Cosecha Roja.-

Como consecuencia de la crisis desatada por el narcoescándalo en el que quedó involucrado el exjefe de la policía santafesina, la Legislatura provincial aprobó la ley de emergencia en seguridad. En caso de ser promulgada, el gobernador estaría obligado a separar de la fuerza al jefe y al subjefe de la policía, recientemente asumidos, que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito.

En el día de ayer, los diputados opositores completaron un trámite iniciado en el Senado en agosto pasado, dos meses antes de la renuncia del máximo jefe de la policía provincial, acusado de formar parte de una red de narcotráfico. Con 30 votos a favor y 12 en contra, se convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en materia seguridad en la provincia por 18 meses.

El gobierno de Antonio Bonfatti deberá elegir entre promulgar la ley o pagar el costo político de vetarla. La primera opción significaría, por un lado, admitir la existencia de una crisis en materia de seguridad, y por otro lado obligaría al gobierno a depurar a los oficiales y jefes policiales que estén sospechados e investigados administrativa o judicialmente. Puntualmente, Bonfatti debería pasar a retiro al jefe Cristian Sola y al subjefe José Luis Romitti, recientemente designados en sus cargos. Según anunció días atrás el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, ambos tienen sumarios abiertos en Asuntos Internos por presunto enriquecimiento ilícito. El ministro de Gobierno Rubén Galassi adelantó que al menos este artículo de la ley sería vetado. “Por denuncias anónimas con pocas pruebas tampoco vamos a tomar medidas ni contra un funcionario policial ni contra cualquier funcionario porque sería prejuzgar”, declaró a una radio rosarina.

“Yo espero que reglamente la ley”, dijo la diputada del Frente Para la Victoria María Eugenia Bielsa a Cosecha Roja, “porque le da una enorme cantidad de herramientas al Ejecutivo. El único argumento para vetarla es porque efectivamente el gobierno ve comprometido a su jefe de policía. Si Bonfatti veta la ley demuestra que hay una voluntad de proteger a quienes están sospechados de tener vínculos con el delito”.

Si bien se trata de una respuesta institucional a la crisis política que atraviesa la provincia desde que estalló el narcoescándalo, este es el tercer intento de la oposición por declarar la emergencia en seguridad en la provincia. Los dos primeros fueron bloqueados por el oficialismo en Diputados, que en ese entonces dominaba la Cámara. Ayer, finalmente -y en el marco de la mayor crisis política de los cinco años de gobierno socialista-, el peronismo logró imponer sus votos y tener la tan ansiada emergencia en seguridad.

“La ley tuvo media sanción del Senado antes del episodio Tognoli, se sancionó por el problema de la seguridad, que es previo a eso”. De esta manera, Bielsa intentó desmarcar la declaración de emergencia del narcoescándalo, aunque aclaró que de haber sido aprobada antes, “Tognoli nunca hubiera llegado a ser jefe de la fuerza”.

Durante el debate en el recinto, el diputado radical (aliado al gobierno) Santiago Mascheroni rechazó las críticas opositoras. “Nos vienen a decir que nos tienden las manos, pero esas manos vienen con los puños cerrados. Nos exigen autocrítica y el ministro dijo que no controlaba la policía y lo criticaron ferozmente, le exigen interpelarlo. Eso que dijo no es, acaso, una autocrítica. ¿Qué quieren? ¿Que venga y se arrodille ante ustedes? Vieron la posibilidad de hacer política y no la han desaprovechado porque quieren desgastarlo a Binner”, reclamó.

Junto con este proyecto, también se aprobó una preferencia para votar el próximo jueves una interpelación al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. La semana pasada, el ministro visitó la cámara baja pero participó de una reunión a puertas cerradas –y sin acceso a la prensa-. Esta vez será citado al recinto. Por otra parte, no prosperó el intento de un sector del justicialismo por sacar una declaración de apoyo al juez federal de Rosario Carlos Vera Barros y a la fiscal Liliana Bettioli, que llevan adelante la investigación a Tognoli.

Las claves de la ley

  • En caso de ser promulgada, la ley de emergencia regirá por 18 meses.
  • Los jefes policiales que estén siendo investigados, ya sea administrativa o judicialmente, deberán ser separados de la fuerza. El enriquecimiento ilícito será investigado hasta seis años después de la renuncia o pase a retiro.
  • Se crea la Comisión Bicameral de Seguridad Pública
  • Facilita la incorporación de agentes, la creación de cárceles, la readecuación de comisarías y permite la compra de elementos tecnológicos sin tantos trámites burocráticos.
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