El mito que por momentos asoma en la prensa argentina habla de una red trasnacional de crimen organizado formada por colombianos para robar departamentos y casas vacías. Si bien en Argentina apenas representan el 5% de los presos extranjeros –una fracción ínfima con respecto al total de los detenidos- se habla de estructuras aceitadas que los trasladan de un país a otro y gerencian el delito. Nada de eso parece ser cierto. Luego de consultar a tres fiscales que los investigan, tres abogados que los han defendido, y un ladrón que ha robado con ellos, y leer decenas de causas judiciales, Cosecha Roja puede asegurar que los apartamenteros tienen organizaciones laxas, sin jerarquías ni roles predefinidos.

Laureano Barrera- Cosecha Roja.-

Néstor avanzaba con su taxi por La Rioja y Avenida Independencia. Eran las dos de la tarde de un 9 de enero y no había sido una jornada promisoria: muchos porteños veraneaban fuera de la ciudad. Tres hombres le hicieron señas para que se detuviera.

-A Jean Jaures y avenida Córdoba- pidieron.

El chofer se dispuso a cruzar el centro, sin sospechar que en los siguientes noventa minutos vería a sus pasajeros intentar robar siete departamentos. Dos se sentaron atrás. El tercero en el asiento del acompañante. Conversaban sin sospechar, tampoco ellos, que el divorciado de 46 años que conducía el auto se convertiría en su talón de Aquiles.

– ¿Arrancamos en Mario Bravo o Jean Jaures?
– En Jean Jaures, Mario Bravo lo hicimos ayer.

Antes de llegar, los pasajeros rectificaron el destino. A calle Mario Bravo y Córdoba, por favor. Cuando bajaron, Néstor los siguió con la mirada: uno enfiló para Mario Bravo y los otros cruzaron la avenida Córdoba en dirección a Corrientes. Arrancó, pero dio la vuelta de manzana y estacionó sobre Bravo, a media cuadra de la avenida. Desde su auto vio como uno de ellos entró al edificio de Mario Bravo 986, el otro se quedó a pocos metros de la puerta y el tercero buscaba un puesto más panorámico, a unos 70 metros de la entrada.

Maliciando un delito, el taxista dio aviso al 911. Diez minutos después los hombres salieron y repitieron la operatoria en otros tres edificios sobre la calle Bravo. Del último salieron corriendo y subieron a un taxi. Néstor se olvidó por un rato de la recaudación diaria: de pronto se encontraba persiguiendo a los tres sujetos. El raid de “escruches” fallidos siguió en Honduras 3717, después en Estados Unidos al 3704, y por último en Carlos Calvo 3685, donde se les acabaría la suerte.

Cada uno de los ladrones cumplía meticulosamente su parte. Walter Escobar Parra entraba a los departamentos. Había nacido en Bogotá y hacía ocho meses que estaba en Buenos Aires. Ese día llevaba un pantalón pescador deportivo y una musculosa negra que lo mostraban como el más fornido de los tres. Abría los palieres con llaves computadas o codificadas, recubiertas con “una sustancia jabonosa de color blanca, similar al jabón de lavar” según el parte policial y “parafínicos lineales y ramificados, del tipo de la parafina”, según la pericia química. Colbert Hugo Barreto Sánchez era petiso y oriundo de Trujillo, un pueblo costero al norte de Perú. Su rol era el de primera campana: vigilaba todo a unos cinco metros de la puerta. Vestía jeans y una remera color petróleo. Alejandro Sánchez Nieto, también bogotano y de lentes negros, se ubicaba con una mochila a unos 70 metros del blanco para tener una perspectiva más amplia.

A las 15, Escobar Parra entró al edificio de Estados Unidos. Se agazapó en el rellano de la escalera mientras Sánchez Barreto, su vecino de habitación en el hotel donde paraban, presionaba el timbre 22 del sexto piso. El propio Escobar golpeó la puerta. El dueño del departamento era un exmilitar, Lo vio por la mirilla y abrió la puerta en calzoncillos.

– Hola- dijo Parra.
– Hola las pelotas- contestó el dueño de la casa.

Los tres escaparon corriendo. Veinte minutos más tarde recalaban en la última parada del raid delictivo: Carlos Calvo 3685. Abrieron con la llave con parafina. Intentaron entrar al departamento de la planta baja 2. El taxista insistió al 911, y acudió un patrullero de la seccional 10. El subinspector Zelaya detuvo a Escobar Parra y a Barreto Sánchez. Este último llevaba tres llaves en un manojo –las tres, probadas luego por la policía, abrían la puerta de entrada-, una más en el bolsillo y la quinta en el doblez de la botamanga. Alejandro Sánchez Nieto escapó pero sería capturado dos días después de una manera infantil: el taxista fue ampliar su testimonio y lo reconoció sentado en la puerta del juzgado.

En menos de tres meses la investigación del juzgado de instrucción 37 estaba cerrada. Se los acusaba por dos hechos de tentativa de hurto agravado por uso de llave falsa. Parra y Sánchez Nieto eligieron una pena leve que incluía 96 horas de trabajo comunitario en Caritas. Colbert Barreto nunca se presentó, y se le dictó orden de captura. Nada se había explorado sobre la posible estructura de un delito que los migrantes colombianos estaban comenzando a cometer con mucha frecuencia: el robo a departamentos vacíos.

– Como autocrítica, tengo que decir que la justicia suele cerrar estos casos como hechos aislados, sin investigar el trasfondo- dice un fiscal de instrucción que investigó a muchos “apartamenteros” colombianos (como se los llama en su país) y prefiere el anonimato.

Los ladrones caribeños –y el peruano- habían cometido una desprolijidad imperdonable: salieron a robar en taxi. Detalles que irían puliendo a medida que aumentara en Buenos Aires esa modalidad delictiva.

Las bandas por dentro

Las investigaciones de la justicia argentina demuestran que las bandas no tienen una estructura piramidal ni responden todos a un mismo jefe. “Quizás haya alguien que tenga una agenda y convoca: ‘éste tipo sirve para tal tarea”, dice un fiscal que cruzó muchos expedientes. “Llegan al país, y tienen un conocido que lo ha hecho y los invita a hacerlo. El riesgo de cárcel es mínimo y podían llegar a robar tres departamentos en un día”, agregan el investigador.

Además, los apartamenteros suelen haber cometido otros delitos en otros países: Adrián Fernando Acero Melo y Cesar Augusto Godoy Manrique, detenidos el 13 de noviembre de 2011 en Buenos Aires por robar un departamento vacío, habían estado detenidos en 2009 en Chile por clonación de tarjetas de crédito utilizando un sistema sofisticado: instalaban una carcasa similar a la que utilizan los cajeros automáticos, que tenía un sistema de copiado de la tarjeta de crédito y una microcámara que captaba las claves de los usuarios.

Una de las aspiraciones que comparten varios apartamenteros es irse a probar suerte al sudeste asiático, donde las penas por este tipo de delitos son más altas, pero los botines son mucho mejores. El objetivo, en esos países, son las grandes mansiones que no tienen sistemas de seguridad muy sofisticados. “En una de las escuchas hablaban de ir a robar a Malasia, Indonesia o China”, cuenta el mismo fiscal. En la jerga las llaman las “giras asiáticas”,

El robo de departamentos por ciudadanos colombianos comenzó a aumentar hace unos dos o tres años. Suelen entrar por puestos fronterizos legales y pedir una visa de turistas. El hecho de vivan en los mismos hoteles o pensiones, o sean atrapados robando a pocos días de llegar al país, no implica por sí sólo una organización criminal. “Se llaman unos a otros, se muestran dónde pueden vivir y cómo manejarse. No más que eso”, dice uno de sus abogados. Todas las fuentes coinciden en que fue una suerte de efecto contagio: el delito resultó exitoso.

Más allá de algunas sospechas mediáticas sobre la existencia de una estructura jerárquica –parecida en su organización a una red de trata de personas- en la mayoría de los casos no se detectaron jefes o reclutadores. Hubo un caso llamativo que alertó a las autoridades. Un colombiano que estuvo pocos días en el país y se alojó en el Hotel Hilton. Algunas fuentes lo vinculaban a los apartamenteros y, por esa capacidad financiera, supusieron que podía ser uno de los jefes. Una fuente de esta investigación descarta esa versión. El colombiano, dicen, era un hombre de las Farc. Su hermano estaba preso en Argentina por un delito menor. En la cárcel, su condición de inexperto y extranjero lo había convertido en blanco de extorsiones de los otros presos, que le habían pedido quinientos pesos argentinos para garantizar su seguridad.

“El hermano mayor vino al país a vengarse. Pagó 20.000 dólares, dos pasajes de avión, y dejó un muerto y cuatro heridos para lavar el honor de la familia”, confió la fuente. “El tipo no entendía lo que era que le pidieran 400, 500 pesos. Vino a buscar al hermano, preguntó dónde se pagaba: en 30 minutos, cuatro de la tarde, en la mitad de Once, había balas por todos lados”, relata el informante.

Según cifras del Ministerio de Seguridad, en 2011 y 2012 fueron detenidos 165 colombianos robando departamentos, pero no figuran entre los primeros cinco países de extranjeros condenados: 369 peruanos, 354 paraguayos, 332 bolivianos, 245 chilenos y 236 uruguayos. Entre los procesados tampoco califican: entre todos los delitos, suman el 5% de los extranjeros procesados y condenados en cárceles argentinas.

A veces, los apartamenteros son demorados más de una vez, porque siguen a rajatabla dos reglas de oro: nunca llevan armas ni ejercen violencia. Eso les permite salir excarcelados, a veces tras la formalidad de acudir al juzgado. Aunque ahora, la situación parece cambiar. “Hay una represalia contra los colombianos. Se están endureciendo los tribunales porque es un tema que se instala en los medios”, se quejan dos abogados defensores.

Eso sucedió con Walter Escobar Parra: no quedó detenido después de la tentativa de robo en Carlos Calvo 3685 por ser un delito leve, sin violencia, donde ni siquiera se dañó la propiedad privada. El 16 de junio de 2011 volvió a caer con Henry Alexander Rubiano Nomesque en un edificio de Valentín Gómez 2655, cuando una vecina a quien le preguntaron por la portería llamó al 911. Les encontraron encima la llave con parafina, un pedazo de radiografía doblada y un papel blanco con el nombre del propietario del 1 A. La reincidencia le jugó en contra a Parra: el 28 de junio de 2011 lo procesaron con prisión preventiva.

A Rubiano Nomesque –que había estado demorado en España en 2004 por robarle a ancianos a la salida de un cajero automático- lo dejaron ir, pero volvieron a detenerlo el 24 de junio con tres paisanos: forzaron con una barreta el 6 B de un edificio en la calle San Nicolás al 259. Se les secuestró guantes, destornilladores y siete llaves de edificios codificadas. Esa investigación condujo al allanamiento del hotel de San Cristóbal donde residían. Allí, los policías encontraron documentación personal de víctimas de otros robos, en febrero y en junio.

Los abogados que los patrocinan coinciden en que no son pocas las ocasiones que deben dejar algún aporte en las comisarías de la Federal. “Este delito se acabaría si la policía dejara de mirar para otro lado. Los conocen a todos”, dice uno de ellos, que tiene más de treinta clientes colombianos. Ninguno arriesga que haya zonas liberadas, pero no por un asunto de ética policial: es un delito que no rinde lo suficiente para repartir entre tantas manos. “Arreglan cuando los detienen para no hacerles causa o mejorar su situación”, dice uno de los defensores. Un policía federal consultado, coincide: “No creo que estén arreglados. En las seccionales odian a los escruchantes colombianos”.

Existe una pesquisa judicial con ocho procesados con la figura de asociación ilícita. En los tribunales criminales se la conoce como la megacausa de los colombianos, una investigación de la fiscalía 14 en la que se entrecruzaron más de 30 casos con robos similares, y se los investigó en red. Se hicieron 14 allanamientos ordenados por el juzgado 47 y doce detenciones, luego de investigar robos entre julio de 2011 y marzo de 2012. La prueba principal para sostener la asociación ilícita –que supone división de roles y un plan para delinquir- son las escuchas telefónicas. En esos diálogos había dos personas que hacían de organizadores: uno que no ha sido atrapado, y el otro es un uruguayo, Washington Mery Min. Según la pesquisa, eran quienes se encargaban de articular las bandas, una especie de reclutadores. “Vivían como cualquier ciudadano de clase media, que puede pagarse un departamento propio y tiene un auto nuevo”. Quién sí vivía en un country, era el dueño de una Agencia en Pilar que rentaba los autos para los robos, falsificando el formulario de alquiler: el argentino Juan Carlos Salas, que también está preso.

El 13 de junio de 2012 todos fueron procesados junto a uno de los reducidores de la mercancía robada: un peruano de 20 años que atendía una galería en Once. Los abogados que los patrocinan niegan con firmeza la figura de la asociación ilícita: “El uruguayo no puede ser ningún jefe. Los propios colombianos que defiendo me dicen del ‘garrón’ que se está comiendo Washington”, afirma un defensor. La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos el 17 de agosto de 2012.

El Ruso y la Brigada

El Ruso –un argentino de 36 años, ojos claros y pelo rubio- se especializó en el hurto, generalmente a departamentos vacíos. “No por principios, sino porque es lo único que sabe hacer”, define un abogado que lo conoció mucho. El rubro lo llevó a conocer en 2009 a cuatro colombianos. Vivían en Argentina hace un tiempo y alquilaban departamentos individuales con sus novias e hijos.

– Trabajaban para ellos, pero tenían a una persona que les marcaba las casas- dice.

Ningún apartamentero colombiano es un ladrón profesionalizado. “Hacían descuidos, se metían en Internet, buscaban un evento e iban a robar”, describe un abogado que los defiende. Un viernes de 2010, a las ocho y media de la noche, cometieron una torpeza: pensaron que el departamento estaba vacío cuando los dueños de casa estaban ocultos en la bañadera. Con un celular, llamaron a la policía. En el pasillo, cuando intentaban escapar, lastimaron a un uniformado con un destornillador. Tres fueron detenidos, el cuarto huyó.

– Me hirieron un hombre. A esos ya los agarramos como en cinco hechos, que se vayan a robar fuera de mi jurisdicción- bramó el subcomisario de la seccional 13, cuando el abogado al que recurrieron le ofreció un “arreglo”.

Sin embargo, el uniformado cambió pronto de parecer. El sábado a la madrugada, los colombianos salieron en libertad. “Es muy extraño que los suelten a esa hora”, cavila ahora su abogado, que al poco tiempo dejó de patrocinarlos porque no le pagaron los honorarios.

Pudo haber dos monedas de cambio, cree. El colombiano que escapó la noche del robo llegó hasta él con las mujeres de quienes habían caído y una preocupación: recuperar la clave de la caja fuerte donde uno de los tres guardaba el dinero de otros golpes juntos. La segunda puede haber sido un dato: el sábado por la tarde, unas horas antes de que los soltaran, una patota de civil, con handys y armas largas, reventó una casa en la calle Beláustegui y Rojas, donde temporariamente estaba viviendo El Ruso. Los matones preguntaban por los 100.000 pesos que atesoraba de otro robo. Encañonaron a su novia y la obligaron a firmar un formulario “08” que les permitiría vender su Renault Laguna. Se llevaron electrodomésticos y una pistola con mira láser. El Ruso llamó a un amigo que le guardaba 60.000 pesos, que finalmente fueron 40.000, entregados en una bolsa negra. Los secuestradores se conformaron.

Cuando se fueron, dejaron al Ruso esposado a un mueble de la casa. “Llevé una sierra y le corté las esposas. La Brigada iba a volver en cualquier momento”, cuenta quien pagó el rescate, y saca del cajón de un escritorio la prueba de verdad de aquel episodio, guardada por más de dos años: una esposa serruchada.

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