El Tiempo.-

Estudio dice que guerrilla, bandas y ‘exparas’ tienen maquinaria, ‘vacunan’ a empresas y alcaldías.

En al menos ocho departamentos el oro ya está desplazando a la coca como la principal fuente de financiación de los grupos ilegales. Esa es una de las advertencias que hace un estudio del Centro Internacional de Toledo para la Paz sobre minería ilegal en Colombia.

El informe, presentado ayer, señala que en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Santander, Tolima, Valle y Cauca está disparada la explotación de ese mineral, lo que ha generado fuerte presencia de grupos armados y aumento de enfrentamientos por el control de ese negocio.

Y aunque el auge de la minería es positivo para el país, también se puede convertir, según Fréderic Masse, uno de los investigadores que lideró el informe, en “una maldición si no se toman las medidas para controlar la explotación”.

Es tan rentable la minería, según el informe, que la guerrilla, los exparamilitares y las bandas criminales han infiltrado empresas y alcaldías para tener el control de la explotación de todo tipo de metales preciosos.

De acuerdo con el estudio, el 86 por ciento del oro extraído en el 2010 no provenía de la industria formal y legal, y las Farc se estarían quedando con el 20 por ciento del negocio ilegal, seguido por el Eln y las bandas.

La guerrilla y las bandas, además, ya están manejando sus propias excavadoras y maquinaria para la exploración de minerales en el bajo Cauca y el oriente antioqueño, Chocó y Nariño. Y en el Tolima, por ejemplo, el Comando Conjunto Central de las Farc habría ordenado la adquisición de maquinaria pesada para la extracción de oro.

Incluso, la investigación detectó casos, como en el Meta, donde, a través de cooperativas, los grupos ilegales suministran la mano de obra de las empresas mineras y dicen a quién se contrata.

Aunque el informe no hace señalamientos sobre supuestos nexos de multinacionales con grupos ilegales, sí asegura que la línea entre la legalidad y las actividades criminales es muy delgada en las zonas de exploración.

“Los testimonios recogidos señalan que hay empresas que están pagando a los ilegales, pero no es claro determinar en qué caso son extorsiones y en cuáles son acuerdos”, dijo Masse.

Entre las versiones citadas aparecen la de exmiembros del Erpac, que dan cuenta de los cobros a grandes multinacionales. Los pagos van desde una cuota fija mensual, pasando por un porcentaje de lo extraído, hasta la entrega de contratos con sobrecostos.

“Hay empresas legalmente constituidas que son de los ilegales, de seguridad o de logística y hasta de suministro de alimentos, y a través de ellas se hacen los pagos, tanto del servicio como del porcentaje ilegal”, dijo.

De acuerdo con el centro de estudio, hay municipios de Meta y Córdoba en donde los ilegales se encargan de la seguridad en las minas; y además de las ‘vacunas’, reciben un porcentaje de las regalías.

Finalmente, el documento cuestiona las políticas de la Fuerza Pública para enfrentar el problema y señala que ni la militarización ni la incautación de maquinaria han sido efectivas para hacer daño a las organizaciones ilegales.

‘Combustible’ de grupos ilegales

Según el informe, así como el Gobierno cree que la minería es una de las “locomotoras” del desarrollo nacional, los grupos ilegales piensan que será el “combustible para el sostenimiento de sus actividades al margen de la ley”. En los últimos 10 años, el 80 por ciento de las violaciones de los derechos humanos se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87 por ciento de los desplazados proceden de esas zonas.