El programa de Uso Racional de la Fuerza y las Armas de Fuego, presentado por el Ministerio de Seguridad, se basa en cuatro principios fundamental: el de oportunidad, por el cual la fuerza se usará cuando los demás medios legítimos resulten ineficaces y el uso de la fuerza no acarree consecuencias más lesivas; el de la proporcionalidad, por el cual el uso de la fuerza se resuelve en relación con la gravedad del delito y el objetivo a salvaguardar; el de la legalidad, que incluye la adecuación a los tratados internacionales de derechos humanos, y el de responsabilidad, por el cual el personal debe rendir cuentas por cada acción.

El programa alcanza a todos los efectivos dela Policía Federal,la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval fuerzas que se rigen todavía por marcos legales establecidos por dictaduras militares, lo que ha generado muchas veces consecuencias gravísimas.

Las leyes orgánicas que regulan el accionar de las fuerzas proceden de dictaduras militares: la de la policía, de 1958; las de Gendarmería y Prefectura, de la década de 1970. Todas, además de estar obsoletas, tienen impronta autoritaria.

Este Programa es un primer paso para la elaboración de nuevos reglamentos que reemplacen los de las dictaduras y dejar establecido que la fuerza “sólo se usará cuando todos los demás medios legítimos resulten ineficaces”.

Las acciones del Programa serán las de recabar, sistematizar y analizar información, antecedentes y casos sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego con participación de personal de los cuerpos policiales o de fuerzas de seguridad.

También desarrollar conjuntamente con la Dirección Nacional de Derechos Humanos, dispositivos de observación y proponer e implementar acciones tendientes a erradicar y prevenir prácticas irregulares y abusos.

Además cooperará con la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial en la investigación de casos graves de violación a la integridad física de las personas y a los derechos humanos, para que sean tratados acorde a su relevancia, con mecanismos ágiles que permitan otorgar transparencia, imparcialidad e inmediatez con el fin de brindar una respuesta estatal rápida y eficiente.

Será accionar del programa establecer, a través mecanismos de intercambio con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, en todo lo referido al seguimiento de procesos judiciales.

El Programa analizará, evaluará y propondrá, a través

 

de las áreas competentes del Ministerio, los medios y equipamiento para que el personal policial disminuya la lesividad y la aplicación de medidas de fuerza no letales.

Se prevé que las fuerzas reciban un entrenamiento ante diversas situaciones de riesgo posible y la extensión a todo el país de prohibir portar armas de fuego en manifestaciones públicas.

Esta experiencia es modelo en América latina y marca un avance para repensar la función de las fuerzas de seguridad donde la prioridad es la vida y la salud tanto de los ciudadanos como de una policía profesionalizada.

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