Hace 54 días que Enrique Fabián Díaz empezó una huelga de hambre. Está preso desde 2003 sin sentencia firme: el proceso judicial que atravesó estuvo plagado de irregularidades. Ahora pide su excarcelación porque se agotaron los “plazos razonables” para que la Justicia decida sobre su situación.
En los últimos 15 años la cantidad de detenidos se duplicó en el país, y creció en un nivel superior aún en la Provincia de Buenos Aires. El 60 por ciento está preso pero no tiene condena. La composición social de quienes están encerrados -jóvenes, pobres- da cuenta de la selectividad de un sistema que se ensaña con quienes padecen otro tipo de vulnerabilidades.
Es el caso de Enrique Fabián Díaz. El 10 de julio de 2003, él se escapaba de un robo. A pocas cuadras de esa casa, mataron a un policía. Entonces, los agentes unieron las dos escenas y lo atraparon en una terraza de Santos Lugares por donde intentaba escapar. Lo tiraron al piso y lo esposaron. De pronto un agente de civil le sacó las esposas, le levantó el brazo, le apuntó y gatilló. La bala le atravesó el tórax y salió por el otro lado, le tocó el corazón. Sobrevivió de milagro.
Si bien había robado en una casa, la policía lo acusó por un hecho que no había cometido. En el acta policial fraguaron un enfrentamiento. No hay testigos que hayan declarado en su contra más que un agente. Antes del juicio oral, Díaz denunció estas irregularidades, pero ahora se centra en denunciar el retraso en los “plazos razonables” de la Justicia.
El 4 de septiembre de 2006, el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Martín lo condenó a prisión perpetua. El recurso de casación ingresó el 22 de septiembre y llegó por sorteo a la Sala I del Tribunal de Casación de la provincia en marzo de 2007. Seis meses antes del juicio había presentado la denuncia por el tiro que recibió y porque le habían armado una causa. Ningún juez de garantías se preocupó por sus derechos.
Después de presentar todas las denuncias posibles, Fabián empezó la huelga de hambre. En aquel recurso tardío se confirmó –parcialmente– la condena de primera instancia y se evitó también hacer lugar a la denuncia por el tiro que le pegaron y por la construcción de un falso enfrentamiento.
Recién en febrero del año 2014 el defensor General de Casación Penal de La Plata, Mario Luis Coriolano, presentó el recurso de inaplicabilidad de la ley en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que aún no ingresó: no hay novedades de algún movimiento en la causa.
Ahora Fabián pelea por su libertad y ya le corresponde al menos pasar a un régimen semi-abierto. Ya se deshidrató en dos oportunidades en las que necesitó suero por vía intravenosa. Hoy lo visitaron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional está en contacto permanente con su familia.
Denuncias ignoradas
Siete meses antes del juicio oral se presentó una extensa denuncia en la Secretaría de Control Judicial y en control disciplinario de la Procuración de la provincia de Buenos Aires: por el fusilamiento y por la forma en que obraron la fiscalía y el juzgado de garantías 3, a cargo de Juan Carlos Sorondo.
Jamás se tuvieron en cuenta esas denuncias, no se realizó ninguna pericia sobre la herida de bala y sobre la ropa que vestía, ni sobre sus manos para comprobar si había efectuado un disparo. El único testimonio que lo ubica en el lugar del hecho en el que murió un policía y otro resultó herido es la declaración de un tercer hombre que era parte de la misma brigada. Tampoco se hizo ninguna visita a la terraza donde fue baleado: en las baldosas rojas podría haber algún rastro del proyectil que le atravesó el tórax.
Además, la familia que fue víctima del robo que Fabián sí cometió también se prestó a declarar a su favor: ellos recordaron que estando en el living de su casa escucharon los disparos y recomendaron a los asaltantes salir por los techos del fondo para evitar un enfrentamiento. Las mismas víctimas aseguraron que Fabián Díaz no realizó ningún disparo. Solamente fue el culpable que se inventaron para hacer de cuenta que no dejaban impune la muerte de un uniformado.
Familia judicial
Lo que pasó en Casación fue peor. Los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues se expidieron en seis meses. Carlos Natiello dejó dormir el expediente durante cinco años, y entonces tomó una decisión obvia que podría haberle demorado 10 minutos: se excusó porque su hija era la defensora oficial del acusado.
Norma Cepeda, la compañera de Fabián Díaz, dio pelea. En septiembre de 2012, después de mucho insistir obtuvo una copia de forma extrajudicial. Nadie les había notificado que Natiello padre se había dignado a firmar. Los plazos corren en derecho penal.
María Fabiana Natiello es la defensora oficial en la causa. Pero los que mueven el caso, como la mayoría de las veces, son los familiares y las organizaciones. Cualquier escrito que se presente por derecho propio es enviado también automáticamente al defensor oficial para que agregue los argumentos jurídicos que necesita la persona para defenderse. Fabián no contó nunca con ese apoyo, con ese derecho.
Pensamiento Penal
El 12 de febrero, la Asociación Pensamiento Penal acompañó en calidad de amicus curiae un habeas corpus presentado por Enrique Fabián Díaz ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Se sumaron porque está privado de su libertad en forma ininterrumpida desde el 10 de julio de 2003 sin que haya una sentencia firme en su contra.
0 Comments on "54 días sin comer, 13 años sin garantías"