Verónica Espinosa. Proceso.-

De dos años a la fecha Querétaro se ha convertido en una especie de agujero negro para las adolescentes. El número de muchachas de entre 13 y 16 años que simplemente “desaparecen” ha aumentado exponencialmente a partir de 2010. Y en lugar de investigar y atender el problema, las autoridades locales falsean las cifras, criminalizan a las víctimas y se escudan en una ley ambigua para justificar su inacción. Son las familias de las desaparecidas y organismos de derechos humanos los que se dan a la tarea de averiguar qué pasa… Todo apunta a la operación de una red de tratantes de mujeres.

El número de mujeres jóvenes desaparecidas en esta entidad se ha multiplicado en años recientes mientras la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) “maquilla” la información para tratar de mostrar la cara de una entidad segura.

En su portal de Internet la PGJQ publica las fichas de cuatro varones menores de edad, cinco hombres adultos, tres mujeres adultas y 15 jovencitas, todos en calidad de extraviados, pero el procurador local, Arsenio Durán Becerra dijo a organizaciones civiles que este año tiene “reportes activos” de 53 mujeres desaparecidas, de las cuales 48 son menores de edad.

Durán presentó estos datos en una reunión de organizaciones defensoras de los derechos humanos con funcionarios de varios estados para revisar el seguimiento a las recomendaciones internacionales por el caso Campo Algodonero.

“Quién sabe hasta cuándo las autoridades estatales podrán sostener esa imagen de que en Querétaro no pasa nada. Los queretanos nos estamos dando cuenta de que sí pasa, de que la violencia también nos alcanza, de que ocurren cosas; hay mujeres asesinadas, hay mantas de grupos delictivos mientras todo el tiempo el discurso oficial es que son casos aislados, que aquí no hay violencia”, dice aProceso la coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Lluvia Cervantes Contreras.

Alude a las tres mantas que el miércoles 12 aparecieron en el municipio de Corregidora supuestamente firmadas por Los Zetas, en las que se propone una tregua a Los Caballeros Templarios, grupo que ya ha dado señales de presencia en Querétaro.

La activista alerta sobre el hecho de que según datos de la PGJQ –obtenidos mediante solicitudes de información gubernamental– “se está advirtiendo la desaparición de chicas de entre 13 y 16 años”.

En octubre de 2010 desaparecieron siete menores de edad –todas mujeres– en un periodo de 10 días. “Aparentemente después de eso no hubo nuevos casos hasta julio de este año, cuando desaparecieron otras siete. Y a principios de este mes la Procuraduría publica en el portal otro número igual de casos, pero resulta que estas niñas habían desaparecido entre 2009 y 2010”, detalla Cervantes.

Con este manejo de la información las dudas sobre lo que realmente ocurre son muchas, dice. La actualización de datos que publica la Procuraduría es confusa, agrega, pero se advierten patrones al revisar los perfiles de las jóvenes desaparecidas; incluso esa institución advierte acerca de la posibilidad de que las muchachas hayan caído en manos de tratantes de personas para la explotación sexual o laboral.

“Observamos la dinámica nacional de las redes de trata que operan en el país. Hace poco la CNDH dio a conocer varias estadísticas que nos indican que no son casos aislados que sólo pasan en Ciudad Juárez o en el Estado de México, sino que son redes que operan para la trata de personas en muchas partes. No podemos pensar que Querétaro es un caso aislado”, advierte.

Los familiares de estas jóvenes, por su parte, entran en la misma dinámica que se ha descrito ante tantos otros casos en otras regiones del país: Hacen el trabajo de las autoridades, siguen pistas, buscan a las jóvenes con sus amigos o en las redes sociales.

No ayuda que, al menos en las escasas fichas que divulga el portal de internet de la PGJQ, a varias de ellas se les etiquete como “rebeldes” o “con problemas de conducta” o se describa que “es la tercera vez que se va de su casa”; detalles “agregados” recientemente.

“Esto es violencia oficial”, dice Cervantes: “En cada foto que vemos la explicación que se pone del momento en que desapareció esa chica tiene que ver con que es muy rebelde, tiene problemas de conducta. Y en un país con un contexto de violencia hacia las mujeres, esta violencia se oficializa, las culpables son las mismas mujeres: Si te golpea tu pareja es porque algo hiciste para que te lo merecieras y si desapareces es porque tenías una conducta rebelde”.

La entrevistada rechaza tajante esos juicios de valor. “El trabajo de la Procuraduría tendrá que ser apegarse a la ley y a la objetividad, no juzgar por qué se fueron”.

Aunque prevalece el pesimismo en cuanto a la modificación de esas posturas oficiales, pues lo mismo ocurre en el ámbito legislativo y en el gobierno estatal, donde no se ha terminado de instrumentar cabalmente la ley de atención a mujeres víctimas de violencia.

Querétaro es una entidad que aún no tipifica el delito de feminicidio. “Algunas organizaciones de la sociedad civil han tratado de poner sobre la mesa esta tipificación, pero la Legislatura que está por irse no abordó el tema”, lamenta Cervantes y el panorama para la siguiente no es más alentador, dice. El próximo Congreso sólo tendrá dos diputadas.

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