguntas listadas al final del dossier incluían:
– ¿Por qué trabajaban más sobre el tema “derechos humanos” y, sin embargo, admiten la existencia de humanos sin derechos, como sería el caso de las víctimas del terrorismo subversivo?
– ¿Por qué la tendencia a admitir a los terroristas como mártires en vez de apologistas de la violencia y muertos en la ley que crearon?
– Si han visto a su arribo algunas de las fantasiosas versiones que se describen como que ocurren en las calles argentinas.
La verdad explota
A poco de llegar al país, los comisionados pudieron comprobar que las “fantasiosas versiones” eran mínimas frente al horror que recogían en las denuncias. Las filas se habían vuelto interminables en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Avenida de Mayo al 760. Las imágenes de los familiares que esperaban para denunciar ante la CIDH se convirtieron en una agenda ineludible de los medios nacionales y extranjeros.
En medio de la visita, la dictadura secuestró a una familia completa. El 13 de septiembre, un grupo de tareas se llevó a María Consuelo Castaño Blanco de su casa de Munro con sus tres hijitas de entre tres y cinco años. A su marido, Regino Adolfo González, se lo habían llevado antes.
El padre de María Consuelo apareció en la redacción del Buenos Aires Herald, el diario publicado en inglés que desde el inicio de la dictadura venía denunciando las desapariciones. Su director, Robert Cox, no lo dudó. El 16 de septiembre dedicó su tapa a denunciar el secuestro de la familia. La nota iba ilustrada con fotos de las nenas. El secretario ejecutivo de la CIDH, Edmundo Vargas Carreño, se comunicó con el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, para saber qué había pasado. María Consuelo se salvó de un fusilamiento, pero no de la cárcel. Las nenas fueron entregadas a sus abuelos. Regino no volvió a aparecer.
La publicación del Herald obligó a otros medios, como Clarín, a replicar la información de un secuestro ocurrido ante los ojos de la CIDH. No había versiones fantasiosas.
La Comisión partió el 20 de septiembre, después de catorce días en el país, pero dejó instalada en las páginas de los diarios la palabra “desaparecidos”. No hubo plan de prensa que pudiera tapar la verdad.
